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Fraude y estigmatización contra el movimiento social en el Pacífico nariñense
 

En el marco del proceso electoral llevado a cabo el pasado domingo 28
de octubre, habitantes del municipio del Charco, ubicado en la Costa
Pacifica Nariñense, han realizado denuncias sobre el fraude
electoral cometido en esta localidad a favor del candidato a la
alcaldía William Peñaranda, quien pertenece al partido Movimiento de Integración por el Pacífico. Se conoce que las urnas de las veredas Santa Catalina,
Cuil y Mercedes llegaron al sitio de entrega 24 horas después de
terminado el proceso electoral; por otra parte la comunidad manifiesta
la destrucción de las urnas de las mesas número 11, 14 y 9 la cuales
fueron encontradas en el desagüe del barrio Corea.

Por estos hechos, alrededor de dos mil personas se vienen movilizando
desde el 28 de octubre frente a la registraduria del municipio,
exigiendo la implementación de una comisión nacional para que se
aclare el fraude electoral.

Esta justa protesta ha suscitado la estigmatización por parte del
ejército colombiano, en este caso la Infantería de Marina, quienes
junto con personal de civil irresponsablemente han fotografiado y
señalado de milicianos de las FARC a los manifestantes, colocando en
grave riesgo su vida y su integridad, ya que la comunidad teme que
estos registros fílmicos y fotográficos puedan caer en la manos de
bandas de paramilitares que operan en este territorio. Se puede citar
el caso de Harry Caicedo, líder de la Coordinadora Social del Litoral
Pacifico Nariñense, organización que hace parte del Proceso de Unidad
Popular del Sur Occidente Colombiano, quien ha sido señalado como
miliciano de las FARC, quien con el apoyo de la comunidad hacía uso
de su legitimo derecho a la protesta, derecho constitucional que en
nuestro país se ve constantemente violado en especial en la Costa
Pacífica Nariñense en donde se están implementando políticas estatales
como el Plan Colombia que en lugar de mejorar las condiciones de vida
de la población ha agudizado el conflicto social y armado en la
región.

Hacemos un llamado a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a
las organismos de derechos humanos a que estén atentos ante los graves
hechos acaecidos en la zona y que procedan en virtud de su misión y
visión garantizando los derechos de la comunidad afectada.

De igual forma hacemos el llamado a la fuerza pública que contribuya a
la preservación de los de derechos de las comunidades a decidir sobre
su representación en los diferentes cargos públicos y a la protesta
cuando este derecho sea vulnerado y vaya en contra de la autonomía y
libertad de los pueblos.