Vergüenza para Colombia que un general —hoy retirado—, Mauricio Santoyo, deba rendir cuentas ante una corte de los Estados Unidos por narcotráfico y alianzas con la ‘Oficina de Envigado’ y las Auc.

Y vergüenza, sobre todo, para la institución y para el gobierno de la seguridad democrática, pues se trata, ni más ni menos, que del exjefe de seguridad de Álvaro Uribe. Si bien los asuntos penales son individuales y el general (r) es quien debe responder por los cargos que se le imputan, no por ello pueden evadir su cuota de responsabilidad aquellos que en 2007 aprobaron su promoción, pese a que cuatro años antes la Procuraduría lo había inhabilitado por cinco años para desempeñar cargos públicos por una falta gravísima: interceptar sin orden judicial más de 1.500 líneas telefónicas de activistas de derechos humanos, líderes sociales y opositores entre diciembre de 1997 y febrero de 2001.

Uno tras otro, los que hicieron posible el ascenso de Santoyo han hecho la de Pilatos. El expresidente Uribe —que lo mantuvo a su lado, promovió su ascenso, lo envió en misión diplomática y en 2010 lo condecoró—, se lavó las manos diciendo que nunca nadie le habló mal de él (tal vez por el contrario, le hablaba bien que su cancerbero fuera experto en chuzadas ilegales, práctica que hizo carrera en su gobierno). Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, se salió por la tangente y lo conminó a presentarse ante la justicia. Y los senadores de la Comisión Segunda que votaron a favor —todos de la coalición uribista—, se desmontaron con el débil argumento de que entonces no había informes oficiales que pusieran en duda la hoja de vida del oficial. ¿Y la destitución? Que el Consejo de Estado la hubiera anulado por vencimiento de términos no era razón para ignorarla, pues tocaba con la conducta misma de quien debía estar libre de toda sospecha para ser ascendido. ¿Y las denuncias por desapariciones forzadas cuando era comandante de Gaula? ¿Y la investigación por las chuzadas, sospechosamente archivada “por falta de pruebas” por la Fiscalía del controvertido Luis Camilo Osorio? Nada les creó dudas e hicieron oídos sordos a las objeciones de quienes se opusieron al ascenso: Cecilia López, Juan Manuel Galán, Jesús Piñacué y Alexandra Moreno. Los deseos de “el supremo”, que tenía a Santoyo entre sus protegidos, eran órdenes.

En cuanto al general Naranjo, que como director de la Policía presentó el nombre de Santoyo a la Junta de Generales, fue el único que asumió su cuota de culpa. Pero no convenció el argumento para justificar su error de criterio: que carecía de “información seria” sobre el oficial. Difícil tragarse el sapo de que “el mejor policía del mundo”, el hombre de confianza de la DEA, el mayor experto en inteligencia y contrainteligencia que haya tenido la institución, desconociera los lunares que manchaban la carrera del jefe de seguridad del presidente Uribe.

El caso Santoyo se suma al del “buen muchacho” Jorge Noguera, quien puso el DAS al servicio de paramilitares, y de comprobarse cierto sería una prueba más de hasta dónde ha llegado la penetración de las mafias en las instituciones del Estado. Por eso es falso el debate que se abrió a raíz del escándalo sobre el sistema de ascensos en las Fuerzas Militares y la Policía, y la falta de rigor en la revisión de las hojas de vida de los postulados. Lo verdaderamente grave es que la Policía permita que personas cuestionadas permanezcan en la institución, y que si el caso se armó con la colaboración de la Fiscalía y de la propia Policía, como asegura la DEA, sea la justicia gringa y no la colombiana la que tenga en sus manos a Santoyo. ¡Qué vergüenza!