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Informe del Transnational Institute - TNI
Un proceso en ciernes: Cambios en el debate sobre políticas de drogas en América Latina
Amira Armenta / Miércoles 4 de julio de 2012
 

El debate político sobre las drogas en Amé- rica Latina está dando pasos notorios. Los cambios legislativos que están introduciendo varios de los países de la región revelan tam- bién una tendencia innegable a alejarse de la “guerra contra las drogas”. Este informe ex- plica los antecedentes de la apertura del de- bate sobre las políticas de drogas en la región, resume los aspectos más relevantes de las reformas a las leyes de drogas que actual- mente cursan en algunos países y propone una serie de recomendaciones de políticas que podrían ayudar a avanzar el debate de manera productiva.

DESPUÉS DE LA CUMBRE DE CARTAGENA

Las grandes expectativas sobre un debate de alto nivel respecto a las actuales políticas de drogas en la VI Cumbre de las Américas (OEA, abril de 2012), en Cartagena, Colom- bia, muy pronto quedarían empañadas y reducidas a no más que el comentario mode- rado de que al menos el tema llegó a tocarse a tan alto nivel. Lo que podría verse como un éxito y un fracaso a la vez: no se discutió sobre alternativas a la prohibición, aunque todos coincidieron en que debía examinarse la evidente ineficacia de las estrategias actua- les. También se acordó que la OEA realice un estudio y examine las pruebas reunidas en busca de estrategias alternativas más efectivas en 2013.

La Conferencia internacional de ministros de Relaciones Exteriores y jefes de organismos nacionales especializados contra el problema mundial de las drogas, que se celebra los días 25 y 26 de junio en Lima, será la próxima
oportunidad para que los gestores de las polí- ticas discutan la forma y el contenido de esta evaluación o estudio. Otra oportunidad estará teniendo lugar al mismo tiempo, el 26 de junio, en Nueva York en donde habrá un debate temático sobre “Drogas y delito como una amenaza para el desarrollo” en ocasión del Día Internacional de la Lucha Contra el uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas en el marco del 66o período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Gracias a la insistencia y los esfuerzos de los presidentes Otto Pérez Molina (Guatemala) y Juan Manuel Santos (Colombia), y a la aten- ción mediática en el período previo a la Cumbre de abril en Cartagena, el tema llegó a estar presente en la agenda de la Cumbre. Finalmente, algunas de las frustraciones por las políticas de control de drogas promovidas por Estados Unidos pudieron ser puestas en la mesa a un alto nivel político, “liberándose el genio de la botella”.2 Los presidentes y jefes de delegaciones discutieron “temas calientes pero secretos” 3 la tarde del domingo a puerta cerrada, y según palabras del presidente San- tos, de “manera abierta y franca”. 4

El surgimiento de una América Latina cada vez más independiente y segura de sí misma para insistir en un cambio de rumbo en la política contra las drogas refleja un impor- tante cambio en los términos de la relación con Estados Unidos.5 La demanda de una "democratización" del debate y de alternativas a las actuales políticas se deriva de la percep- ción de que las sociedades latinoamericanas pagan un precio desproporcionado en vidas perdidas, secuestro de los sistemas judiciales, abusos y hacinamiento en las cárceles, y des- plazamiento de pequeños campesinos, debido a la estrategia liderada por Estados Unidos que da prioridad a la reducción de la oferta sobre la reducción de su propia demanda. La bancada del Senado estadounidense sobre fis- calización internacional de narcóticos lo reconoció en su último informe, diciendo que “Estados Unidos debe hacer mucho más para reducir la demanda de nuestro país de drogas ilegales. En última instancia, es el consumo de drogas en los Estados Unidos lo que alimenta la violencia en toda América Latina y el Caribe”. 6 Esto no quiere decir que la sociedad
estadounidense no haya pagado también un alto precio en términos de violencia relacio- nada con las drogas y de aumento de la población carcelaria, por la aplicación de leyes nacionales para reprimir las drogas.

Lea el informe completo acá: Un proceso en ciernes