Así lo constata la declaración final de la asamblea nacional de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos de organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos (CCEEU), realizada en el mes de diciembre del año pasado. Esta doctrina, que se viene aplicando en Colombia bajo la orientación de la administración de los Estados Unidos, es la que se desarrolla en los campos colombianos y se materializa en violaciones sistemáticas de derechos humanos, "falsos positivos" y persecución contra las organizaciones sociales.

La llamada "recuperación social y militar del territorio" es la estrategia operativa de esta doctrina que busca la eliminación de las organizaciones sociales opositoras al régimen bajo la justificación de la guerra contrainsurgente en la que todo vale, incluso la ejecución extrajudicial de civiles, tal y como se está evidenciando en el Magdalena Medio y en otras regiones del país.

Coronel Alberto Enrique Castillo Urquijo, responsable de la Acción Integral en la Segunda División del Ejército Nacional. Foto IPO.

La CCEEU considera que "la nueva fase de la guerra anunciada mediante la formulación de la Fase II del Plan Colombia, cuyo estrategia operativa es la denominada "recuperación social del territorio" e implementada mediante la "Doctrina de Acción Integral" (DAI), constituye de hecho un desmonte de los principios del Estado de Derecho y una renuncia a la búsqueda de la paz y la convivencia por la vía negociada. Dicho Plan alinea las prioridades nacionales con los intereses estratégicos de los Estados Unidos mediante el pretexto de identificar los objetivos de la lucha contra las drogas y la estrategia de la lucha contra el terrorismo. En este esquema, es especialmente preocupante que tanto los recursos de la política social como los aportes de la cooperación internacional terminen alineados en función de la política de seguridad democrática y la estrategia de guerra".

A continuación reproducimos el texto íntegro del documento:

Declaración de la Asamblea Nacional de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos

Bogotá, diciembre de 2007

La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, reunida en Asamblea Nacional durante los días 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2007, luego de escuchar los análisis de la situación de los cinco nodos regionales mediante los que se articulan sus organizaciones parte, de compartir el análisis nacional del afianzamiento del régimen político, económico y el control social de los territorios, en función del desarrollo de proyectos de envergadura global, que van en detrimento de las comunidades y organizaciones locales y de compartir el análisis de la situación internacional, emite la siguiente declaración.

Considerando que:

1. Constatamos que en la actualidad, el Presidente de la República de Colombia goza de un respaldo efectivo electoral de sectores diversos de la sociedad colombiana. Sin embargo, resulta preocupante que se haga uso indebido de estas mayorías coyunturales y transitorias para reconfigurar el Estado según las formas autoritarias que se expresan en el denominado “Estado Comunitario”, que suprime los límites y las restricciones que al ejercicio legítimo de la autoridad impone el esquema del Estado de Derecho, y quebrantar las condiciones y garantías que son necesarias para el goce de los derechos y libertadas que son esenciales a un sistema democrático.

2. El régimen político actual apela a las razones de Estado para constituir condiciones de facto en función de virtuales estados permanentes de excepción, que aunque no estén formalmente decretados por el Gobierno, persisten y se expresan en allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y usos arbitrarios de la fuerza y la autoridad. Al tiempo, se ha continuado el fortalecimiento de las estructuras económicas, políticas y sociales de paramilitares y se mantiene su accionar militar como poder de facto en amplias zonas del país. Esta combinación de formas de control social autoritario se aprovecha para reforzar procesos de acumulación económica según un modelo que, desde finales de los años noventa, privilegia a los mercados por encima de los poderes públicos y ciudadanos. Persisten, con formas renovadas, los postulados heredados de la Doctrina de la Seguridad Nacional que, desde la década de los años sesenta, imperó en el continente. Después de 100 años de vigencia de la Constitución del 86, se constata que los esfuerzos intentados en el nuevo pacto constitucional por dotar al país de una política pública de derechos humanos que oriente la actuación de las autoridades, han venido siendo progresivamente debilitados y, en algunos casos, revertidos.

3. Estas condiciones plantean la falta de vigencia en Colombia de los parámetros de una democracia real, la cual constituye una meta aún por lograr. Esto se constata en la presencia en el Congreso de un elevado número de miembros y partidos cuyos representantes continúan manteniendo nexos con los grupos paramilitares y en la elevada proporción de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores pertenecientes a partidos políticos cuyos dirigentes están siendo investigados o han sido señalados por sus vínculos con estructuras paramilitares. Fueron esos mismos partidos y dirigentes quienes conformaron mayoritariamente la coalición que ha llevado al poder al presidente Álvaro Uribe Vélez, en dos ocasiones, de los cuales cerca de 40 parlamentarios y dirigentes están siendo investigados y 14 han sido detenidos por sus vínculos criminales con las organizaciones paramilitares. Esta captura del poder político por medios criminales y alianza con bandas paramilitares, que se ha conocido como el escándalo de la parapolítica, destaca una falta real de garantías para la oposición y para el ejercicio de las libertades ciudadanas, que reclama un apoyo decidido por parte de la comunidad internacional para superar esta difícil realidad.

4. El avance del paramilitarismo en el control político del Estado, de diversas instituciones e instancias oficiales, y de parte importante de los gobiernos locales, regionales y de las instancias de representación, ha ido pareja con la consolidación de su proyecto social y económico. La cooptación de diversas organizaciones populares y la conformación de numerosas organizaciones sociales y ONG al servicio del paramilitarismo han sido acompañadas del copamiento de amplios campos de negocios y del control de innumerables renglones económicos como producto de la legalización de los bienes y capitales ilícitos, y de la legalización de las tierras y bienes adquiridos mediante el despojo a más de tres millones de personas víctimas del desplazamiento forzado.

5. En estas condiciones, no es posible plantear que las negociaciones realizadas por el Gobierno con los grupos paramilitares constituyan un verdadero proceso de desmovilización, ni mucho menos un proceso de paz. Antes bien, pareciera avanzarse hacia un proceso de legitimación, legalización y reciclaje del paramilitarismo y de sus formas y mecanismos de control social, económico y político, evidenciado, además, por la persistente vinculación de funcionarios públicos y dirigentes políticos (muchos de ellos recientemente elegidos, tanto en las elecciones locales y regionales como en las pasadas elecciones parlamentarias), de miembros de las Fuerzas Militares y de representantes de sectores empresariales nacionales o extranjeros. No se puede entonces plantear que en Colombia nos encontremos en un proceso de posconflicto, ni en un proceso de reconciliación.

6. La “nueva fase de la guerra” anunciada mediante la formulación de la Fase II del Plan Colombia, cuyo estrategia operativa es la denominada “recuperación social del territorio” e implementada mediante la “Doctrina de Acción Integral” (DAI), constituye de hecho un desmonte de los principios del Estado de Derecho y una renuncia a la búsqueda de la paz y la convivencia por la vía negociada. Dicho Plan alinea las prioridades nacionales con los intereses estratégicos de los Estados Unidos mediante el pretexto de identificar los objetivos de la lucha contra las drogas y la estrategia de la lucha contra el terrorismo. En este esquema, es especialmente preocupante que tanto los recursos de la política social como los aportes de la cooperación internacional terminen alineados en función de la política de seguridad democrática y la estrategia de guerra.

7. La concentración en una única instancia, de manejo directo por parte del Presidente de la República, de la Gerencia de Acción Social (encargada ahora de aplicar los recursos de asistencia social del Estado), de la Cooperación Internacional (encargada de centralizar en una misma bolsa los recursos de cooperación) y la Dirección de la Acción Integral (encargada de coordinar las tareas y los recursos de la acción cívico-militar implicados en la estrategia de recuperación social del territorio) plantea serias tendencias hacia la militarización de la cooperación internacional, la securitización de los programas de desarrollo alternativo y la subordinación de los receptores de subsidios y asistencia funcional.

8. Constatamos que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación frente a las atrocidades, daños y despojos sufridos siguen siendo negados, en especial cuando gran parte del poder económico de las estructuras paramilitares se sustenta en la ausencia de restitución de la tierras, en la consolidación de su dominio sobre estas y en la legalización de este despojo mediante las ventajas concedidas a las grandes plantaciones y a la consolidación patrimonial sobre estos bienes contenidas en el Estatuto de Desarrollo Rural. La injusticia se amplía al considerar que es sobre esta base como se adelantan las grandes plantaciones de monocultivos destinados a la generación de agro combustibles, y sobre las cuales se fundamentan las esperanzas de crecimiento económico futuro y de inserción económica internacional del país, beneficiándose además de dicho despojo con la concesión de amplias garantías fiscales y tributarias a las grandes plantaciones y agro negocios, beneficios de los cuales se excluye a los pequeños productores agrarios.

9. A pesar de reconocer algunos avances importantes en el procesamiento de algunos parlamentarios y líderes políticos vinculados al proceso de la parapolítica, por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, no podemos dejar de advertir con preocupación cómo, en aplicación de la ley 975 de 2005, diversas actuaciones judiciales están constituyendo mecanismos de impunidad que se destacan cuando la Fiscalía omite cualquier investigación en casos como los relacionados con altos funcionarios estatales relacionados en las declaraciones con diversos crímenes, en los casos en los cuales grandes empresas nacionales o transnacionales están involucradas, o en los casos de los ganaderos que declararon haber respaldado a paramilitares.

10. La impunidad frente a sus crímenes parece preocupar poco a los victimarios, quienes en audiencias han hecho apología del paramilitarismo y justificación de sus atrocidades. La falta de control judicial de estos abusos, ha llevado en ocasiones a que se de una conducción de la audiencia por los propios paramilitares y no por la Fiscalía, a que estos gocen de ventajas de las que se priva a las víctimas o a sus defensores, y a que las estrategias de dilación, consentidas por las autoridades judiciales parecen tener como propósito hacer que por pena cumplida, puedan pedir su libertad con solo 3 años y medio de detención.

11. Es claro que el Estado tiene la obligación de capturar aproximadamente 20.000 paramilitares a los cuales no se les ha podido legalizar su situación jurídica conforme a los mandatos de la ley y la Sentencia de la Corte. De acuerdo a los parámetros de fallo de la Corte Constitucional, al declarar la aprobación de la ley de justicia y paz, es claro que quienes reconocieron cometer crímenes de lesa humanidad en la lista del alto Comisionado, en la que aparecen unos 3.200 miembros, de los cuales el Estado solo ha capturado 55; esto impone la obligación de capturar a los demás para que sean investigados, juzgados y sancionados. Todo esto implica una impunidad de aproximadamente el 99.9%, en relación con los 36.000 desmovilizados, aproximadamente.

12. El incremento de violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, como suceden con los casos de las numerosas ejecuciones extrajudiciales, intensificación de las detenciones arbitrarias, torturas o desapariciones arbitrarias está configurando un patrón de violaciones en el cual los crímenes de paramilitares están siendo reemplazados por crímenes de la fuerza pública.

13. La preservación de Seguridad Democrática, nombre con el se encubre la prioridad otorgada a la opción por la guerra fue ya argumentada como pretexto para impedir que el proceso de medición que, de manera prometedora, comenzaba a rendir frutos para un intercambio humanitario, pudiera culminarse de manera exitosa. Esta misma obsesión por mostrar como valor supremo y fin absoluto de los esfuerzos estatales es la que justifica la afirmación de que no existe conflicto armado, que el paramilitarismo ya no existe, que la pobreza se está reduciendo, que la desigualdad ha disminuido o que la cobertura y acceso a los derechos y libertades han alcanzado niveles nunca antes vistos. Este propósito ha tenido que ser reforzado mediante la necesidad de acomodar estadísticas, manipular indicadores o desconocer realidades inocultables. La confección de un país a la medida de las cifras triunfalistas de la seguridad democrática, termina por crear ficciones y soportar el discurso de las políticas públicas en las mentiras públicas y los delirios oficiales, que se niegan a transformar, mejorar o reformar la realidad desde el momento mismo en que la desconocen, la tergiversan o la declaran como inexistente. Lo mismo puede pasar con la expresa voluntad del gobierno de diseñar un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. A pesar de circunstanciales declaraciones de funcionarios oficiales con su compromiso con la realización de los derechos humanos y de las innumerables exigencias de la comunidad internacional para que se respete la labor de los defensores de derechos humanos, se persiste en continuar con las estigmatizaciones a su labor, realizadas en repetidas ocasiones por el propio presidente de la República, lo mismo que han continuado las judicializaciones de defensores de Derechos Humanos.

14. En medio de esta situación, ha sido importante que en su visita al país, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haya insistido recientemente en la necesidad de dar cumplimiento cabal a las recomendaciones en materia de derechos humanos hechas al estado colombiano, y en la necesidad de preservar la autonomía judicial y de dotar de recursos y apoyo suficiente a las instancias de justicia para llevar hasta su fin el juzgamiento de los vínculos de autoridades oficiales, funcionarios públicos y dirigentes políticos con las agrupaciones paramilitares.

15. Las previsiones establecidas tanto en TLC con los Estados Unidos, como en el Tratado de Asociación Económica con Europa, refuerzan las ventajas para los grandes capitales en desmedro de los derechos laborales, ambientales, y acceso público y garantizado a los demás derechos y bienes públicos. En este sentido, las graves violaciones a los derechos a la vida, la integridad y la libertad de los sindicalistas, los obstáculos al derecho a la sindicalización, las trabas a la inscripción de nuevos sindicatos así como los violaciones a los derechos de contratación y negociación sindical en el sector público y privado, el manejo de resultado retórico de las investigaciones de casos de homicidios y desapariciones de sindicalistas, lo mismo que acciones como las falsas devoluciones de tierras, legalización de despojos violentos mediante el Estatuto de desarrollo Rural plantean condiciones que deben ser tenidas en cuenta por parte de la comunidad internacional a la hora de evaluar la voluntad real del gobierno colombiano de resolver el deterioro en los derechos humanos como condición para los pactos de comercio con Colombia.

Declaramos y solicitamos:

1. Nuestro respaldo a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con su mandato de independencia frente al Estado Colombiano y la llamamos a profundizar la interlocución y los debates que se han iniciado con las organizaciones de derechos humanos en Colombia. Del mismo modo, consideramos importante que se retomen con fortaleza la aplicación de los principios de independencia frente al Estado y de diálogo con todos los sectores de la sociedad por parte de la Oficina en Colombia, para contribuir de esta manera a una mejor labor en la función de observación y asistencia para la mejoría de la situación de los derechos humanos en Colombia.

2. Saludamos la independencia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de esclarecimiento de los vínculos de políticos y paramilitares e instamos a expedir sentencias ejemplarizantes que refuercen en la ciudadanía que existe voluntad de no dejar estos crímenes en la impunidad.

3. A la comunidad internacional que la totalidad de los recursos de la cooperación internacional, deben destinarse a garantizar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de derechos humanos y buscar la paz por medio de la solución política negociada del conflicto, garantizando la participación de la sociedad civil y en particular de las víctimas.

4. Invitamos a la comunidad internacional a acompañar, mediante visitas periódicas, a las víctimas y a los defensores de derechos humanos, además de apoyar a la Corte Suprema, la Corte Constitucional para que puedan ejercer su función de investigación y juzgamiento.

5. Invitamos a la comunidad internacional a resaltar y apoyar el fallo de la Corte Suprema donde se señalan las diferencias sustanciales entre el delito político y el delito común, afirmando que los paramilitares no son merecedores de esa denominación y por ende no pueden incurrir en el delito de sedición. No solo no se pueden conceder los beneficios del decreto 128 y la ley 782, sino que además vulnera la ley y los derechos a la justicia el hecho de que se hayan dejado en libertad. Por ello, tienen que ser recapturados para que estén a disposición de la ley de justicia y paz. El gobierno debe juzgar y sancionar como lo ordena la ley, pues de lo contrario y como ya está sucediendo, la inacción judicial o la omisión de justicia por parte de la Fiscalía, se convierte en un mecanismo de impunidad contra los derechos de las victimas para lograr la efectividad real de las penas. Ahora, debe llamarse al congreso y al gobierno para que no insistan ni aprueben los proyectos de ley que busca darles status político a los paramilitares.

6. Invitamos a la comunidad internacional a exigir el efectivo desmonte del paramilitarismo en Colombia, pues aunque se está en un proceso de “supuesta” desmovilización.

7. En aras de alcanzar la paz en Colombia, es necesario insistir que tanto en la comunidad internacional, el gobierno y la sociedad civil, debe renovarse la puesta en marcha de acercamientos y diálogos con la insurgencia de las FARC y ELN. En el mismo sentido llamamos a la comunidad internacional en general y a los países amigos en particular a que continúen apoyando el proceso y llamen a las partes a retomar el dialogo para la solución política negociada al conflicto, garantizando la participación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, al igual que la del conjunto de la sociedad de nodo que las causas estructurales de la violencia se empiecen a resolver.

8. Demandamos de las organizaciones guerrilleras respeto a los principios del Derecho Internacional Humanitario, y a que expresen su disposición a adelantar con prontitud acuerdos humanitarios que conduzcan a la liberación de las personas secuestradas en su poder, pongan fin a los homicidios fuera de combate, reclutamiento de niñas y niñas, y demás violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Así mismo, que expresen su voluntad de avancen en procesos que conduzcan a la negociación política del conflicto armado, con participación amplia de la sociedad civil y mediación de la comunidad internacional.

9. Llamamos a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que presten la debida atención a la crisis de derechos humanos en Colombia a través de un seguimiento del informe anual de la Alta Comisionada y la adopción de una decisión, como lo era la Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en el cual se consignen las principales observaciones sobre la situación y las recomendaciones que el Gobierno se compromete a poner en práctica para superarla.

Asamblea Nacional de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos

Bogotá, diciembre de 2007