En todas las dimensiones del desarrollo rural, Colombia tiene un gran potencial defi cientemente
aprovechado: hay un
défi cit de oferta alimenticia
interna que se suple con importaciones
crecientes; cerca de la mitad del territorio
es vulnerable a los extremos climáticos, que
serán más severos en el futuro próximo; la
pobreza rural del 64% de sus habitantes es
un tercio mayor que el promedio nacional
del 46%; todos los indicadores de bienestar
social son notablemente inferiores en el
campo; la distribución de la tierra, con un
índice de concentración del 0.87, es la tercera
peor del mundo y, fi nalmente, el país
no ha resuelto la mayoría de los confl ictos
de tenencia que ocurren entre los poseedores
materiales y los propietarios registrados,
que fueron encubiertos por el desplazamiento
forzado y el despojo de la tierra.

Por las razones anteriores, la política de
desarrollo rural ha sido diseñada para cerrar
esa brecha de servicios fundamentales
de atención a la primera infancia, salud,
nutrición, educación, provisión de agua
potable, vivienda y saneamiento básico, seguridad
social, en un plazo de diez años, a
partir de la sanción de la ley de desarrollo
rural que será presentada al Congreso el 20
de julio próximo. Este esfuerzo involucra a
todos los sectores del Gobierno nacional y
articula los niveles nacional, departamental
y municipal en programas de desarrollo rural
con enfoque territorial, con el liderazgo
y coordinación del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.

El desarrollo rural tiene como objetivo
elevar la competitividad de los territorios
a partir de su localización, los estrechos
vínculos urbano-rurales, su conectividad
a redes de transporte, su infraestructura
productiva, el desarrollo del capital humano,
las capacidades productivas de la población,
su asociación y cooperación y su
exitosa vinculación a cadenas productivas
orientadas a mercados rentables en la economía
nacional y global.

Los territorios rurales comparten un
contexto geográfi co, económico y social y
se constituyen como tales cuando sus pobladores,
sus organizaciones sociales y sus
instituciones resuelven coordinar sus acciones
y actuar en concierto para mejorar
la competitividad de su economía y superar
sus rezagos en la generación de ingresos y
el bienestar de sus habitantes. El desarrollo
es un proceso de cambio que se genera desde
las iniciativas locales y regionales, con la
orientación, la cofi nanciación y el apoyo de
las instituciones nacionales. La competitividad
no está en las parcelas o fincas sino
en los territorios, con sus recursos de suelo
y aguas, su capital humano, infraestructura,
capacidades productivas, dotación de servicios
sociales y su inserción en los mercados.

La experiencia internacional demuestra
que la economía campesina, cuando dispone
de los bienes públicos fundamentales y
tiene acceso a la tierra, genera más empleo
y reparte mejor los beneficios que la producción
extensiva de plantación. En Colombia,
los pequeños productores aportan
el 70% de la canasta alimenticia nacional,
a pesar de su falta de tierras adecuadas, fi -
nanciación y tecnología. Estas deficiencias
pueden superarse al aumentar las escalas
de producción mediante la asociación y la
empresarización de los pequeños productores,
para aumentar su efi ciencia y su pacidad de negociación en los mercados de
insumos y productos finales. En la misma
dirección, la vinculación de empresarios y
pequeños productores en alianzas productivas,
con equidad e inclusión social, es una
estrategia para mejorar la competitividad
de las cadenas productivas, y así generar y
retener más valor en el mundo rural.

El desarrollo rural de los territorios debe
basarse en el aprovechamiento ambientalmente
sostenible del suelo,
los bosques y el agua para
elevar la productividad de
los recursos, y ese aprovechamiento
depende de la
distribución equitativa de
la tierra y la cultura de usos
del suelo de la población, regulados
por las normas ambientales
y las orientaciones
del Gobierno central, con la
Unidad de Planifi cación de
Tierras Rurales, Adecuación
de Tierras y Usos Agropecuarios
(Upra) del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo
Rural, las Corporaciones Autónomas
Regionales (Car) y
los Gobiernos locales en los
Planes de Ordenamiento Territorial
(Pot).

La orientación de la política
agraria es armonizar los
criterios de una buena gestión
de los usos del territorio,
el ordenamiento social de la
propiedad y el impulso a los
programas de desarrollo rural
con un enfoque territorial, que permiten
articular las dimensiones ambiental, social
y económica en la geografía concreta de
cada región del país.

De esa forma, el Gobierno central, los
departamentos, los municipios y los territorios
que surjan por la concertación entre
sus pobladores, autoridades y organizaciones
sociales pueden concurrir, con sus capacidades,
recursos e iniciativas, a armonizar
objetivos y cofi nanciar las inversiones necesarias
para lograr las metas trazadas
desde el nivel territorial, y plasmar esos
acuerdos en los Convenios Plan, que comprometen
a todas las partes involucradas en
la continuación de los esfuerzos a mediano
plazo, para evitar la dispersión de iniciativas
y la interrupción de los programas de
desarrollo territorial.

Los componentes de los programas de
desarrollo rural con enfoque territorial son
el acceso y ordenamiento de los derechos
de propiedad, la generación de ingresos
para las comunidades rurales, el apoyo
integral a proyectos productivos a partir
de la demanda, el ordenamiento de los
usos de los suelos y el agua, la promoción
y el fortalecimiento de las cadenas
productivas, los servicios financieros, la
formación de competencias y la capacitación
para la gestión productiva y la gestión
local de la asistencia técnica integral
con apoyo del sistema nacional de ciencia
y tecnología.

En cuanto al ordenamiento del territorio,
la política es proteger las reservas ambientales
estratégicas contra la ocupación y
apropiación ilegales, el cierre de la expansión
de la frontera agropecuaria, la formalización
del 48% de los predios del catastro
rural que carecen de títulos registrados, la
recuperación y el registro de los baldíos a
nombre de la Nación de tierras ilegalmente
tituladas a grandes propietarios, la distribución
de la tierra a la población campesina
sin ella o con extensiones insufi cientes, la
sustracción y adjudicación en Unidades
Agrícolas Familiares (Uaf) de cinco millones
de hectáreas ya deforestadas y ocupadas
de la reserva forestal de la Ley 2 de 1959
y la protección de nueve millones de hectáreas
de bosques que hoy carecen de protección
ambiental.

Finalmente, para dinamizar el mercado
de tierras y los usos adecuados del suelo,
el proyecto de ley de desarrollo rural crea
el derecho real de superfi cie, que permite
asegurar como derecho real lo construido o
plantado en suelo ajeno, mediante contrato
con el propietario y el pago de un canon periódico
hasta por 30 años. Además, se crearán
más Zonas de Reserva Campesina para
asegurar el territorio de las comunidades
campesinas, así como Áreas de Desarrollo
Empresarial, en las cuales se permitirá adquirir
extensiones que permitan economías
de escala en la producción y se promoverán
los Proyectos Especiales de Desarrollo
Agropecuario y Forestal (Pedaf), creados en
la ley del Plan de Desarrollo.

El desarrollo rural es el resultado multidimensional
del desarrollo en el mundo
rural y convoca la acción coordinada del
Estado, en sus niveles territoriales, la población,
con sus organizaciones e instituciones
sociales, y los agentes económicos,
orientados a los mercados de bienes y servicios.

* Tomado de la Revista "Hechoz de Paz" Nª 64 del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo - PNUD en Colombia