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Alerta temprana de la Corporación Caguán Vive
El Plan Cauca del Incoder genera un conflicto de tierras entre indígenas y campesinos desplazados en San Vicente del Caguán
Corporación Caguán Vive / Jueves 24 de mayo de 2012
 

Antecedentes y hechos

1) Desde el pasado sábado 19 de mayo de los corrientes, cerca de 110 familias en situación de desplazamiento forzado, entre las cuales se encuentran 60 familias indígenas, se tomaron las fincas, Santuario, Villa Luz, La Enelia y Paraguay, ubicadas en la vereda la Esmeralda, inspección de Tres Esquinas en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán. Estas fincas fueron adquiridas por el INCODER en el marco del Plan Cauca, para que el gobierno Nacional diera cumplimiento a los compromisos pactados entre el CRIC y el gobierno nacional mediante el decreto 982, restitución de tierras por la masacre del Nilo y afectados por las avalanchas del rio Páez y el nevado del Ruíz. De acuerdo con la información suministrada por la delegación de indígenas del Cauca que arribó a San Vicente del Caguán el día lunes 21 de mayo de 2012, el INCODER hizo entrega de estos predios a los resguardos de Tálaga, Avirama, Tóez y Wila, quienes asentaran en una superficie de 1250 hectáreas alrededor de 175 familias provenientes de la zona de Tierradentro en el Cauca.

2) Según la delegación indígena del Cauca, en este proceso, el INCODER solo hizo la entrega de los predios y no existe un plan de acción que permita garantizarle a esta nueva población el acceso inmediato a salud, educación, vivienda, agua, producción, vías de comunicación, ni la legalización del nuevo territorio indígena.

Este proceso adelantado por el INCODER, para proveer de tierras a los indígenas Nasa del departamento del Cauca, se hizo en completa descoordinación con las autoridades del orden departamental y municipal, quienes no tenían ningún conocimiento de la llegada de cerca de 1200 nuevos habitantes a su jurisdicción.

3) El día 22 de mayo la delegación de indígenas del Cauca, llegó hasta las fincas que se encuentran actualmente ocupadas por la población desplazada y les manifestaron que deben desalojar su propiedad, para lo cual les dieron plazo hasta el próximo sábado 26 de mayo, fecha en la que el INCODER nacional deberá reunirse con las autoridades departamentales, municipales y con la población desplazada quienes manifestaron que no desalojarán los predios hasta que el INCODER resuelva la grave problemática de tierras que desde hace mas diez años han hecho conocer ante esta institución.

Es importante anotar que según el gobierno nacional, en el municipio de San Vicente del Caguán existen 1030 familias, cerca de 4600 personas en situación de desplazamiento forzado, entre los cuales se encuentran cerca de 120 familias indígenas que se ubicaron en la cabecera municipal y crearon los cabildos urbanos de la Pradera del pueblo Embera Chamí, Juna Tama del pueblo Nasa y el Cabildo Villanorte del Pueblo Pijao.

4) Además de la grave crisis humanitaria que viven los indígenas desplazados (cabildos La Pradera, Juan Tama y Villanorte) que han solicitado su reubicación, también existe una grave problemática de tierras porque desde el nivel nacional no se han legalizado tres cabildos en el area rural (Cabildos Banderas del Recaibo, La Libertad 2 y el Embera Chamí) y no se han saneado ni ampliado los dos resguardos existentes (Altamira y Yaguara II).

La población no indígena desplazada esta organizada en el Comité de Victimas Tierra y Vida, que recoge a 305 familias, quienes han venido presentando ante el INCODER solicitudes de reubicación y no han sido escuchados.

5) Esta tensa situación que se presenta por el problema agrario, está a punto de convertirse en un problema de alteración del orden público, a raíz de la confrontación entre los pueblos indígenas de San Vicente del Caguán y la población indígena proveniente del Cauca, de la cual es responsable el Gobierno Nacional, razón por la cual se hace urgente que haga presencia en San Vicente del Caguán a través del INCODER, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Agricultura para que se resuelva de manera inmediata este grave problema que solo busca la fragmentación de las organizaciones sociales y el exterminio de los pueblos indígenas.

EXIGIMOS:

- A la comunidad nacional, internacional, defensores de DDHH y organizaciones sociales, populares y sindicales estar alertas frente a cualquier hecho intimidatorio o violento que por el contexto de inminente riesgo, afecte la vida, la integridad personal, libertad, la libertad de expresión y asociación, de todos y cada uno de los manifestantes y sus familias que a manera de protesta y de rechazo ocupan dichos terrenos, en el Municipio de San Vicente del Caguán- Caquetá.

- Se inste al gobierno nacional a tomar las medidas necesarias para que garantice el respeto de los DDHH y la vida de quienes se encuentran ejerciendo su derecho fundamental a la protesta y a la organización.

- Se dé trámite oportuno a las solicitudes hechas en diferentes ocasiones por las víctimas del conflicto político social y armado en el tema de tierras.

- Se garantice la adjudicación de tierras y la legalización de cabildos y resguardos para las familias indígenas y desplazadas de San Vicente del Caguán.

- Se garantice un plan de acción complementario de atención a las familias indígenas que son reubicadas desde con el Plan Cauca que tenga en cuenta su estabilización socioeconómica, y la plena garantía de DDHH.

- Se dé viabilidad al plan de salvaguarda generado por la comunidad embera chami asentada en San Vicente del Caguán.

- A las autoridades administrativas, de vigilancia y control del Estado colombiano y del gobierno departamental y Municipal , la adopción de las medidas pertinentes para impedir cualquier hecho de agresión sobre los líderes indígenas, desplazados y todos los participantes de la protesta pacífica por el derecho a la tierra y la vida digna.

- Al gobierno Nacional, el cumplimiento de las normas constitucionales e internacionales que garantizan el derecho a la libre expresión, manifestación, asociación, a la tierra y dignidad humana.

- Así mismo que los organismos pertinentes de atender dicha situación, a formulen formas de arreglo que permita la garantía y el goce efectivo de los DDHH, de los manifestantes y sus familias.