Movilización Nacional Agraria y Popular, 2007
Balance de derechos humanos, jueves 11 de octubre
/ Viernes 12 de octubre de 2007
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Boletín número 3
Urgente
A la comunidad nacional e internacional
La Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia presenta el balance diario de hechos violatorios al derecho internacional de los derechos humanos por parte del regimen uribista, en cumplimiento de la politica de “seguridad democrática”, en el contexto de la movilización nacional agraria y popular
Hechos
Confluencia de organizaciones sindicales, agrarias, de mujeres, estudiantiles, culturales, de víctimas de terrorismo de estado, y populares a nivel nacional.
Hasta la ciudad de Ibagué se han desplazado aproximadamente 15 mil personas desde los diversos municipios del departamento. Aproximadamente ocho mil de ellos se encuentran acampando desde el 10 de octubre, en el parque Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Hasta este lugar han llegado miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), procedentes de la ciudad de Bogotá, quienes han amenazado a los campesinos en cuatro oportunidades con un posible desalojo.
Desde las seis de la mañana del 11 de octubre, más de dos mil personas del municipio de Buenaventura y del San Juan Chocó, mantuvieron taponada la vía al Mar a la entrada de Buenaventura en el sector de Confamar. Una comisión de las comunidades, la fuerza pública y la administración municipal, en cabeza de la alcaldesa, se reunieron y discutieron las exigencias de las comunidades, como son el libre tránsito por los territorios colectivos y la no detención de las lanchas que transportan combustible y alimentos, además del rechazo a las políticas del presidente Uribe y las leyes que hoy hacen tránsito en el gobierno y que lesionan seriamente a las comunidades.
Por otra parte, en Cali, Alto de Vista Hermosa, sector Las Fresas, kilómetro 7 de la vía al Mar, a las doce del día aproximadamente, un grupo de transportadores, estudiantes y viviendistas que se encontraban concentrados, fue reprimido por agentes de las fuerzas especiales de la Policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), quienes utilizaron indiscriminadamente gases lacrimógenos, ráfagas y disparos tiro a tiro de proyectil de goma, en contra de los concentrados, afectando de manera directa a los habitantes que se encontraban en las casas. Se reportan hasta el momento niños y ancianos afectados y la detención arbitraria de Anderson Ospina, Esneider Montoya, Juan Felipe Pérez, Cristian José Hernán Muñoz, Jonathan González, Edinson Tovar, Alberto Gaviria, Leonardo Maquilon, Luís Garreta, Jonathan Hernández y Cristian Arnulfo Montilla. De los 11 detenidos, 2 fueron dejados en libertad por ser menores de edad.
En el municipio de Santander de Quilichao, corregimiento de Mondomo, zona posterior del cementerio del casco urbano, se encuentran desde el día de ayer más de mil campesinos e indígenas, concentrados pacíficamente en el marco de la jornada nacional de protesta agraria y popular. A eso de las 4:15 pm, inició la represión de agentes de las fuerzas especiales de contraguerrillas del ejército, la Policía Militar y el Esmad, quienes por aire (helicópteros) y tierra, lanzaron gases lacrimógenos con metralla compuesta de hierro y vidrio molido, papas explosivas, ráfagas y disparos tiro a tiro de proyectil de goma y de arma larga de fuego y artefacto no convencional explosivo cargado con metralla de vidrios y aluminio, (lanzado por integrantes de la Policía Militar), en contra de la concentración de campesinos.
Como resultado de esta acción, resultaron 14 personas heridas. La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano ha logrado establecer la identidad de siete de ellos, cuyos nombres relacionamos a continuación: Estela Fernández, Jeovany Chocue Peña, menor de edad de 17 años, Javier Quitumbo, Cornelio Yunda, Misael Gemuel, Gerardo Barona y Edin Daniel Palco.
Los sitios de concentración de campesinos, indígenas y afrodescendientes, pertenecientes a los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Jambaló, Toribío y Caldono, a la fecha y hora, continúan siendo agredidos indiscriminadamente, pese a la notificación y emisión de acciones urgentes, peticiones y denuncias ante las autoridades departamentales y gubernamentales. En estos momentos se tiene conocimiento de la desaparición de 11 de los manifestantes, cuyos nombres no hemos podido precisar aún.
En el municipio de Puerto Colombia, las mujeres y niños decidieron realizar un éxodo masivo hacia la frontera con el Ecuador debido a la militarización permanente de la población, lo cual condujo a la comunidad a manifestarse contra esta medida represiva. La Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares teme por la vida y la integridad de la comunidad que se moviliza en este momento, ya que los funcionarios gubernamentales han señalado y atacado indiscriminadamente a los manifestantes. Responsabilizamos directamente al estado colombiano por cualquier tipo de agresión o violación a los derechos humanos que se presente contra las mujeres y niños de este municipio.
En la vía que conduce de la población de Palermo a Neiva, el Ejército Nacional ha reprimido duramente la movilización de más de dos mil campesinos que en este momento se dirigen a la ciudad de Neiva.
En la ciudad de Bogotá los estudiantes de las tres universidades públicas (Nacional, Pedagógica y Distrital) desarrollaron jornadas de protesta. En la Universidad Nacional de Colombia, donde la protesta comenzó a las 11:30 am, los estudiantes fueron reprimidos por el Esmad. Como resultado de ello cuatro personas resultaron heridas.
En el municipio de Silvania, 17 familias de desplazados se tomaron una finca, ubicada en la vereda La Victoria. Poco tiempo después de la toma, la finca fue totalmente militarizada.
La respuesta del estado a la jornada nacional de protesta ejercida desde diferentes sectores sociales en el soberano ejercicio de la democracia, ha sido el tratamiento militar, el señalamiento, la judicialización, las agresiones físicas en la más flagrante negacion y desconocimiento por parte del estado de su responsabilidad ante la comunidad internacional de ser el garante del cumplimiento y respeto efectivo del derecho internacional de los derechos humanos. Para ello se ha valido de las falsas y malintencionadas declaraciones a través de medios de comunicación locales, regionales y nacionales, de integrantes de las Fuerzas Militares, de Policía y de autoridades departamentales, la dirección de Acción Social que afirman de manera irresponsable que la jornada es auspiciada por la insurgencia colombiana de las FARC-EP, propiciando y ambientando la represión y el tratamiento a una jornada de expresión social como si fuese una acción militar.
Denunciamos el carácter antidemocrático de este gobierno, sus representantes e instituciones, y lo hacemos directo responsable de la crisis en materia de derechos humanos que se ha desencadenado en el marco de la movilización nacional agraria y popular.