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En conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos
Pronunciamiento frente a la grave situación de derechos humanos en el nororiente colombiano
Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos / Lunes 10 de diciembre de 2007
 

Nodo nororiental.

Plataforma de incidencia política internacional y nacional e en materia de derechos humanos integrada por 269 organizaciones a lo largo del territorio nacional, que cuenta con una trayectoria de 21 años de trabajo ante: el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las Instituciones Europeas ,Autoridades Norteamericanas y, Autoridades Colombianas.

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El nodo nororiental de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos está conformado por organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que trabajamos en los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander, quienes compartimos la esperanza de construir una sociedad democrática, incluyente, participativa, garantista, y dueña de su destino, estamos convencidos de la necesidad de promover, divulgar y defender los derechos humanos para conseguir este propósito, además reafirmamos que en el diálogo y la interlocución política encontramos uno de los instrumentos para hacer visible la grave situación de derechos humanos que padecemos en la región, de igual manera como organizaciones y plataforma construimos propuestas para que esta trágica situación se modifique, y se materialice la posibilidad de vivir en un Estado Social de Derecho, justo y soberano.

El pronunciamiento que hoy hacemos ante la Opinión Publica, se enmarca en dos propósitos fundamentales, el primero exponer y compartir con preocupación algunas de las graves violaciones de derechos humanos que se presentan en la región nororiental y una aproximación a las causas que generan esta situación, y el segundo el de aportar reflexiones que contribuyan al fortalecimiento de las estrategias de actuación de las organizaciones sociales y de derechos humanos hacia la construcción de formas de coordinación y actuación conjunta local y regional.

Consideramos que la grave situación de derechos humanos en la región continúa y se agrava, ya que persisten y se intensifican las violaciones de los derechos humanos, como son:

1. El incremento en el número de fenómenos tan deleznables y reprochables como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las amenazas contra la Población Civil, entre otros no menos graves.

2. Se han dirigido acciones estatales y paraestatales de persecución política contra las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

3. El desplazamiento forzado continúa a lo largo y ancho de la región.

4. Los asesinatos selectivos y las masacres continúan y ahora con la misma intensidad que en las zonas rurales se comenten en las ciudades.

5. La negación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las victimas, y su revictimización.

6. Mantienen los bloqueos económicos dirigidos por la Fuerza Pública y los grupos paramilitares.

7. Arbitrariedades de la Fuerza Pública quienes realizan retenciones individuales y colectivas, allanamientos sin orden judicial, requisas indiscriminadas y abusivas y represión contra los habitantes y campesinos, restricciones en la movilización de personas.

8. La criminalización y judicializacion y las amenazas de los líderes sociales, de población desplazada, defensores y organizaciones de derechos humanos.

9. Despojo de tierras a campesinos e indígenas y violación de sus derechos a la autonomía, participación, identidad étnica y cultural y a territorio.

10. La imposición violenta del control social de grupos paramilitares en las ciudades quines mantienen acciones de vigilancia, cobro de impuestos, trafico de drogas, trata de personas, reclutamiento forzado, entre otros.

11. Negación de todos los servicios sociales, salud, vivienda, generación de ingresos a la población vulnerable y población victima del desplazamiento forzado.

Las anteriores situaciones consideramos se derivan de las siguientes causas, que se han venido implementando de manera abierta y contundente en la región:

La aplicación de la Política de Seguridad Democrática, que sigue siendo la mayor amenaza para la democracia, la vida, la justicia y la libertad.

El interés económico por apropiarse de las tierras donde se desean adelantar proyectos extractivos de la riquezas naturales como la explotación del petróleo y del carbón, de igual manera por controlar las zonas de recarga hídrica y aquellas donde se pretende adelantar cultivos de palma aceitera y megaproyectos viales.

La Militarización en diferentes lugares de la región, donde la fuerza Pública continua involucrando, atacando y afectando a la Población Civil, porque ponen en riesgo la vida, la tranquilidad, la seguridad, la protección y la posibilidad de ejercer libremente los derechos, porque sufren las causas y las consecuencias de la guerra y porque tristemente continúan siendo las mayores víctimas de este conflicto.

La Alianza narcotráfico-paramilitarismo y clientelismo que han tomado control sobre poderes locales y departamentales de la región, hasta el punto de tener incluso garantizada sin reserva su participación en la vida política local y departamental, quienes ha dirigido su política a la reorganización y control militar, económico y social de la región de los grupos paramilitares.

El desmonte del Estado Social de Derecho, a través del desconocimiento de las garantías y el incumplimiento de protección de los derechos formulados en la Constitución Política, como ha sido en los casos de la Población Víctima del Desplazamiento Forzado, de los Indígenas, Campesinos, Sindicalistas, Obreros y Estudiantes Universitarios, es decir la violación de los derechos humanos también tiene un componente de legalidad, desde la aplicación en la región de las políticas publicas de orden nacional y departamental como la privatización de empresas, universidades, servicios públicos y hospitales, entre otros.

La impunidad que se ha consolidado sobre los graves y numerosos crímenes cometidos por los grupos paramilitares, el surgimiento de nuevas formas de acción paramilitar y la legalización del paramilitarismo, que lejos de desmantelar sus estructuras han sido mantenidas y soportadas gracias a la acción y omisión del Estado, especialmente por cuenta de la aplicación del marco jurídico que permitió y amparo la desmovilización del Bloque Catatumbo, y del Bloque Central Bolívar en el Magdalena Medio.

La intensificación del conflicto armado, en algunos lugares de la región donde las guerrillas en los últimos meses han aumentado las acciones bélicas y las hostilidades que también afectan a la Población Civil, donde hombres y mujeres quedan expuestos a las razones de fuerza y a los señalamientos que unos y otros grupos hacen en su contra.

La crisis carcelaria agravada por la falta de voluntad política de los entes territoriales y de las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de la no implementación de políticas publicas para prevenir, atender y superar definitivamente las condiciones que generan la violación de sus derechos, manteniendo así lamentablemente un trato indigno, cruel y degradante.

Frente a este difícil horizonte avizorado, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos desde el Nodo Nororiental de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, manifestamos ante la opinión pública que:

1. Persistimos en nuestro empeño de defender la vida, la integridad personal, la libertad, la justicia y los derechos humanos todos fundamentales de hombres y mujeres.

2. Aspiramos que todos juntos podamos mantener una agenda de trabajo conjunta que se traduzcan en acciones que contribuyan eficazmente a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la democracia y del Estado Social de Derecho.

3. Impulsamos iniciativas que acompañen iniciativas de paz, acompañando la propuesta de adelantar un acuerdo humanitario y una salida política negociada el conflicto armado y el respeto irrestricto de los actores armados al Derecho Internacional Humanitario.

4. Acompañamos a las victimas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, como las bases para alcanzar una paz duradera.

5. Fortalecemos los procesos sociales de resistencia y defensa del territorio la cultura y del derecho a la tierra y al territorio de indígenas y campesinos.

6. Promovemos y propiciamos espacios de interlocución con el Estado, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y la construcción de Políticas Publicas que protejan los derechos humanos.

7. Mantenemos espacios de encuentro y de reflexión para la construcción y concreción de acuerdos con otras plataformas de derechos sociales y procesos sociales de la región.

Ante el desolador panorama propiciado por las políticas actuales del Estado colombiano y el recrudecimiento de las hostilidades propias del conflicto armado interno que fustiga a nuestra nación, y que redunda en la violación masiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de los grupos de población vulnerable, se hace insoslayable la exigencia de cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado colombiano, en aras de la efectiva vigencia del Estado social y democrático de derecho.

En suma, nos manifestamos y sentamos nuestra voz de protesta ante los luctuosos hechos que resquebrajan los más caros principios del Estado social de derecho, y que aumentan el grado de zozobra ante el anhelo de una sociedad más igualitaria e incluyente; pero, al mismo tiempo, sentamos nuestra voz de esperanza, convencidos de la necesidad del diálogo, de las salidas concertadas al conflicto, pero por sobre todo, de la inquebrantable creencia en la vigencia de los Derechos Humanos; convencidos, finalmente, de que algún día, tras este oscuro horizonte, se atisbe la luz traída por la vigencia de un orden justo, signado por la égida del respeto a los Derechos Fundamentales de los asociados.