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En Anorí, los campesinos y líderes denuncian sistemática campaña de persecución en su contra
Plano Sur Comunicaciones / Domingo 17 de junio de 2012
 

El día 15 de junio de 2012, en la cabecera del Municipio de Anorí- Antioquia, se llevó a cabo la audiencia social del proceso de garantías, este evento, fue convocado por la Asociación Campesina del Norte de Antioquia- ASCNA y el Consejo Mayor Comunitario Porce IV. Acompañaron esta actividad el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa- Estados Unidos- El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- Proceso Social de Garantías- El Comité Permanente de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, Corporación Jurídica Libertad, CORPADES, Fundación Sumapaz, Periódico Tinta Tres, Red Jóvenes sin Fronteras de la comuna dos de la ciudad de Medellín, Ciudad Comuna de la comuna 8 de Medellín, Mesa de Derechos Humanos Comuna 8.

Esta actividad se realizó debido a la grave situación de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que presenta este territorio, se destaca las reiteradas denuncias de organizaciones campesinas, líderes campesinos, Juntas de Acción Comunal de las veredas, Consejo Mayor Comunitario Porce IV y los Comité de Trabajo de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia, debido a los constantes señalamientos, hostigamientos y persecución a la labor de defensa de los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública- Militares que hacen presencia en la zona (Brigada Móvil 25, Batallón Bomboná, batallón Pedro Nel Ospina, los dos últimos adscritos a la Brigada 14 del Ejército Nacional). De igual manera existe una tensión, zozobra y terror en la población civil por el aumento de presencia de grupos paramilitares en la zona, lo cual conduce a un mayor nivel de enfrentamientos entres estas estructuras, como con la Insurgencia, donde la mayor afectada es la población civil, la cual queda en medio de las acciones bélicas.

En la actualidad se vienen presentando capturas, algunas masivas, a partir de las declaraciones de un desmovilizado de las Farc- Ep,Alberto Morales, alias el “Pájaro”, el cual se ha empeñado en señalar a gran número de campesinos de la zona donde hacia presencia, como auxiliadores de la Guerrilla. Los líderes que asistieron a la audiencia, denunciaron que estos señalamientos, los ha efectuado en contra de personas que fueron víctimas de su accionar delictivo mientras perteneció a la Insurgencia. Ejemplo de ello es el caso de la lideresa Luz Mery López López, presidenta de la JAC de la vereda Tacamocho del Municipio de Anorí, quien en el 2009, fue desplazada de manera forzosa, por amenazas de este desmovilizado y hoy, bajo sus señalamientos, fue detenida por los delitos de rebelión y concierto para delinquir. Es de anotar que en el año 2010, alias el “Pájaro”, provocó el desplazamiento forzado de aproximadamente 5000 personas de 38 veredas del Municipio.

Sumado a lo anterior, es una queja constante de los campesinos de Anorí, las afectaciones a la salud humana, al medio ambiente, a los pastos y los cultivos de pan coger, por las fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato que se han presentado en la zona por parte de la policía antinarcóticos, lo cual ha afectado la soberanía alimentaria y su precaria ya, economía campesina, sin presentarse aún por parte del Estado una propuesta de sustitución viable en términos económicos y que respete la dignidad y autonomía campesina sobre sus territorios.

Durante la audiencia de garantías, el Consejo Mayor Comunitario Porce IV, expresó que en el proceso de la construcción de dicha represa, Empresas Públicas de Medellín, se ha negado a dialogar y negociar con las comunidades afectas por dicho proyecto, adelantando una campaña de desprestigio y desconocimiento de los legítimos intereses de los campesinos que habitan la región bajo el argumento de que allí, está presente el “Cartel de las hidroeléctricas”, lo cual viola los derechos al territorio, la equidad y la organización social. Al igual, se denunció la presencia de trasnacionales mineras quienes están explorando y explotando los subsuelos del Municipio sin ningún nivel de consulta y concertación con las comunidades.

Finalmente las organizaciones convocantes y acompañantes de la audiencia social de garantías, denunciamos que durante el desarrollo del evento se presentó una situación de hostigamiento por parte de la inteligencia militar, lo cual se presenta un día después de que él Ministro del Interior, Federico Rengifo, respaldara el papel de las organizaciones defensoras de derechos humanos y ratificara su compromiso con el Proceso de Mesa Nacional de garantías. Hacemos constar que a esta audiencia fueron invitados oficiosamente: el Ministro del Interior, la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría, la Defensoría y el Alcalde de Anorí, los cuales no asistieron.

Se hace responsable al Estado Colombiano por la vida e integridad de los líderes y campesinos participantes de la audiencia social de garantías y exigimos:

Al Estado- los militares- respetar el principio de distinción, y no someter al campesinado y líderes a presiones para obtener información del actuar de la Insurgencia o grupo ilegales.

El Estado debe respetar y garantizar el derecho a defender los derechos humanos por parte de los líderes, lideresas, campesinos, Asociación Campesina del Norte de Antioquia, Consejo Mayor Comunitario y las JAC. Debe cesar toda forma de hostigamiento, persecución y señalamientos a la labor legítima y legal que desarrollan.

Se exige al Estado- militares, responder por los daños causados en los bienes de la población civil, a causa de las fumigaciones áreas.

Se exige al Ministerio Público Investigar y sancionar a los funcionarios públicos que hayan cometido violaciones a los DDHH.

Se exige al Estado Colombiano- Fiscalía General de la Nación, no emplear los testimonios de desmovilizados ya que como se ha constatado en muchos casos, estos por beneficios jurídicos y económicos, incriminan a la población civil, quien es realmente la víctima.

Se exige que en el caso del Megaproyecto de Porce IV, se lleven a cabo procesos de concertación entre la Comunidad y EPM, de manera respetuosa y en igualdad de condiciones.

Se exige al Estado no criminalizar la labor del pequeño minero histórico y artesanal, además de concertar una política minera con las comunidades.