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Posible extradición del general (r) Mauricio Santoyo genera inquietud por impunidad en Colombia
Yhoban Camilo Hernández Cifuentes / Sábado 23 de junio de 2012
 

La eventual extradición del general (r), Mauricio Santoyo Velasco, desató un escándalo en Colombia sobre quienes, aún conociendo las acusaciones y procesos contra el alto oficial, promovieron su ascenso y designación como jefe de seguridad del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez. Otra inquietud que amerita igual trascendencia es la posibilidad de impunidad; preocupa que, tras ser extraditado, el general en retiro no responda por la investigación sobre interceptaciones ilegales en Medellín, en la cual podrían existir otras implicaciones y en la que, al parecer, recibió favorecimientos al más alto nivel institucional.

El general Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional, aceptó públicamente su responsabilidad diciendo que fue él quien propuso a Mauricio Santoyo para el ascenso. También se pronunciaron el ex presidente Uribe; el presidente Juan Manuel Santos, entonces Ministro de Defensa; y el procurador, Alejandro Ordóñez, quien era magistrado del Consejo de Estado. A parte de Naranjo, ninguno aceptó haberse equivocado. Lo cierto es que las acusaciones y los procesos contra el alto oficial se conocían de tiempo atrás.

Más allá del escándalo tras la posible solicitud de la justicia norteamericana, que requeriría a Santoyo por presuntos nexos con narcotraficantes y paramilitares, la preocupación de Luz Esperanza Merchán, secretaria general de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), es que sea extraditado sin antes aclarar su participación en más de mil 800 interceptaciones ilegales en Medellín, así como la posible relación de esas chuzadas telefónicas con la desaparición de dos activistas de esa organización.

Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve fueron vistos por última vez el 6 de octubre del año 2000 cerca de la Estación San Antonio del Metro, en el centro de la ciudad, donde hacia las 12 y media de la noche hombres armados los interceptaron en una moto y luego los obligaron a subir a una camioneta. A raíz de esa desaparición se descubrió que mediante órdenes falsas el Gaula de Medellín interceptó líneas telefónicas de manera ilegal, desde la época en que Santoyo, siendo coronel, comandó esa institución en la capital antioqueña.

“Días después de la desaparición de los compañeros de Medellín, a varios de sus familiares y a algunos miembros de la organización les hicieron llamadas amenazantes, entonces ahí se le pidió a la Fiscalía que ordenara la interceptación de la línea para saber quiénes estaban llamando a hacer amenazas. Cuando la Fiscalía lo ordenó, las líneas de nosotros ya estaban interceptadas y en ese momento se inició una investigación. Ahí se logró establecer que efectivamente las interceptaciones se habían hecho con órdenes falsas”, explicó Esperanza Merchán.

De acuerdo con una investigación periodística publicada el 30 de agosto de 2007 por la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “en total, se hallaron 1.808 líneas interceptadas por órdenes expedidas entre diciembre de 1997 y febrero de 2001, discriminadas así: en 1997, 39 líneas; en 1998, 682 líneas; en 1999, 718 líneas; en 2000, 339 líneas; y en el año 2001, 30 líneas.”

El artículo da cuenta que “al proceso de investigación penal y disciplinario fueron vinculados un funcionario de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y seis miembros de la Policía Nacional, entre ellos el coronel Mauricio Santoyo Velasco, quien se desempeñó entre 1996 y 1999 como comandante del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Pese a su incierta situación jurídica, fue nombrado en agosto de 2002, por el presidente Álvaro Uribe Vélez, como Secretario de Seguridad de la Casa de Nariño.”

Esperanza Merchán afirmó que las investigaciones de la Fiscalía contra el general en retiro nunca prosperaron. “La verdad ASFADDES siempre ha tenido esos limitantes, porque la mayoría de los militares que están implicados en casos de desaparición forzada siempre salen absueltos (…) Eso lo que demuestra es que realmente aquí no hay investigaciones serias en relación a este tipo de casos sino que siempre ha habido impunidad.”

Aunque Santoyo Velasco fue llamado a indagatoria el 18 de abril de 2001, junto al también ex comandante del Gaula Germán Eduardo Flórez Sánchez, el 30 de mayo de ese año la Fiscalía se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra de ambos, al considerar que “no existió indicio grave de responsabilidad”. Finalmente el 29 de agosto de 2003, cuando Mauricio Santoyo ya era Jefe de Seguridad del ex presidente Uribe, el ente acusador los absolvió por no encontrar mérito suficiente para continuar la investigación.

Al parecer en este caso tendrían cabida las estrategias de impunidad, como algunos las denominan, referidas en el libro Memorias de la Impunidad en Antioquia, editado por el IPC y la Corporación Jurídica Libertad, bajo el análisis de varios procesos contra el paramilitarismo. Las prácticas atraviesan la centralización efectiva de procesos, las investigaciones entre equipos “amistosos”, la omisión estratégica, las sanciones arbitrarias y la parcialidad judicial e inhibición de la denuncia, entre otros.

Estrategias de impunidad

En mayo de 2009 el IPC volvió a llamar la atención en la ciudad respecto al caso de Santoyos, durante un debate convocado por el Concejo de Medellín sobre investigaciones a líderes y defensores de Derechos Humanos. Para ese momento las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles eran perseguidas por la Fiscalía 74, con sede la Cuarta Brigada del Ejército, que las sindicaba del delito de rebelión. Las acusaciones se sustentaron en informes de inteligencia de las Fuerzas Militares y desde el 2006 dieron lugar a seguimientos e interceptaciones de forma indiscriminada.

“Pensamos que hay un hilo conductor entre varios hechos y una total impunidad de éstos casos, por ejemplo, al día de hoy no se tiene información de resultados y hallazgos de las investigaciones por cerca de 2 mil interceptaciones telefónicas realizadas por el Gaula, al mando de Mauricio Santoyo, de las cuales alrededor el 70% fueron hechas a las organizaciones sociales; nunca se supo por qué fuimos objeto de tales interceptaciones”, expusieron directivos del IPC durante el debate.

Sin embargo la situación del general en retiro sólo volvió a la esfera pública el pasado 15 de junio de 2012, cuando a través del diario El Tiempo, se conoció la formulación de cargos que la Corte Este de Virginia, Estados Unidos, hizo contra Mauricio Santoyo por su presunta conspiración para distribuir drogas con “La Oficina de Envigado” y las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.

De hacerse efectiva su solicitud de extradición, Santoyo se convertiría en el primer general colombiano en ser extraditado; sin embargo aunque en Colombia ya se conocían los cargos que le imputan en Estados Unidos, el general ha salido bien librado de todos los procesos y logró desempeñar altos cargos antes de su retiro el 26 de junio de 2009.

Evidentemente la Corte Este de Virginia sindica a Santoyo de interceptaciones ilegales, a través de las cuales obtenía información de inteligencia que al parecer era entregada a narcotraficantes y miembros de las AUC. Presuntamente la información les servía a los delincuentes para evadir operativos de las autoridades y para eliminar a sus enemigos u opositores.

Estos señalamientos ya se habían hecho en Colombia en el año 2001, cuando a través de una carta anónima, fechada el 16 de abril, un agente del Gaula de Medellín le manifestó al Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, las presuntas irregularidades al interior de su institución. “Todo viene desde que estuvo como jefe el señor teniente coronel Mauricio Santoyo Velasco y subjefe el señor capitán Grijalva Suárez, quien de forma abierta y directa le colaboraba a la banda la Terraza y a los paramilitares...”

Se agregó en la misiva que “la colaboración se componía de escoltar armamento hacia las zonas rurales de Antioquia y de interceptarle líneas telefónicas, ya fuera de guerrilleros o de personas que le debieran algo a los paramilitares, o de ONG que tuvieran que ver con la subversión”.

Aunque la Fiscalía terminó por absolver al general en retiro, el 9 de octubre de 2003 la Procuraduría General de la Nación profirió fallo sancionatorio contra 6 miembros de la Policía Nacional, entre ellos Santoyo Velasco y Flórez Sánchez, hallados responsables de realizar interceptaciones ilegales. Todos fueron destituidos e inhabilitados, por periodo de cinco años, para ejercer cargos públicos.

Durante la investigación fue asesinado Carlos Arturo Ceballos Gómez, agente de la Policía Nacional adscrito al Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en calidad de analista de la sala técnica. Ceballos Gómez había sido citado para que compareciera ante la Procuraduría el 6 de abril de 2001 y fue baleado dos días antes de esa fecha.

Tras el homicidio del agente, la Fiscalía allanó su residencia y halló “una caja con papeles y disquetes que contenían nombres, números telefónicos y registros de las llamadas escuchadas y clasificadas. El material implicaba aún más a quienes comandaron el Gaula de la Policía en los años de las interceptaciones, pero en un descuido de la fiscal las pruebas desaparecieron del lugar de la inspección”, según se reseñó en el artículo del IPC.

A parte de estas situaciones que podrían obedecer a estrategias de criminalidad funcional, en la investigación contra el general en retiro cabría indagar si se usaron mecanismos institucionales y procesales para no sancionar, porque tras el fallo de la Procuraduría Santoyo recibió favorecimientos de varias instituciones.

Estas estrategias incluyen “la práctica de no emprender investigaciones, archivar las iniciadas, desarrollarlas hasta cierto punto; así como de no disponer el aparato, aún existiendo capacidad operacional y motivos jurídicos. Pero como la administración de justicia no depende exclusivamente de la Fiscalía, ese compromiso con la omisión se cumple (…) en el proceder de los otros aparatos con competencia al respecto.” Memoria de la Impunidad en Antioquia, página 265.

En el 2005 el Consejo de Estado suspendió la sanción de la Procuraduría, aduciendo vencimiento de términos; además decidió que el general Santoyo podía seguir activo mientras se resolvía la petición de nulidad del fallo proferido en su contra. En el 2006 el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ordenó el reintegro provisional del oficial mediante el Decreto 2635 de diciembre de ese año. Y en el 2007 la Policía Nacional lo llamó a adelantar el Curso Integral de Defensa Nacional, con el cual fue promovido a Brigadier General bajo el aval del Senado de la República, en el que ocho senadores votaron a favor y cuatro en contra. Cabe señalar que dos días antes de esa decisión el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, había firmado el ascenso.

Es a raíz de estos favorecimientos que la discusión se centra ahora en ¿Quién o quiénes deben responder por el ascenso de Santoyo a General? Para el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, “nadie podía ignorar que había una sanción de la Procuraduría, quien diga que no conocía eso se está haciendo el de la vista gorda”

Deberían darse explicaciones y hasta excusas

Aunque, en mayor o menor medida, los directamente afectados por el escándalo de Santoyo han hecho sus pronunciamientos, para muchos falta profundizar en las explicaciones. Además hay quienes opinan que tras este caso se mueve un aparato organizado de poder.

El representante Iván Cepeda, es uno de los que apoya esa afirmación al indicar que “hay un gigantesco organigrama criminal que ha operado en Colombia durante años y ha contribuido a pervertir la política, a segar la vida de valiosos líderes sociales y de derechos humanos, y a sostener una estructura de poder corrupta e infame.”

Para Cepeda Castro esta situación “compromete seriamente a Colombia en el ámbito internacional y desvirtúa totalmente el promocionado éxito de la lucha antinarcóticos, porque muestra los altos niveles de corrupción a los que se ha llegado en este campo. También vuelve a poner sobre el tapete los vínculos del entorno del ex presidente Uribe y de su familia con clanes narcotraficantes y estructuras paramilitares.” Esto último refiriéndose a que a Pedro Gallón Henao, hermano del confeso paramilitar Santiago Gallón Henao, se le acusó de ser el enlace entre “La Oficina” y la policía, en particular con el general Santoyo Velasco.

En su defensa, cuando se supo de la posible extradición de Santoyo, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, manifestó que nunca intervino para el nombramiento de generales y afirmó que siempre tuvo una buena opinión de la forma como el alto oficial cumplió su labor. “Jamás le dije al Ministerio (de Defensa) o la Policía que asigne a fulano o zutano para la seguridad. El entonces coronel Santoyo se designaba como jefe de la seguridad de la candidatura, ganamos la Presidencia y lo nombran jefe de la seguridad”

El ex mandatario agregó que el único comentario negativo que recibió de Santoyo ocurrió de manera extra oficial, cuando éste solicitó su retiro, y se originó por las declaraciones en Estados Unidos de un ex policía, quien relacionó al general con narcotraficantes. Esas acusaciones serían las de alias “Don Pacho”, el ex oficial que incriminó a Santoyo con Pedro Gallón Henao.

Pasando del ex presidente al actual jefe de Estado, hay que señalar que el único pronunciamiento sobre el tema, por parte del primer mandatario, Juan Manuel Santos, se dio el martes 19 de junio durante las sesiones de la cumbre G-20 en México. Allí Santos Calderón dijo que si la justicia norteamericana requiere al general Santoyos sería muy importante que éste respondiera. “Si lo están requiriendo es por algo. Lo importante es que vaya y responda, por bien de la institución y por bien del país.”

Para el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, faltan explicaciones del presidente Santos, quien para la época del ascenso era Ministro de Defensa y firmó el decreto que reintegró a Santoyo tras suspenderse el fallo de la Procuraduría. “No es posible que explique el general Naranjo, Álvaro Uribe, el procurador Ordóñez y el único que no explica es nada menos que el entonces Ministro de Defensa, a quien le cabe toda la responsabilidad en este caso. Yo aprovecho este importante medio para llamar al Jefe del Estado a que explique.”

Jorge Robledo agregó que hubo “una especie de gran poder moviéndose en beneficio de Santoyo; Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, el general Naranjo y el procurador Ordóñez. Todos ellos, unos más y otros menos, dependiendo de quién es el uno y el otro, comprometidos hasta el cuello en ese caso, yo espero que todos den unas explicaciones, es más yo pienso que todos le deberían pedir excusas al país porque se equivocaron de manera grave como hoy se están presentando los acontecimientos.”

Parte del “consuelo” sería que el proceso no ha terminado, según las aclaraciones del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien fue uno de los magistrados del Consejo de Estado que, aduciendo prescripción de términos, votó a favor de suspender la sanción de la Procuraduría contra Santoyo.

El procurador Ordóñez aseguró que “en este momento el proceso está en el Consejo de Estado, esta vivito y coleando. No se ha revocado ni anulado como se ha dicho interesadamente." Además agregó que la Procuraduría está recaudando elementos probatorios y de juicio para presentarlos ante el Consejo de Estado y determinar si existió o no esa prescripción.

Ante estas declaraciones la secretaria general de ASFADDES, Luz Esperanza Merchán, manifestó que habría que preguntarle al Procurador “por qué razón, si venía un proceso en curso, no tuvieron en cuenta lo que tenían sobre la mesa y los antecedentes del coronel Santoyo en ese tiempo para haber hecho una investigación a fondo.”

Voceros de la Comisión Colombiana de Juristas, que lleva el proceso de ASFADDES por las interceptaciones ilegales y la desaparición de sus dos activistas, indicaron que habrá que esperar el pronunciamiento del Consejo de Estado, el cual no tendrá el mismo efecto porque ya Santoyo logró ascender en la Policía e incluso retirarse.

Además reprocharon que “el Senado no hubiera tenido en cuenta la situación del general en retiro, la cual no había sido resuelta de fondo, como están diciendo los senadores que votaron en su momento, sino que sencillamente se trataba de una medida cautelar, que no resolvía por completo la situación de la destitución.”

Algo similar le ocurrió al entonces director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, quien afirmó que "si al momento de recibir la Dirección hubiese tenido información seria, no hubiera permitido el ascenso del general Santoyo". Lo que tal vez olvidaba el alto oficial era que, pese a estar suspendida, había una sanción de la Procuraduría.

La pregunta final es sí el proceso contra el general Santoyo se habría quedado en el olvido de no haber surgido este escándalo que involucra a las altas esferas del poder. Sin embargo la algarabía no garantiza que vaya a conocerse toda la verdad y algunos tienen razón en no hacerse ilusiones, como el senador Jorge Robledo, quien argumenta que “finalmente los que están mandando, son los mismos que mandaban cuando empezó esta historia.”

Pero contra todo pronóstico y aparte de exigir que se aclare el entramado de decisiones e intereses, que al parecer rodearon el ascenso y las investigaciones contra Santoyo; la sociedad debería exigirle a la justicia colombiana que investigue a fondo las acusaciones contra el general (r) por las interceptaciones ilegales y por sus presuntos nexos con organizaciones criminales, incluidas las violaciones a los Derechos Humanos que eso pueda acarrear.