Motiva esta intervención el retorno del fantasma de la reforma agraria. Si bien el tema específico no figura de manera explícita en el texto del Acuerdo general establecido en el diálogo entre representantes del gobierno nacional y la insurgencia, pude suponerse que surgirá, como de hecho ha aparecido en la temática de este Congreso. De allí la pertinencia de preguntarnos sobre la relación entre sociedad y reforma agraria: de qué sociedad se trata? Qué sistema de relaciones políticas está en juego? Y, relacionado con ello, qué reforma agraria se contempla?

Para aproximarnos a esa reflexión haremos primero un breve recorrido por las experiencias en reforma agraria cumplidas en el país, intentando explorar las relaciones con su entorno social.

A no dudarlo, la mención de la reforma agraria genera incomodidad en algunos medios, más aún cuando las “imágenes instaladas” son las de que, en Colombia, el mundo rural ya no es relevante o de que no es pertinente hablar de “reforma agraria”.

Ante la primera de esas opiniones se ha pronunciado con contundencia el Informe Nacional de Desarrollo Humano documentando la destacada participación de lo rural en la sociedad colombiana; en cuanto a la “reforma agraria” las dificultades son mayores: juegan el desprestigio que alcanzó la aplicación de este instrumento y el propósito sutil de hacer desaparecer las expectativas que históricamente se han construido a su alrededor.

Podríamos decir que lo aceptable y “políticamente correcto” para el establecimiento es afirmar que lo agrario es importante pero sin cuestionar el reparto de la tierra ni el poder asociado al mismo.

La incomodidad que causa en los sectores sociales asociados con grandes intereses y en la opinión bajo su influencia guarda relación con los riesgos que podría implicar una reconfiguración del poder. La aclimatación de modos pacíficos de tramitar los conflictos como rasgo dominante en nuestra sociedad implica producir modificaciones sustanciales en su ordenamiento y una de las más importantes es el régimen de apropiación privada de la tierra, por las implicaciones mutuas con el poder político y por sus relaciones con sistema económico en su conjunto.

Entorno y resultados de la ley 135 de 1961

Empecemos por considerar las condiciones en las que se produjo la primera propuesta explicita de reforma agraria, contemplada en la ley 135 de 1961. Una pregunta necesaria: en qué contexto surgió esta propuesta? En el ámbito internacional es necesario tener en cuenta cuáles eran las perspectivas y prioridades de la política norteamericana, dado el condicionamiento ejercido sobre las decisiones nacionales. En ellas ocupaban un rango importante los temores y las apreciaciones sobre los procesos en curso en América Latina, velados por el manto de la guerra fría . Sobre esa perspectiva gravitaban los movimientos sociales, en particular de origen agrario que venían ocurriendo en la región, los cuales culminaron en la revolución cubana.

Ante este panorama visto desde la perspectiva de la guerra fría el gobierno norteamericano diseñó una estrategia de contención, la “Alianza para el progreso”. En ella se combinaba el direccionamiento de los procesos políticos y económicos que la dirigencia norteamericana consideraba funcionales para su política hemisférica y consistentes con la visión del desarrollo planteadas desde la administración Truman , con la aplicación de su doctrina contrainsurgente. Ahora se trataba de poner la doctrina en experimentación.

Colombia ofrecía condiciones ideales con respecto a los dos componentes. El país había atraído la atención de los Estados Unidos, como lo evidenció el envío en 1950 de una de las primeras misiones del recientemente creado Banco de Reconstrucción y Fomento, hoy Banco Mundial, dirigida por el economista Lauchlin Currie. El pronóstico, aun cuando contemplaba severos problemas, era alentador: como lo registró Salomón Kalmanovitz, “de 1945 a 1956 la acumulación de capital en la economía colombiana se aceleró considerablemente, tanto en la industria como en la agricultura y los servicios”.

Para ese entonces Colombia se encontraba en una de las fases más álgidas de una guerra civil que sembró inquietudes frente a las “clases peligrosas”. Eric Hobsbawm, el gran historiador recientemente fallecido se refirió así a ese proceso: “constituye probablemente la mayor movilización armada de campesinos en la historia reciente del hemisferio occidental, con la posible excepción de determinados períodos de la revolución mexicana” (1968:226).

La convergencia de bonanza económica y guerra civil fue observada por el ex presidente Alberto Lleras, quien en uno de sus escritos, como lo recuerda Kalmanovitz, “asociaba la rapidez del crecimiento económico con el período de turbulencia y violencia que lo acompañó para concluir que sangre y acumulación iban juntas” (1985:379).

Pero estas circunstancias no favorecían un desenvolvimiento democrático. Las demandas en tal sentido que habían transitado por el país durante los años 20 y 30 del siglo pasado fueron arrasadas por la guerra. La dirigencia nacional, lejos de rescatarlas al terminar las fases más duras del conflicto finalizando los años 50, impuso la fórmula del Frente Nacional. Con ella mantuvo especialmente restringida la participación política junto con condiciones laborales represivas, una sobreprotección fiscal y arancelaria a favor del empresariado y los terratenientes y con una reforma agraria marginal, tal como la calificó Antonio García , Colombia actuaría como “vitrina” de la “Alianza para el Progreso”.

Pero ni siquiera estas medidas daban garantías plenas a los sectores externos e internos más recalcitrantes. Ante el temor provocado por el malestar campesino, círculos político-militares norteamericanos alineados en la guerra fría diseñaron una iniciativa contrainsurgente, el Plan LASO, para aplicarla contra las comunidades campesinas en resistencia, las llamadas “repúblicas independientes”. Sería el acompañante de la aplicación de la ley de reforma agraria.

Estas precauciones no fueron suficientes para proporcionar seguridad frente a eventuales amenazas contra la propiedad y al cabo de 12 años la dirigencia nacional llegó al “Acuerdo de Chicoral”, con el cual sustituyó el tímido reparto agrario por las colonizaciones en las selvas.

La aplicación del Plan LASO tuvo como respuesta el surgimiento de una insurgencia armada con la cual habrá de negociar el estado la terminación de esta larga guerra y de esa reforma agraria, convertida en precarios programas de colonización obtuvo la inserción del país en la economía internacional del narcotráfico, particular forma de globalización de nuestra economía!

Fue una reforma agraria apropiada al país definido por sus élites; de ese país, marcado por la exclusión política, económica y social, habrían de salir los desarrollos que hoy lo llevan nuevamente a enfrentar el fantasma de la reforma agraria y de las siempre postergadas transformaciones de la participación política.

Habría que señalar que la “reforma agraria” propuesta en Colombia en el caso de la ley 135 de 1961 no solamente fue “marginal” sino que la reacción generada entre sus opositores llevó en la práctica a su revocatoria.

La experiencia de la ley 160 de 1994

Hemos de examinar igualmente la experiencia de la ley de reforma agraria vigente, la 160 de 1994. Su contexto internacional fue el consenso de Washington con sus directrices a favor de las privatizaciones del sector público y el “adelgazamiento del estado” y su marco político fue la Constitución de 1991 planteada al país como marco político de un acuerdo de paz.

Las necesidades de los intereses internacionales y nacionales expresadas tanto en la Carta política como en la nueva de ley de reforma agraria eran las de adecuar el sector agrario a la globalización. Lejos de haberse reducido la concentración de la propiedad, uno de los efectos del narcotráfico fue el incremento de su monopolio y con ello los costos de producción, gracias en buena parte a los costos de la tierra hacían inaccesibles los mercados externos para las exportaciones colombianas. De esta reforma agraria se esperaba disminuyera el monopolio de la propiedad y con miras en ello el Banco Mundial agendó para Colombia una reforma agraria por la vía del “mercado de tierras” concebida dentro de las lógicas del consenso de Washington .

La ley no logró sus propósitos y por el contrario la propiedad agraria se concentró aún más, mientras la mirada dominante en la sociedad no contemplaba el campo; fueron los años en los que comenzaban a instalarse las extravagancias de la economía del narcotráfico y sus acompañamientos políticos, entre ellos el aplastamiento de las organizaciones populares urbanas y rurales. La apropiación de la tierra, que ya era base de poder político, se convirtió en instrumento para la legalización de los dineros obtenidos en el narcotráfico. El crecimiento de esta economía estimuló el propósito de controlar el espacio y de desterritorializar a las comunidades, condiciones básicas para legalizar y atraer capitales.

Durante la siguiente década la reforma agraria desapareció de las políticas hacia el campo e incluso entró a formar parte del léxico no permitido en el lenguaje oficial. Más aún: presenciamos un sostenido esfuerzo por ahuyentar la expresión “reforma agraria”: mediante insistentes esfuerzos impulsados desde agencias internacionales, desde la academia y desde las agencias nacionales se ha tratado de extirpar una expresión que para el común de las gentes representa redistribuir la tierra y con ello redistribuir el poder.

Estos propósitos condujeron al país a las circunstancias actuales, en las cuales los niveles de inequidad se sitúan entre los más elevados del mundo, con una proporción cercana al 10% del total de su población en condiciones de desplazamiento interno y una suma de tierras abandonadas y en gran parte usurpadas equivalente a una tercera parte de las superficies con potencial agrícola.

Según una investigación realizada por el Instituto Agustín Codazzi junto con las universidades de Los Andes y Antioquia, en 2009 los propietarios con más de 200 hectáreas representaban el 3.8% y controlaban el 41% del área catastral del país en tanto que aquellos con menos de 3 hectáreas, equivalentes al 39% de los propietarios solamente contaban con el 3.7% de la tierra . De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, en 2009 “el Gini de propietarios ascendió a 0,875, el de tierras a 0,86” , cifras con las cuales Colombia califica como uno de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y en el mundo.

De esta manera, como consecuencia del “modelo de desarrollo agrario” y de la guerra que forma parte de él, Colombia ha sufrido una disminución en su abastecimiento de alimentos con producción nacional lo cual ha llevado al crecimiento sostenido de las importaciones: durante la última década se pasó de importar algo más de $5 mil millones de pesos a casi $9 mil millones, mientras que las exportaciones, incluyendo café, se sostienen en el mismo nivel.

Pero estos resultados no parecen suficientes a los patrocinadores del “modelo”: la propuesta del Plan de Desarrollo apunta a profundizar el despojo de los campesinos, ahora por “vías legales”. Con anterioridad, la política del estado colombiano hacia los campesinos se ha orientado a profundizar el desarraigo, mediante el terror, el cierre al acceso a las tierras adecuadas y la expulsión hacia las selvas (para asegurar la expansión de la frontera agrícola), con desposesión violenta (guerra, fumigaciones) y “consolidación” militar.

Ahora añade instrumentos renovados como la “empresarización” expropiatoria y la “titulación masiva” dispuestos para extender la legalización del despojo. Al mismo tiempo, el sistema económico restringe el arraigo urbano en la medida en que tampoco genera empleo en estos ámbitos.

Los efectos sociales, económicos y políticos de la guerra y el despojo obligaron al gobierno actual a llevar el tema de la tierra al centro de la agenda política, haciendo del discurso de la restitución una estrategia para recuperar legitimidad. Pero en defensa de sus intereses centrales, introdujo en el plan de desarrollo, en sus políticas e instrumentos, las iniciativas que darían fuerza a los propósitos estratégicos de desmantelar la territorialidad campesina y garantizar al capital privado y a las empresas multinacionales el control de los recursos naturales.

Para no dejar dudas sobre estos propósitos el gobierno ha impuesto los dispositivos de su “plan de consolidación” sobre las regiones agrarias en las cuales se logró el establecimiento de reservas campesinas, en cumplimiento de la ley.

Llegado el momento de las conversaciones de paz habrá que retornar a los temas eludidos y lo agrario ya hizo presencia destacada. Como es de esperarse, el gobierno se esfuerza por marcar los límites: el presidente no acepta se discuta el “modelo de desarrollo”, la ley de víctimas es el instrumento de la paz y el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural –por ahora congelado- resolverá los problemas faltantes. Pero aún falta un largo camino por recorrer y el acumulado en particular el agrario, puede hacer inviables los propósitos planteados en la estrategia de desarrollo.

Qué país?

Para pensarlo, el punto de partida será el acuerdo para construir un estado democrático de derecho como marco para la lucha contra la impunidad y la construcción y aplicación de políticas que permitan la revalorización del trabajo, el fortalecimiento de los salarios y de su capacidad adquisitiva, el abastecimiento alimentario propio, la ampliación de la producción nacional y de su acceso a los mercados internacionales, en condiciones de sostenibilidad económica, social y ambiental, condiciones que abren el camino a la neutralización efectiva de las estructuras políticas y económicas que se expresan en el paramilitarismo.

Este conjunto de propósitos puede encontrar su vía en una recuperación de la capacidad productiva nacional, en función de la viabilidad del país y del mejoramiento de la calidad de vida de su población. Lo anterior implicaría la construcción de equilibrios regionales que posibilitaran recuperar y asignar funciones epicentrales para las ciudades intermedias a través de la priorización y ejecución de programas y proyectos de desarrollo productivo, diseñados bajo la perspectiva de estabilizar a las poblaciones locales y asegurar la sostenibilidad ambiental.

Desde el ángulo de la reconstrucción económica, el campo y la agricultura pueden proporcionar un aporte estratégico, centrado en la recuperación de la capacidad productiva de alimentos, materias primas y productos procesados para los mercados interno y externo, incluyendo combustibles y servicios ambientales y garantizando el abastecimiento propio de alimentos seguridad en condiciones adecuadas de empleo e ingresos.

Tareas para la reforma agraria en la reorganización de la producción agrícola y rural y de sus espacios: condiciones internas y externas

A. Las condiciones internas

Dentro de las condiciones internas será necesario atender los problemas referidos al acceso a la tierra, el manejo de la oferta ambiental, la tecnología, la localización y organización de la producción, los insumos y el crédito, teniendo en cuenta las condiciones y calidades requeridas para los productos estratégicos para el abastecimiento alimentario.

Los problemas por resolver en el espacio de la generación de la oferta a partir de la producción se centran en: qué producir? En dónde producirlo? Cómo producirlo? Por otra parte, la articulación de la economía colombiana con los mercados mundiales dentro de los términos impuestos por los acuerdos con la OMC genera condicionantes tanto para la colocación de la producción nacional en los mercados externos como para la competencia de esta misma producción en los mercados nacionales con la oferta procedente de otros países.

El significado eminentemente político de la propiedad territorial en donde ella constituye parte importante del problema agrario le ha conferido profundos componentes ideológicos que dificultan su discusión.

En el país este hecho es evidente en cualquiera de los escenarios en donde se plante, ya sea el de las políticas agrarias, la paz o el acceso a la tierra para los desplazados. Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo los estudios más avanzados sobre economía de la agricultura hacen evidente que un patrón equilibrado de distribución de la propiedad favorece un más rápido desarrollo, con una asignación más eficiente de la población a los sectores productivos.

La política agraria y sus instrumentos, entre ellos la reforma agraria, han de enmarcarse dentro de una perspectiva más amplia y comprehensiva: su objetivo sería configurar un sistema de relaciones sociales, económicas y políticas urbano-rurales más equilibrado e inclusivo y su instrumento central sería un ordenamiento territorial orientado hacia la racionalización de la ocupación del espacio. En términos específicos esta política estará orientada a construir el equilibrio entre los espacios rurales y los asentamientos urbanos en términos de satisfacción mutua de las demandas de bienes y servicios y localización de la población; incrementar la generación de empleo e ingresos en los espacios rurales a través de la densificación de procesos de transformación (agregación de valor) en finca y localidad, de bienes para los mercados locales, regionales, nacional y para la exportación y garantizar el manejo sostenible de los recursos naturales.

Esta perspectiva permitiría la recuperación de ecosistemas frágiles, actualmente ocupados en condiciones de plena precariedad social y ambiental, ofreciendo a quienes hoy las ocupan espacios atractivos para su desarrollo económico y social, pero excluyendo definitivamente el expediente de su expulsión violenta, el cual ha sido dinamizador de los conflictos actuales y, de ninguna manera, solución para ninguno de ellos.

La producción

La producción primaria (“en finca”) priorizada según las necesidades alimentarias básicas de la población y las demandas viables de los mercados externos deberá complementarse con los encadenamientos industriales para su procesamiento y transformación (sistemas agroindustriales o “cadenas productivas”), en cuyos diseños y localizaciones, establecidos a partir de consensos entre el estado, los productores, incluyendo los industriales y los consumidores, será necesario tener en cuenta las áreas de producción, la participación de las poblaciones locales y la ubicación de los mercados.

Dentro de estas perspectivas, será necesario fortalecer la organización para la producción mejorando las capacidades de las economías campesinas, productoras de no menos del 40% de los alimentos, ampliando su disponibilidad de tierras con medidas redistributivas, en donde sea necesario, de riego, vías y electrificación, créditos y asistencia técnica, facilitando la reestructuración de las pequeñas unidades y evitando su fragmentación.

Esta reorganización productiva ha de buscar la complementación de la producción campesina con la de las medianas y grandes unidades, de acuerdo con sus capacidades y ventajas para atender la demanda, facilitando la agregación de la oferta mediante la organización de los productores, el establecimiento de procesos de transformación en finca y localidades, así como la organización de la distribución de los bienes producidos, a través de la coordinación entre las organizaciones de productores y las de consumidores (asociaciones, cooperativas) en los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria.

Localización de la producción

Los esfuerzos para garantizar la oferta de los bienes necesarios para obtener el abastecimiento alimentario han de aplicarse en los espacios concretos de la producción y de la realización de la producción para responder a la pregunta en dónde producir?

Para alcanzar este propósito es necesario tener en cuenta no solamente en dónde se obtiene la producción sino también la conveniencia de esta localización desde el punto de vista de la ubicación de la población y de la vocación de esos ecosistemas para tales desarrollos productivos, lo cual puede implicar inducir cambios en el sistema de asentamientos en términos de la distribución espacial de la población, la distribución campo-ciudad de los recursos fiscales y la asignación efectiva de usos de los espacios según sus vocaciones.

Se trata de fortalecer la organización de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaños a los centros de consumo, propiciando y afianzando el asentamiento y estabilización de pequeños y medianos productores en esos espacios, con lo cual, como se indicó anteriormente, se abren perspectivas de agregación de valor en finca y en localidad y por tanto de generación de empleo, encadenamientos que facilitan la descongestión de las grandes ciudades y la configuración de nuevos patrones de asentamiento en beneficio de la revaloración económica, social y política de la vida rural.

La localización de la producción estará definida igualmente, en términos de las regiones que ofrecen las condiciones más adecuadas pero será necesario garantizar que las tierras se destinen efectivamente a cubrir las necesidades establecidas. Este será un primer criterio de la reorganización espacial del país, en la que se defina, de acuerdo con las vocaciones de los suelos, el uso que se les ha de asignar y se establezca de manera cierta este destino, mediante la verificación y la aplicación de medidas de control que contemplen cargas fiscales y medidas expropiatorias causadas por uso inapropiado de los suelos y otros recursos.

Junto con este ejercicio habría que definir los tipos de empresas (grandes y medianas empresas, unidades campesinas, etc.) más adecuadas para el desarrollo de los distintos tipos de cultivos, dentro de una política de acuerdos, apoyos en asistencia técnica, créditos, así como las medidas impositivas y expropiatorias mencionadas, lo cual formará parte de una reorganización rural y agraria en los términos que se plantea más adelante.

De otra parte, el reconocimiento de lo territorial como escenario de la política permite ubicar el análisis y las propuestas de soluciones de problemas centrales del país, como es el caso de la reforma agraria, en términos de la (re) organización del espacio nacional y de articular a ella las políticas e instrumentos de política.

Esta propuesta ha de ser comprendida en su formulación y en su aplicación, como expresión de una voluntad de ordenamiento territorial. Específicamente se propone considerar la perspectiva de la reforma agraria dentro de los marcos del ordenamiento territorial y de la búsqueda de soluciones a la necesidad de configurar un sistema de relaciones sociales, económicas y políticas inclusivo del conjunto del país.

En este punto es especialmente pertinente evaluar la experiencia de las zonas de reserva campesina, figura de territorialidad contemplada por la ley 60 de 1994 así como su proyección en términos como estrategia de estabilización de comunidades rurales y de articulación con las ofertas locales, regionales, nacionales y de exportación de bienes de origen agrario.

Condiciones técnicas de la producción

Con el fin de que la política de tierras y agricultura responda la pregunta cómo producir? ha de orientarse a construir sistemas regionalizados para la producción, la transformación y distribución de bienes de origen agrícola, pecuario y forestal desde los niveles municipales y regionales. Deberá favorecer las medianas explotaciones en disposición de las superficies más adecuadas para la producción de acuerdo con las condiciones regionales y las necesidades técnicas de los renglones a los cuales estén dedicadas.

Dentro de estos sistemas se eliminará el latifundio y se reestructurará la pequeña propiedad ampliando su disponibilidad de tierras y se facilitará la restauración de los ecosistemas degradados y la ampliación de los bosques y áreas protegidas. No se concibe acá una “parcelización” de las plantaciones ni la implantación de formas artesanales para el procesamiento y la comercialización, sino la apertura a la participación en los beneficios de todos quienes actúan en el proceso productivo y en su realización.

La construcción de esta organización para la producción tendrá en cuenta las demandas locales y regionales de tierras, buscando garantizar el acceso a la misma de los pequeños productores sin tierra o con dotaciones insuficientes para desarrollar niveles de producción que les garantice los ingresos adecuados para lograr una calidad de vida digna.

Esta organización se construirá teniendo en cuenta la vocación de los suelos, las potencialidades de los ecosistemas, la preservación de los parques naturales y demás áreas protegidas e incorporarán los acuerdos necesarios para respetar los territorios de las comunidades afro americanas, indígenas y raizales.

El estado tendrá que asignar los recursos requeridos para la organización, dotación y desarrollo de estas estructuras para la producción dentro de un plan plurianual que comprenda el desarrollo de las infraestructuras complementarias y demás dotaciones requeridas. Esta asignación deberá realizarse dentro de una priorización que tenga en cuenta las condiciones socioeconómicas de la población, la presencia de los núcleos de mayor perturbación (latifundios), los mayores potenciales productivos de acuerdo con los objetivos del abastecimiento alimentario y la urgencia de restauración de ecosistemas estratégicos degradados.
De acuerdo con la perspectiva del “ordenamiento territorial ambiental”, la aplicación de esta política de reforma agraria en la reorganización espacial de la producción y los asentamientos deberá comprender la identificación y diferenciación de los territorios, previendo la aplicación de políticas diferenciadas: intensificación o desestímulo de asentamientos, inducción de tipos de producción, etc.

Por último, las posibilidades políticas y económicas de lo que se sugiere hacer. Acá caben las recomendaciones de impulsar y compatibilizar políticas de ordenamiento territorial, reformas agraria y rural y asentamientos humanos.

Esta organización para la producción y el fortalecimiento de la vida rural deberá ser construida de manera descentralizada y por las comunidades locales, con apoyo técnico y económico fundamental pero no exclusivamente estatal. La organización de la producción requiere una aproximación regionalizada que tenga en cuenta las vocaciones, aptitudes y requerimientos técnicos de los suelos, con miras a garantizar producciones sostenibles y deberán tenerse en cuenta procedimientos para la protección de los ecosistemas (suelos, bosques y aguas), así como la dotación y mantenimiento de infraestructuras (de protección de cuencas y micro cuencas, riego, etc.).

Estabilización de la población y de la frontera agraria como ejes de una política de asentamientos

Distintos estudios demuestran las relaciones existentes entre las formas de apropiación de la tierra, las estructuras regionales de la producción, las formas de ocupación del territorio, las migraciones y su aceleración reciente, a la cual viene contribuyendo el destierro forzado de numerosas comunidades de distintas regiones del país. Por tanto, es necesario tener en cuenta estas relaciones e interdependencias si se pretende afianzar a las poblaciones en sus espacios, mejorar sus condiciones y calidad de vida, racionalizar el uso de los recursos naturales, incluyendo la tierra y hacer eficiente la asignación de los recursos públicos.

Una política sobre asentamientos humanos deberá contemplar, de una parte, una propuesta sobre la distribución espacial deseable de la población orientada a adecuar su ubicación a la disposición y vocación de los suelos y demás recursos naturales. Estos propósitos estarán sustentados en el mejoramiento de los sistemas de producción y comercialización, la generación de empleo productivo, la dotación y racionalización de infraestructuras y servicios públicos.

De otra parte, la sociedad colombiana y su Estado deberán asumir las implicaciones políticas y económicas que conlleva un ordenamiento social territorial que conduzca a asignar a la tierra los usos que le corresponda y a orientar el establecimiento y organización de los asentamientos humanos con criterios de sostenibilidad ambiental, política y económica. Dentro de estas implicaciones se ubican el diseño, financiación y aplicación de instrumentos para el registro catastral y los gravámenes prediales, incentivos positivos y negativos para la localización y desarrollo de proyectos urbanísticos, industriales, agroindustriales y turísticos.

Adicionalmente hay que señalar que el propio conflicto armado afecta las posibilidades de ajuste del sector agrario, generando además nuevas circunstancias para la sociedad colombiana como son las que se derivan de la rápida internacionalización de un proceso en el cual el campo y lo que ocurra con él van a ser particularmente relevantes. Hay que decir que la desestabilización de nuestro frágil ordenamiento fronterizo por efectos de la guerra pone sobre la mesa la urgente necesidad de atender de manera eficaz los problemas agrarios.

Un logro complejo de este proceso será una creciente equidad en la distribución de los beneficios del desarrollo y, en términos más específicos, el reconocimiento de la vida rural como punto de partida para un equilibrio efectivo en las relaciones campo-ciudad, como condición de la viabilidad de la sociedad colombiana.

B. Las condiciones externas: la agricultura del país frente al comercio internacional

Los cambios políticos que vienen ocurriendo en el continente deben servir a Colombia para abrir espacios a nuevas negociaciones a través de las cuales el país proteja renglones estratégicos de su producción (bienes contemplados dentro del abastecimiento alimentario) y obtenga condiciones favorables para exportaciones de productos frescos y procesados.

En el plano de estas iniciativas Colombia deberá construir una opción propia en la que combine la exposición a los mercados para aquellos renglones que no requieran protección y la defensa de aquellos renglones que, por consideraciones políticas, económicas y sociales si deban recibirla. En el caso de la agricultura, se trata de aquellos que sustentan las economías campesinas y los sectores con mayor capacidad de generación de empleo y más amplias posibilidades de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Desde esta perspectiva se hace necesario un replanteamiento de las políticas de ayuda a Colombia para la superación de la producción de psicotrópicos. Se trata, en lo fundamental, de canalizar tales recursos hacia la operación de acuerdos comerciales que permitan la protección de los productos estratégicos para la seguridad alimentaria y la exportación en condiciones de favorabilidad de bienes de origen agropecuario y forestal relevantes para el ºdesarrollo de las regiones predominantemente rurales.

Esta orientación para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y agrarios, guiada por el interés nacional de crear condiciones de desarrollo y convivencia pacífica, no puede constituir una propuesta de protección a ultranza de sectores no sostenibles en términos sociales, económicos y ambientales: renglones productivos soportados en la concentración excluyente de la propiedad territorial y en tecnologías depredatorias como lo es la ganadería extensiva, las explotaciones agrícolas desarrolladas con tecnologías intensivas en utilización de agroquímicos o la extracción no sostenible de recursos renovables y no renovables.