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Asorvim: trabajando con las comunidades campesinas
Agencia Prensa Rural / Lunes 17 de diciembre de 2007
 

Los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2007, en las comunidades de las veredas Ojos Claros y Puerto Nuevo Ité, del municipio de Remedios, en el Nordeste Antioqueño, junto a representantes de las veredas de Dosquebradas, Camelias y Lejanías, se realizaron los primeros talleres de verdad, justicia y reparación, convocados por la Asociación Regional de Victimas del Magdalena Medio (Asorvim), acompañados por la Agencia Prensa Rural, en el marco de una serie de actividades a realizarse con las comunidades campesinas de la región del Magdalena Medio, con el fin de que la población campesina esté en la capacidad de hacer valer sus derechos como víctimas de crímenes de Estado y que las comunidades conozcan la problemática nacional frente a este tema.

La lucha por verdad, justicia y reparación integral

El jueves 13 se habló sobre el tema de verdad, una palabra que parece no tener una definición para el Estado, que sea coherente con la práctica dentro de lo que realmente debería ser la verdad en concordancia con el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos y que se siguen cometiendo por los grupos paramilitares y las Fuerzas Militares y represivas del Estado contra la población civil; verdad que se supone se está generando con la ley de “Justicia y Paz”. Para la comunidad, la verdad en este caso específico hace referencia al esclarecimiento de los hechos, a que se escuche la versión de las víctimas y no sólo la de los victimarios, a la confesión absoluta y a lo que “nosotros sabemos” con respecto a lo que pasó. Se establece la verdad como un derecho tanto de las víctimas, como también de la sociedad, como una reconstrucción social que nos hace libres y que nos permite la historia.

Una verdad que diga quiénes fueron los autores materiales de los hechos, pero también una verdad que vaya a la raíz del problema, es decir, a cuáles son los motivos por los cuales se comenten este tipo de crímenes atroces, que tienen relación con los autores intelectuales de dichos sucesos, como también de los intereses económicos, políticos y sociales que aunque parecen obvios para todos, no lo parecen tanto para el Estado. Incluso cuando se tiene la intención de juzgar a los paramilitares dentro del marco jurídico de delito político, lo cual suena como un planteamiento ilógico y hasta ridículo pensar que estos crímenes y la estructura paramilitar, tenga relación con lo que en la historia y en la realidad significa el delito político, pues al parecer el gobierno confunde su directa relación política con los paramilitares, con el delito político, lo cual son dos casas totalmente diferentes.

También se presentó a la comunidad el proyecto Nunca Más, que contextualizó el alto grado de impunidad que tiene Colombia frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y urbanas marginadas, y la relación de los crímenes contra comunidades que viven en territorios con diversos recursos naturales, donde las multinacionales con filiales colombianas implantan proyectos económicos de extracción de dichos recursos.

Taller con la comunidad de Ojos Claros. Foto: Prensa Rural.

El viernes 14 se trató el tema de la justicia, la cual no puede desarticulase de la impunidad. La justicia en Colombia y concretamente en la ley de Justicia y Paz, es la que las comunidades y las organizaciones sociales llaman la ley de la impunidad, pues una verdadera justicia supone un equilibrio entre el crimen o crímenes con relación a las penas que se imponen sobre los autores de dichos crímenes. Esta ley es sin lugar a dudas asimétrica, es la impunidad legitimada con las leyes institucionales y promovida por el aparato político militar y paramilitar, con penas de ocho años (sin contar con las rebajas de penas por buena conducta), por masacres, torturas, desplazamientos, desapariciones. Casos como el de la masacre en Tujillo (Valle del Cauca) donde fueron asesinadas más de 300 personas entre 1987 y 1994, o el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, entre muchas otras, han quedado en la impunidad.

El gobierno en la ley de Justicia y Paz hace referencia a la verdad, la justicia y la reparación, y a su vez creó la Mesa de Reparación y Reconciliación, la cual es una paradoja, porque primero: cómo puede haber una verdad y una justicia, si el Gobierno Nacional está negociando con su propia estructura militar. La lógica es que una negociación solo se presenta entre opuestos. Segundo: no se puede hablar de verdad cuando está reconstruida sólo con la versión de uno de los actores, en este caso la del victimario y no la de las victimas, e incluso cuando no se tiene en cuenta que los victimarios además de los autores materiales, son también los autores intelectuales. Ellos también deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Y tercero: cuando una reparación se hace en términos económicos, como si los muertos, que son miles, se pagaran con 10 millones de pesos, lo que incluye en el paquete el total perdón y olvido a lo ocurrido. Concebir eso como verdad, justicia y reparación integral ni siquiera entra en la lógica del sentido común.

Memoria histórica y resistencia a la opresión

Posteriormente, se realizó un taller de recuperación de la memoria histórica, tanto de asesinatos, masacres, desapariciones que ocurrieron y que ocurren en la región, pero también del proceso se resistencia, dentro del cual se evidenció que cada vez que las comunidades se organizan para resistir, defender los derechos humanos y exigirle al Estado, éste a su vez incrementa los asesinatos, los desplazamientos y las persecuciones a la población, a los lideres y a las organizaciones sociales, como es el caso de la masacre de Mulato en 1977, la operación Militar Orión, que dejo 5 campesinos asesinados, la masacre de Segovia en 1987 con 5 asesinados, la masacré de Cañaveral en 1999, que dejó un saldo de 18 campesinos asesinados.

En el último año los campesinos asesinados fueron 12, presentados como falsos positivos, todos estos del nordeste antioqueño y cometidos por el Ejército o grupos paramilitares. También el caso de persecución a la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) que desde que se gestó como organización, y cada vez que se tiene una interlocución con el gobierno, es perseguida y señalada y todos los acuerdos son incumplidos. Esta es la historia de una región contada y reconstruida por quienes la viven y la sufren, los campesinos del nordeste antioqueño.

El sábado 15 se realizó un cine foro en la vereda Puerto Nuevo Ité, en el que se presentó un documental sobre las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, y que sirvió para discutir sobre la importancia de la organización de las poblaciones vulneradas y como ejemplo de la estrategia de extermino sistemático en Latinoamérica.

Lo que las comunidades contaron frente a su historia y su realidad es sólo una parte de lo que pasa en casi todas las partes del país con la población civil marginada, sometida a la miseria planificada y sin duda la más vulnerable.