La probable aprobación por parte del Congreso del llamado marco jurídico para la paz viene siendo presentada en la opinión pública como la mayor concesión que podrían hacer las clases dominantes para contribuir a una
salida política al conflicto colombiano. Su apoyo irrestricto por parte del gobierno se considera al mismo tiempo como una muestra contundente de la voluntad de paz del presidente Santos. El hecho que el proyecto haya sido consultado con Kevin Whitaker, subsecretario de Estado para América Latina del gobierno de Obama, y con José Manuel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, le concede a la iniciativa una connotación relativamente inusitada: se habría recibido la bendición de dos importantes instituciones de la política exterior del establecimiento estadounidense. Por otra parte, la oposición de sectores militaristas y de ultraderecha, incluido el ex presidente Uribe con sus maniobras de última hora, le da unos ribetes adicionales. Si se oponen éstos, debe ser porque algo grande está en curso.

Más allá de aspectos puntuales de la iniciativa o de los debates que ella ha suscitado por algunos contenidos que favorecerían a delincuentes o criminales de Estado, o a paramilitares, cuyo análisis escapa a este texto, el mencionado marco jurídico para la paz es expresivo, más bien, de la estrechez de las élites colombianas para emprender decididamente el camino hacia la paz con justicia social. En efecto, la iniciativa parece hacer parte de una estrategia que aún tiene fincada sus esperanzas en la posibilidad de una solución militar que conlleve a la desmovilización y entrega de las fuerzas insurgentes y que, como consecuencia de ello, abra la discusión sobre las condiciones de reinserción en la vida civil de los mandos y de la base guerrillera. Favorabilidad política, cuotas parlamentarias, amnistías o indultos se situarían en el centro de la atención. Y ahí estaría a disposición el marco jurídico para la paz. En sentido estricto, se trataría de aplicar la misma fórmula aceptada por las derrotadas guerrillas del M-19 y de sectores mayoritarios del EPL al finalizar la década de 1980, guardando desde luego la distancia histórica y las proporciones del caso. Lo que seguiría sería la plena inmersión en la lógica de la democracia gobernable, como lo muestran los ejemplos de Navarro y Petro, para no mencionar muchos otros absolutamente cínicos y decadentes.

A la paz de hace un poco más de dos décadas, relativamente gratuita para las élites económicas, le siguió la prolongación de la guerra que aún persiste. En forma paradójica, después de ella, al tiempo que se desataba todo tipo de ilusiones provocadas por el proceso constituyente de 1991, se iniciaría la implantación sistemática del modelo neoliberal y se perfeccionaría el proyecto narcoparamilitar, ya iniciado
en la década de 1980. La respuesta de las clases dominantes consistió entonces en afianzar a todo precio su régimen de dominación y explotación, y en implantar a plenitud su proyecto hegemónico, alimentando el conflicto social y armado y justificando de esa manera toda forma de resistencia y oposición política y social.

La paz que necesita el país no es la paz a medias, ya transitada y fracasada. Si se mira desde la perspectiva y los intereses de las gentes del común, la verdadera paz es democrática y con justicia social. Por ello, no se reduce a un simple acuerdo entre las partes comprometidas militarmente en el conflicto. La experiencia de una paz gratuita no se puede repetir. La paz que necesita la sociedad colombiana implica un conjunto de reformas políticas, económicas, sociales y culturales necesarias para avanzar hacia la transformación estructural del modo de vida y de producción. La posibilidad de darle un contenido de esas características a un eventual proceso de paz depen- de de la masiva organización y movilización social y popular.