Alejandro Reyes comenzó a investigar sobre tierras en Colombia y su concentración por parte de criminales cuando ese tema le importaba a muy pocos. Con la llegada de Santos al poder, le llegó también su momento y se convirtió en uno de los cerebros detrás del capítulo de restitución de tierras de la Ley de Víctimas y en una de las manos derechas del Ministro de Agricultura. Su último encargo fue coordinar la formulación del Estatuto de Desarrollo Rural que Juan Camilo Restrepo presentará en las próximas semanas al Congreso.

Reyes es un hombre adusto y silencioso que, como suele ser la gente verdaderamente influyente, rara vez asume un protagonismo público. Pero la semana pasada publicó una columna que enfureció al expresidente Álvaro Uribe.

En su columna de El Tiempo, Reyes dijo que el discurso antiagrario de Uribe era "un llamamiento a filas, encubierto en un frente antiterrorista, para que los grandes propietarios se sientan amenazados por el Gobierno y se opongan a la restitución" y agregó que "el discurso sobre la pérdida de seguridad de las élites terratenientes complementa el cuadro para legitimar la nueva generación del paramilitarismo". La réplica de Uribe no se hizo esperar, y durante el fin de semana trinó sobre los múltiples ataques de la guerrilla -en Arauca, Cauca, Norte de Santander y Putumayo- e ironizó que el "asesor del gobierno" no creía en la seguridad porque era para los terratenientes.

La Silla Vacía entrevistó a Reyes sobre este tema y la ejecución de la Ley de Víctimas y Tierras y también el futuro Estatuto de Desarrollo Rural que promete organizar el campo.

¿Por qué cree que lo que escribió ofendió tanto a Uribe?

Pienso que lo que ofendió a Uribe fue que hice un análisis para situar cuáles son los intereses sociales que el expresidente Uribe está defendiendo cuando se opone a la Ley de restitución de tierras. Para mí es claro que Uribe representa una coalición de élites propietarias de la tierra que piensa que los campesinos están bien como trabajadores agrícolas pero no como propietarios de su tierra. Especialmente creo que lo más lo irritó fue que yo destaco la convergencia de dos discursos de Uribe cuya unión es muy peligrosa.

¿Cuáles?

Un discurso dirigido a los grandes empresarios del campo en el que Uribe les dice que sus tierras están en peligro por la política reformista del gobierno y por lo tanto, a mi juicio, es un llamamiento a filas para que los grandes empresarios se opongan al gobierno. Y simultáneamente, les está enviando un mensaje a los altos mandos militares diciéndoles que no cuentan con las garantías jurídicas necesarias para adelantar la guerra y en consecuencia están desmotivados para librarla. Esos dos mensajes fueron en su debido momento los que dieron origen al paramilitarismo en el gobierno de Belisario Betancourt. Por eso advierto en mi columna que el ex presidente Uribe está jugando con fuego.

Su columna sorprendió porque durante el gobierno de Uribe sus amigos intelectuales le criticaban que usted se había vuelto uribista.

En diciembre de 2006 publiqué una columna que titulé “La trama oculta de la estrategia de Uribe”, en la cual elogié que Uribe hubiera logrado el milagro político de desmovilizar a los grupos paramilitares sin haberlos vencido militarmente y esa negociación en su momento se produjo gracias a la confianza que los jefes paras tenían en Uribe. Me pareció que el país tenía que apoyar la desmovilización paramilitar y me parece que la situación posterior mejoró mucho en muchas regiones a pesar de los defectos en la desmovilización, que no fue completa ni totalmente exitosa. El país ganó mucho en seguridad y en verdad. No avanzó mucho en reparación. Por eso ahora en el gobierno Santos yo apoyo las políticas de restitución de tierras y de solución negociada de conflictos sociales. No considero que sean incompatibles las dos posiciones.

Después de su columna, el expresidente trinó todo el fin de semana, que el asesor de Santos se opone a las políticas de seguridad porque cree que solo benefician a los terratenientes. ¿Eso cree usted?

Creo que las políticas de seguridad deben beneficiar a todo el pueblo pero en Colombia la seguridad tradicionalmente ha beneficiado más a las élites propietarias de la tierra que a los campesinos desplazados de ella.

En defensa del Ministro

Usted también ha dicho que críticas –como el artículo de la de La Silla Vacía- en el sentido que las promesas de restitución están enredadas son injustas

El análisis que ustedes publicaron tiene muchos datos y apreciaciones ciertas pero interpretadas fuera de contexto. Hay que tomar en cuenta el contexto institucional. Crear una nueva Unidad Administrativa como la de Restitución de Tierras es complejo.

¿Qué implica?

Requiere la aprobación de la planta de personal por Función Pública, la aprobación de Planeación Nacional, una asignación presupuestal de Hacienda. Requiere reclutar, nombrar y entrenar personas. Por órdenes expresas del Ministro se ha hecho ese reclutamiento con base en la meritocracia, sin favoritismo. En las 16 oficinas regionales que se han abierto hay personas de esas regiones conocedoras de su contexto local. Eso ya es un mérito muy grande porque se crea una institución nueva, joven, libre de ataduras políticas. Es tanta la eficiencia que ya tenemos presentadas las demandas ante los jueces de Mampuján.

No quiero ser aguafiestas, pero el caso de Mampuján es polémico como escribió La Silla Vacía

Es cierto que había una sentencia que ordenaba que el magistrado de control de garantías ordenara la restitución de bienes en Mampuján pero aún con esa orden de la Corte, el magistrado tenía unos turnos de proceder que dilataban mucho la culminación de ese proceso pues en Justicia y Paz se han confesado 35 mil crímenes. En esa situación, se aprueba la ley de restitución de tierras, que es un procedimiento abreviado y muy delicado porque en el registro de tierras despojadas hay que filtrar muy bien cuáles son las auténticas reclamaciones y atajar todas las reclamaciones oportunistas que pondrían en riesgo los derechos de propiedad.

Los críticos dicen que no se ha restituido una hectárea de tierra todavía

Están ignorando que hay que hacer, con el debido proceso, el estudio de las pruebas de cada reclamación para estar seguros de que no vamos a afectar derechos legítimos de propiedad. Los que reclaman por qué no se ha restituido ignoran que el 80 por ciento de quienes fueron despojados no tenían título de propiedad. El Ministro lo ha dicho contestándole al senador Robledo. El senador habría querido que la restitución se hiciera al estilo maoísta: “ejecútese de inmediato” y resulta que en un país con unos niveles de informalidad y de conflictos históricos de sucesiones, es muy difícil restituir a la brava. Gracias a Dios la restitución se está haciendo paso a paso con una localización geográfica, un orden de prioridades y cada caso se está documentando cuidadosamente.

Quizás el problema ha sido que tanto Santos como el Ministro han hablado de miles de hectáreas ya restituidas

Pienso que sí hubo cierta ligereza en el manejo de las cifras y ciertas imprecisiones en la manera de presentarlas sobre todo por parte del Presidente, cuando anunció como restitución a la población desplazada lo que era la asignación y titulación de baldíos que traía una inercia del pasado. Es un proceso regular del Incoder atender las solicitudes de titulación de baldíos. Lo que el Ministro asignó como Plan de choque de restitución de tierras si funcionó.

¿Si?

Cuando el Ministro se da cuenta que ha habido un despojo legal de las tierras, ordenó parar y revisar todas esas resoluciones del Incoder del gobierno Uribe para revocarlas y restituir la propiedad de las parcelas de reforma agraria a sus verdaderos propietarios. En esa época llegaban funcionarios del Incoder de la mano de Jorge 40 a comprobar que el predio campesino había sido abandonado, incumpliendo la obligación legal de trabajar en él. Lo caducaban y se lo asignaban a otro campesino que era escogido de una lista de Jorge 40. Eso se descubrió en el computador capturado a Don Antonio, uno de los mandos medios de Jorge 40, en la que aparecía la lista de adjudicatarios a los que tocaba entregar los predios del Incoder.

En el primer período de seis meses de instalado el gobierno se logró restituir 18 mil hectáreas a los antiguos campesinos.

¿Restituir?

No era restitución bajo la Ley de víctimas. Por eso hablamos de restitución por la vía administrativa porque el mismo Incoder se había prestado para legalizar el despojo. Lo que hizo el Ministro fue corregir acciones torcidas del antiguo Incoder. Tenía razón para hacerlo así.
"Ya está todo el aparato institucional listo para procesar las restituciones."

¿Cuándo va a comenzar la restitución propiamente dicha?

El proceso de restitución va a crecer en forma geométrica. Venimos de no tener una institucionalidad y ya tenemos una planta de personal de la Unidad de Restitución de 400 personas y en dos meses vamos a tener 500. Hemos empezado por las zonas de mayor despojo para restituir, ojalá casos colectivos a comunidades enteras, como Mampuján, ahora sigue Chivolo y Pichilín, en Sucre. Se empieza por poquitos casos, los funcionarios aprenden a hacer estas demandas, y una vez lo tengamos, van haciendo más presentaciones de demandas de restitución de jueces.

En todas las regiones ya hay jueces nombrados esperando las demandas y ya están nombrados magistrados de tribunales superiores que van a integrar salas de restitución de tierras. Ya está todo el aparato institucional listo para procesar las restituciones.

Esto ha significado una cuidadosa coordinación con el Ministerio de Defensa para coordinar la seguridad para la restitución.

¿Han sido receptivos los militares?

Cada vez más receptivos. Al comienzo del gobierno las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, desconfiaron. Lo veían como inmovilizarles tropas que necesitaban para esfuerzos de guerra y ponerlos como celadores de parcelas campesinas. Hoy puedo asegurar que tanto el Ministro de Defensa, como los Altos Mandos, el general Navas como el general León Riaño, entienden perfectamente que la restitución de tierras es la oportunidad de oro que han tenido las Fuerzas Armadas para ganarse la población campesina defendiéndoles su derecho y por lo tanto cambiar la ecuación de la guerra.

¿Cómo se cambiaría esa ecuación?

La hipótesis de guerra que Colombia ha manejado desde hace 50 años consiste en creer que la subversión se infiltra en las comunidades campesinas y que por lo tanto, los campesinos son susceptibles de ser manipulados por la subversión. Siendo eso así, las Fuerzas Militares siempre han desconfiado de los campesinos y han tendido a aliarse con los grandes propietarios de la tierra entendiendo que así se defendía mejor la seguridad. La Ley de restitución de tierras es una hipótesis nueva, que obliga a las Fuerzas Armadas a defender a los campesinos despojados y que por lo tanto, puede cambiar la ecuación social del conflicto armado en Colombia. Como muchos grandes propietarios de la tierra, tanto tradicionales como emergentes, se quedaron con tierras de los despojados, ahora deben mirar con mucho mas cuidado quienes son sus aliados y quienes deben ser sus beneficiarios de la seguridad.

¿Cuándo comenzarán las víctimas a ver la restitución?

Estamos calculando que entre septiembre y octubre se produzcan las primeras sentencias que serían las de Mampuján, que beneficiaría ciento y pico de casos. Con seguridad, el año entrante habrá más sentencias. En escala progresiva.

Algunas víctimas sienten que al final lo que va a funcionar de la Ley son las disposiciones que permiten reactivar un mercado de tierras como el de la UAF y el derecho de superficie

Hay un problema serio y es que parte de las tierras despojadas fueron revendidas posteriormente a inversionistas y algunos de esos inversionistas montaron grandes plantaciones forestales, principalmente palma o maderables, en las tierras que antes habían sido despojadas. Cuando se estaba preparando la ley se pensó ese problema y se dijo, bueno, ¿qué debe hacer el país? Si hay una plantación de palma en plena producción , por ejemplo en el Magdalena Medio y la justicia ordena devolverla, ¿en qué condiciones las devolvemos? Decidimos dejar que continúe la producción de palma y distribuimos esa riqueza entre los empresarios de buena fe y los campesinos, reconociendo a los campesinos la propiedad de la tierra y que los empresarios paguen una suma a modo de arriendo de la tierra.

¿Cuál es el propósito de eso?

Con eso el despojado satisface las dos necesidades que tiene: restitución de su territorio y generación de ingresos, porque ya hay una producción generando ingresos. Fue una solución pragmática poner un articulo en la ley que garantiza al campesino despojado y al empresario de buena fe a llegar a un acuerdo consensual, vigilado por el juez, para que la plantación pueda seguir generando ingresos y que estos beneficien a los campesinos.

¿Y lo del derecho real de superficie?

En el proyecto de Ley de desarrollo rural introdujimos el derecho real de superficie que existe en los principales países del mundo. Consiste en dividir el derecho sobre el suelo y convertir en derecho real el derecho sobre lo plantado o construido sobre el suelo. Sembrar un cultivo de mil hectáreas te vuelve dueña del cultivo mediante una escritura y le pagas un canon de arrendamiento al dueño del suelo. Puede vender su propiedad pero vende con el derecho del superficiario encima.

¿Qué es lo que se logra con eso?

Permite la entrada del capital de inversión para desarrollar el campo sin la necesidad de comprar el suelo. Lo contemplamos durante 30 años. Vencido se puede prorrogar por otros 30. En países como Francia es por nueve años, en otros por 99 años.

¿Cuál es el problema actual que soluciona esto?

Hoy la tierra está sobrevaluada y sometida a un régimen de oligopolio, en el que pocos propietarios tienen el poder sobre la tierra, de tal manera que el precio de la tierra es tan alto que no da el cierre financiero de ningún proyecto productivo. Los palmicultores se van a buscar tierra y apenas los grandes propietarios saben que están buscando mil hectáreas, el precio de la hectárea se duplica. La idea es crear un mercado de usos de la tierra. Hoy en Colombia el mercado del uso de la tierra es tan malo que tiene 40 millones de hectáreas de ganadería de baja productividad y solo un poco más de 5 millones en agricultura.
"Como dijo el Ministro: el senador Robledo habría querido que la restitución se hiciera al estilo maoísta: “ejecútese de inmediato”"

¿Esto permitirá que por ejemplo los chinos irrumpan en el sector agroindustrial?

Hoy hay un escándalo en el mundo por el land grabbing. La tierra disponible para cultivar alimentos se está acabando en el mundo. Colombia podría tener más o menos unas 30 millones de hectáreas disponibles, y hoy tenemos apenas cinco. Tenemos un espacio para crecer, especialmente en la Altillanura, la llanura del Caribe y algunos de los valles interandinos.

En cuanto a la compra de tierras por extranjeros, Colombia no la prohíbe sino en las zonas fronterizas. De resto puede comprar tierra en el país. Sin embargo, paradójicamente lo que protege a Colombia del land grabbing es nuestra inseguridad en la tenencia de la tierra, nuestras deficiencias en registro y el orden público y narcotráfico que hacen a Colombia poco atractiva para la inversión de tierras.

Con el proceso de legalización de títulos de este gobierno y si no empeora la seguridad entonces sí se logrará ese mercado de tierras, que es lo que los críticos dicen que es lo que realmente quiere Santos con la ley de víctimas

Esta fuera de cuestión que el Presidente tiene un compromiso absolutamente sincero y vital con la restitución de tierras a campesinos y aún a los grandes propietarios que han sido despojados por guerrilla y paras. Pero el país debe simultáneamente fortalecer las economías campesinas, las economías agrarias indígenas y negras y las plantaciones agroindustriales modernas.

¿Qué están contemplando para este último objetivo?

En la Ley de Plan de Desarrollo se aprobaron los Pdaf, los proyectos especiales de desarrollo agropecuario y forestal. Allí se aprobó una excepción a la Unidad Agrícola Familar (UAF), que consiste en que se puede comprar sobre tierras que antes fueron distribuidas a campesinos durante la reforma agraria para proyectos a gran escala forestales o agropecuarios de hasta diez Uaf, cuya extensión varía de región a región. Si el proyecto supera la extensión de las diez Uaf tiene que ser aprobado por una comisión del gobierno que exige unos requisitos como vinculación de empleo.

¿Ya esta eso reglamentado?

Eso ya está reglamentado. En la Altillanura del Orinoco se está pensando tanto en los Pdaf para superar el limite de la UAF, que es 1050 hectáreas, porque con esas distancias de los centros de mercado se requieren unas escalas mínimas de producción para que el proyecto sea rentable. El gobierno está conciliando la necesidad de grandes desarrollos empresariales con inclusión social de los campesinos y con la agricultura campesina que también se va a proteger.

¿Ve venir un conflicto entre la agricultura y la minería?

Ya hay varias regiones donde hay conflicto abierto entre campesinos y explotaciones mineras, como en Santander, en San Vicente de Chucurí, en Landazuri, en Santander. Puede haber conflicto en Montes de Maria, donde hay yacimientos de gas y de petróleo.

Un conflicto muy grande es entre conservación ambiental de bosque amazónico y minería. Me parece un desastre que el país esté pensando en deforestar el Amazonas para sacar minerales. Vale mucho más la conservación del Amazonas que todo el oro del escudo de la Guyana. Que hablen de minería responsable a cielo abierto es contradictorio. Las minas van a estar ahí para siempre. Uno puede diferir en el tiempo la explotación de minas, en cambio no se puede diferir la explotación de alimentos.

¿Qué pasa con el Estatuto de Desarrollo Rural? ¿Por qué no lo presentaron?

Varias cosas. Primero, el nuevo proyecto de Ley de desarrollo rural en parte se estructuró tomando algunas ideas del Estatuto del gobierno Uribe que la Corte tumbó y que tenía cosas muy buenas. El proyecto se elaboró durante un año más o menos por parte de un consultor pero el resultado final que presentó no le gustó al Ministro. El ministro pidió que lo reformuláramos y para hacer ese trabajo, que yo coordiné, invitamos a una comisión de unos 13 miembros, expertos en el tema agrario, que trabajamos durante tres meses. Reestructuramos el proyecto y quedó listo en diciembre del 2011. A partir de ese momento comenzó el proceso tortuoso de las consultas.

¿Por qué tortuoso?

Nunca se ha regulado cómo es el procedimiento de las consultas, salvo por sentencias de la Corte Constitucional que de manera indicativa dice cómo deben ser. En las comunidades negras, el mecanismo se pervirtió porque los miembros de la Alta Consultiva se dedicaron a hacer exigencias cada vez mayores que hacen que el proceso de consultar una ley cualquiera pueda costar 3 o 5 mil millones de pesos. Eso es una locura.

Dado que negociaron 300 mil pesos diarios de viáticos durante la consulta, los miembros de la Alta Consultiva tienen todos los incentivos para no concluir nunca un proceso de consulta porque se vuelve un empleo permanente. Ya hay en el Ministerio del Interior un proyecto de ley que reglamenta las consultas y estamos esperando que lo presenten al Congreso pero no ha arrancado ese proceso. Estamos en el peor de los mundos: no tenemos un procedimiento transparente y democrático y si nos acomodamos a lo que hay entramos en un proceso muy cuestionable desde la ética y el Ministro Restrepo no tiene un milímetro de ser antiético.

Eso es una realidad pero también que el Ministerio le ha presentado a los indígenas cinco versiones diferentes del texto a consultar

Es la misma versión con pequeñas modificaciones en lo ambiental porque nos llegaron observaciones del Minambiente y de Onu Mujeres. Ambos tipos de modificaciones benefician el proyecto y era el resultado de una consulta amplia con expertos que forma parte de la elaboración.

¿Cuando se presenta?

Se va a presentar en estos días al Congreso.

¿Sin haberlo consultado?

Dado que no está reglamentado el tema de las consultas y ha resultado en casi seis meses imposible sacarla adelante, el Ministro decidió que se va a hacer lo mismo que con la Ley de víctimas. Que haya un artículo para que el Congreso dé facultades extraordinarias al Gobierno para que, consultado con las minorías étnicas, sacar un estatuto étnico de desarrollo rural como un decreto aparte que regule el tema del desarrollo rural de los territorios colectivos étnicos, consultado con ellos, una vez que quede aprobada la ley de consultas.

¿Qué tan cierto es que va a renunciar el Ministro Restrepo?

No lo sé y no lo creo. No quisiera parecer lagarto, pero me cuesta creer que haya un ministro que trabaje más que Juan Camilo Restrepo. Es un excelente ministro.

La columna de Alejandro Reyes

¿Por qué protesta Uribe?

Una coalición de élites propietarias de la tierra apoyó y usó a las Convivir y luego a los paramilitares para liberarse de la tiranía extorsiva de las guerrillas, y cuando aquellos desenfrenaron el terror como bandidos estacionarios, los desmovilizó parcialmente mediante el sometimiento a la justicia y la extradición de los jefes, y a continuación quiso consolidar lo ganado con la segunda reelección de Álvaro Uribe, abortada por la Corte Constitucional.

La decisión de Juan Manuel Santos de restituir las tierras y el nombramiento de Juan Camilo Restrepo como ministro encargado de conducir la política agraria y la restitución de tierras pusieron en estado de alerta a la coalición de las élites regionales anteriores y emergentes. ¡Restituir es volver a encender la guerra por la tierra!, fue el primer grito de alarma de Fernando Londoño cuando se presentó el proyecto de ley al Congreso en septiembre del 2010.

En efecto: la guerra por la tierra está en mitad de partido, pues el primer tiempo puso en fuga a seis millones de desplazados del campo y dejó sin patrimonio ni sustento a 350.000 familias desarraigadas por la fuerza de su tierra, y, en el otro extremo, aumentaron el capital y la confianza inversionista de quienes se quedaron con ella a bajo precio, de mala o de buena fe. El costo del despojo para los despojados y para la sociedad en su conjunto es mucho mayor que lo que costará la restitución y mayor que la ganancia de quienes se quedaron con la tierra.

Existe una gran simetría entre el lenguaje descalificatorio que usa Álvaro Uribe contra la política agraria del Gobierno ("hostilidad demagógica contra la gran empresa, discurso político amenazante, desafiante discurso agrarista"), destinado a alertar y coaligar a los grandes propietarios contra la reforma en tierras de Santos, y el lenguaje usado para alertar a los militares sobre la desprotección jurídica en que cree que están para librar la guerra, responsable, según Uribe, del deterioro de la seguridad. Si a esto se suma la posibilidad, así sea remota, de una negociación de paz con las guerrillas, en vez del exterminio prolongado y recíproco que él preferiría, se comprende el sentido de lanzar un "frente antiterrorista", al que habría que añadir también "antirrestitución", para quedar convertido en el Fara -’Frente Antiterrorista Reeleccionista Antirrestitución’-.

El discurso antiagrario de Uribe es un llamamiento a filas, encubierto en un frente antiterrorista, para que los grandes propietarios se sientan amenazados por el Gobierno y se opongan a la restitución y ordenamiento de los derechos de propiedad, para que se compacte la alianza de la gran propiedad con las élites emergentes en defensa del monopolio de la tierra. Y el discurso sobre la pérdida de seguridad de las élites terratenientes complementa el cuadro para legitimar la nueva generación del paramilitarismo, que fue precisamente la alianza de seguridad entre los grandes propietarios, las fuerzas armadas sin respaldo político para combatir y las mafias especialistas en el uso de la violencia privada para el control territorial.

Las élites regionales protegen su régimen de rentas -siendo el monopolio de la tierra la renta principal- con la amenaza creíble del uso de la violencia para defenderlas, y dependerá de las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del Gobierno, decidir si quieren estar subordinadas a las élites regionales para proteger sus rentas del monopolio y el despojo, o si prefieren enfrentar su amenaza de violencia y defender los derechos colectivos de la población rural a la restitución y la seguridad, que por fortuna están ahora, en el gobierno de Santos, bajo la protección de la ley que juraron cumplir y hacer cumplir como fuerza pública del Estado.