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El Cauca necesita Zonas de Reserva Campesina y soluciones políticas y sociales, no militares
 

El día jueves 01 de noviembre se realizó con éxito en el Congreso de la República la audiencia: "Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) una iniciativa agraria de paz. Estado actual y perspectivas". Asistieron a la audiencia representantes de los campesinos y campesinas de todo el país, incluyendo los campesinos que habitan las ZRC legítimas de hecho en el Cauca. También asistieron varios congresistas de la República, catedráticos, y funcionarios del Gobierno Nacional.

El siguiente es el texto de la intervención de la delegación de las ZRC legítimas de hecho del departamento del Cauca.

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DOCUMENTO PONENCIA PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ZONAS DE RESERVAS CAMPESINAS EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA NOVIEMBRE 01 DE 2012.

Saludo campesino, a los congresistas de la república, a los funcionarios públicos del gobierno nacional y todos los presentes en esta audiencia pública, desde las Zonas de Reserva Campesina legitimas de hecho en el departamento del Cauca, lideradas por el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano Coordinación Agraria Cauca (PUPSOC CAC) y la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas de Colombia ANZORC.
Un apretón de manos a las organizaciones campesinas que hoy se encuentran aquí dando un paso más en la lucha por la defensa de los derechos del campesinado Colombiano, perseguido y expropiado por las políticas de despojo que se han implementado en nuestra nación, que han convertido al sector campesino en paria, estigmatizado, ignorado y desarraigado en su propia patria.

Cualquier esfuerzo serio por alcanzar la paz con justicia social en nuestra nación, en la vía de darle solución política al conflicto social y armado, pasa necesariamente por el reconocimiento de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales del campesinado Colombiano y aquí estamos parte del campesinado, uno de los sectores sociales que debe ser tenido en cuenta directamente en las mesas de dialogo.

En el departamento del Cauca, los campesinos iniciamos la exigencia de territorios campesinos a través de la constitución de Zonas de Reserva Campesina legítimas de Hecho desde mediados de los años noventa, arrancándole en el año 2000 por medio de la movilización el compromiso por escrito de impulsarlas, constituirlas y financiarlas; compromiso incumplido a la fecha, por el gobierno nacional. Este incumplimiento a la palabra del régimen no ha menguado nuestra posición y anhelo territorial: asumimos las ZRC como un logro de las luchas del campesinado Colombiano, exigimos la materialización jurídica de la lucha social de muchos años, exigiendo el reconocimiento político de las campesinas y los campesinos como sujetos de derechos, territoriales, culturales, sociales, económicos y políticos; Las zonas de reserva campesina deben ser entonces, el primer paso para saldar esta deuda histórica, dignificar la palabra del gobierno con nosotros los campesinos y campesinas.

En este mismo sentido, el Programa de la naciones unidas para el desarrollo humano PNUD, nos da la razón y reafirma la continua reivindicación campesina en el quinto informe de desarrollo humano del año 2011 llamado EL CAMPESINADO, RECONOCIMIENTO PARA CONTRUIR PAIS: dice el informe que “es un llamado claro y sin tapujos a toda la sociedad por reconocer el papel que los campesinos juegan en un proyecto nacional, y por ende, apostarle al mejoramiento de sus condiciones de vida, al respeto de sus derechos y a su inclusión política, económica, social y cultural”.

Tesis inicial:

Las Zonas de Reserva Campesina para las comunidades campesinas en el departamento del Cauca son una alternativa para superar los conflictos por tenencia y uso de la tierra, lograr el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos, mejorar las condiciones de vida mediante la promoción del desarrollo social con visión territorial, preservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de las economías campesinas; para lo cual es importante la perspectiva del reconocimiento de la diversidad cultural existente en el departamento.

El departamento del Cauca es uno de los departamentos con mayor población rural dispersa y con una gran desigualdad en la distribución de la tierra, lo que se manifiesta en la situación de pobreza rural que no alcanza a ser registrada en los indicadores socioeconómicos y que es producto del abandono estatal y la aplicación de políticas que han conllevado a la profundización de la misma, al tiempo que han generado el desconocimiento de un importante sector como es el campesinado.

La estructura agraria en el Cauca y en general en Colombia no se ajusta a los dictámenes del modelo de desarrollo nacional en respuesta a las tendencias mundiales del mercado. La total ausencia de políticas estatales frente a realidades como las del Cauca, la absoluta falta de inversión en programas integrales que consulten la realidad de la producción parcelaria en micro fundíos y nano fundíos síntomas de una violencia estructural de una sociedad excluyente hacen de la figura de las zonas de reserva campesina una propuesta de territorialidad absolutamente vigente y de urgente reconocimiento por parte del Estado Colombiano.

Sólo así se atacará adecuadamente al menos parte del caldo de cultivo que encuentra el narcotráfico en estos territorios para eslabonar su cadena productiva, pues los cultivos de subsistencia de marihuana, coca y amapola son no causas del narcotráfico, sino sus consecuencias, resultados apenas lógicos de las estructuras excluyentes de producción y de desigual distribución de la tierra.

Las comunidades campesinas, al igual que indígenas y comunidades negras reclamamos el territorio para nuestra permanencia y progreso como grupos sociales y culturales; pero cada vez nos vemos enfrentados en peores condiciones a las políticas de expansión y profundización de las relaciones que impone el sistema mundo capitalista y que los gobiernos de turno en Colombia acogen genuflexos en sus programas como es el caso de las locomotoras consignadas en el Plan de desarrollo Nacional del actual gobierno del presidente Santos, como la agroindustria y la minería, nos amenazan con el despojo y saqueo de los territorios caucanos y del territorio colombiano a nombre de la ¨prosperidad para todos¨. Ya lo ha dicho el Programa de las Naciones unidas para el desarrollo PNUD: el crecimiento económico sin equidad, sin voz de las comunidades, sin raíces, contradice el propósito ético fundamental de cualquier modelo de desarrollo que es mejorar la vida de la gente, en este caso del campesinado. Textualmente dice “No es recomendable, dentro de los postulados del desarrollo humano y el desarrollo rural, construir políticas para un sector tan vulnerable sin tener en cuenta sus proyectos y aspiraciones como ciudadanos dignos en una sociedad que aspira a una prosperidad con modernidad.” (Informe de desarrollo humano: El campesinado, reconocimiento para construir país. 2011)

Las comunidades campesinas en el Cauca, venimos construyendo nuestras Zonas de Reserva Campesina legítimas de Hecho, nos anima nuestro amor por la tierra, nuestra vocación por proteger la naturaleza y la biodiversidad nuestra absoluta certeza de poder demostrar que el campesinado es económicamente viable y ambientalmente indispensable para encontrar una solución al cambio climático, sabemos que en la cultura parcelaria esta la posibilidad de alcanzar objetivos como el de paliar el hambre de la humanidad. En este ejercicio continuamos y actualmente ante el Incoder tenemos oficialmente radicadas seis (6) solicitudes en el departamento del Cauca para constitución de Zonas de Reserva Campesina que comprenden 11 de sus municipios en los cuales se está ya en el proceso de clarificación para la delimitación de lo que serán estos territorios campesinos.
Esta forma de territorialidad campesina es parte integral en el reconocimiento político y jurídico del campesinado como sujeto de derechos ante el Estado Colombiano; condición esta indispensable en la prevención y solución de conflictos y en la construcción de una paz duradera con justicia social.

También hacemos un llamado a las organizaciones indígenas y afros a conocer la figura de ZRC y a poner en práctica el respeto al derecho a la diferencia hacia los campesinos, a la autodeterminación campesina como individuos y comunidad organizada. Estamos seguros que la sabiduría nos conllevará a la unidad respetando la diferencia y proyectando territorios interculturales.

• La Discriminación Positiva, una estrategia que viola los derechos del Campesinado Colombiano. Esto lo reconoce y lo señala el informe de desarrollo humano de las naciones unidas “Razones para la esperanza”. Esta instrumentalizada práctica del Estado Colombiano es la causa de los llamados conflictos interétnicos o interculturales por el territorio. La ampliación, constitución y saneamiento de resguardos, cuando se hace en detrimento de la territorialidad campesina es muestra de lo eficaz de la política que viene aplicando el estado colombiano en su estrategia de dividir las luchas que podrían ser la causa de cambios estructurales en la tenencia de la tierra en el Cauca y en Colombia.

Tal situación evidencia que la discusión territorial o el reconocimiento de los derechos territoriales y políticos de los grupos culturales es un tema muy delicado que atraviesa la situación social caucana y colombiana, que no puede reducirse a una interpretación de “conflicto interétnico” sino y sobre todo a una política estatal de dominación para lo cual se construyen identidades, discursos y ancestralidades que se convierten en supuestos inamovibles, los cuales se ritualizan y se erigen como elementos de separación y contradicción.

Los conflictos territoriales evidenciados en los últimos tiempos son la manifestación directa de una violencia estructural sufrida en años por estas comunidades, claramente agenciada por el Estado Colombiano. Los niveles de violencia alcanzados por la defensa territorial entre grupos sociales en casos como la finca Los Naranjos en Cajibio, San Andrés de Pisimbalá en Inzá donde se enfrentaron comunidades campesinas e indígenas; Mazamorreo en Santander de Quilichao donde se enfrentaron comunidades afrodescendientes e indígenas, son la muestra de que en el departamento persiste la concentración de la tierra en detrimento de las necesidades y aspiraciones territoriales de sus habitantes; y dejan ver además la responsabilidad de entidades como el INCODER que mediante sus determinaciones han agenciado este tipo de confrontaciones por predios, adjudicando títulos a comunidades indígenas en territorios campesinos o de afrodescendientes. Igual responsabilidad tiene la gobernación del Cauca, el ministerio de educación, interior, Ingeominas, entre otros, cuando desde sus cómodos escritorios, funcionarios ignorantes de la realidad regional y rural, expiden actos administrativos, normas y jurisprudencia que rompen el tejido social entre campesinos, indígenas y afros.

Las comunidades indígenas argumentan su legítimo derecho al territorio dada su condición natural étnica, la cual argumentan les deriva en derechos ancestrales sobre el territorio caucano. Sin embargo en la realidad para ser reconocido como indígena basta con afiliarse a un cabildo indígena, es decir que la condición natural argumentada al inicio, puede ser sustituida por el hecho institucional de la afiliación al cabildo.

En el caso de la Educación, el gobierno nacional a través del decreto 0561 de 2010 entregó la administración de 666 sedes educativas a la autoridad indígena sin ningún tipo de consulta con las otras comunidades que tienen asiento en el territorio; así mismo el decreto 2500 de 2011 que entrega la administración de sedes educativas trasladan la visión territorial a un tema de entrega de gobernabilidad en la que se desconoce las visiones y aspiraciones de otros grupos poblacionales que no se identifican con la forma como se viene ejerciendo dicha gobernabilidad política sobre el territorio.
Ante un considerable porcentaje de las legítimas pretensiones territoriales de los indígenas y los compromisos del gobierno con comunidades indígenas; se deben considerar los derechos territoriales de las comunidades que aún siendo indígenas, zambos, mulatos, mestizos, entre otros, tienen otras visiones y aspiraciones frente al territorio y como tal se identifican como campesinas y cuyos derechos deben ser respetados y reconocidos. El derecho a la diferencia no solo se aplica como un reconocimiento hacia mí, implica también el respeto y el reconocimiento hacia el otro que es diferente o piensa diferente.

En este sentido la Zona de Reserva Campesina además de ser una figura de ordenamiento territorial, ambiental y productivo, favorece el reconocimiento social y cultural de comunidades con diverso origen étnico y cultural que se reconocen como campesinos.

Aclaramos de todas maneras que los conflictos entre grupos culturales por territorio especialmente en el Cauca, los asumimos como efecto de las instrumentalizadas políticas discriminatorias que practica el Estado Colombiano como parte de su estrategia por debilitar y dividir el movimiento social e impedir que se toque la problemática estructural de la tenencia de la tierra, se asesine el proyecto de vida y viabilidad socioeconómica del campesinado Colombiano.

La respuesta hasta el momento por parte del gobierno nacional y sus instituciones se resumen en acuerdos incumplidos, falsas promesas y en la creación en el departamento del Cauca de Zonas de Consolidación Territorial, delegando funciones civiles a los militares, violando de paso la normatividad del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; lo cual demuestra el desprecio por los derechos y denuncias del campesinado caucano.

El Cauca necesita soluciones políticas y sociales, no militares.

• Reconocimiento de los campesinos como sujeto político y de derechos:
La defensa del territorio y los derechos territoriales de las comunidades ha sido una legítima bandera de lucha histórica en el departamento. Sin embargo el reconocimiento institucional a los derechos territoriales según la práctica de la discriminación positiva, ha excluido y desconocido los derechos territoriales a una gran proporción de las comunidades caucanas caracterizadas como comunidades campesinas.

El principio de diferenciación reconoció la existencia de la diversidad de poblaciones indígenas y afrodescendientes; pero asimiló a los campesinos como “resto” y la información oficial del DANE carece de la información adecuada que nos permita más certeza en los análisis que presentamos (quienes tienen diverso origen étnico y que además incluye a comunidades que siendo indígenas también se reconocen como campesinos) en la misma categoría de mestizos y/o blancos en los que están los terratenientes, empresarios y la clase dirigente colombiana. Con esto se generó además el imaginario que el campesino es enemigo de los indígenas y tiene pretensiones de despojarlo del territorio. Lo cual viene siendo aprovechado por los medios de comunicación y por quienes tienen interés en mantener los enfrentamientos entre comunidades hermanas para seguir haciendo de los conflictos su negocio lo que les permite disfrutar de las inequidades y la injusticia social.

Es preciso darle mayor desarrollo a lo consignado en el artículo 64 de la Constitución nacional “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”. Si lo comparamos con nuestra realidad, los concursos de subsidios de tierra son una lotería y los presupuestos que ofrecen para compra de tierras están muy por debajo del costo comercial de la misma en algunas zonas del Cauca. En ese sentido es necesario conocer el impacto de las políticas del INCODER en los últimos años para el acceso a la tierra de comunidades campesinas.

En educación y salud predomina la lógica del mercado y no de las realidades de las comunidades rurales, las escuelas de la zona rural son las que presentan menor inversión, las tasas técnicas para enviar un docente dejan por fuera del derecho a ser educados a nuestros hijos, eso sin abordar el nulo interés por la calidad de la educación bajo el actual modelo educativo y la negación del derecho a la educación superior de los jóvenes campesinos; además los puestos de salud donde existen, están cerrados y en total abandono. Es necesario entonces, el cumplimiento a los acuerdos suscritos con el gobierno nacional en las diferentes jornadas de movilización.

Es necesario reconocer al campesinado como sujeto político y de derechos, con gran potencial para la producción nacional y garantía de autonomía alimentaria para la soberanía nacional, con ello se abonan caminos para la paz.

Nuestros territorios no deben ser campos de guerra, lo son porque es aquí donde se concentran las más agresivas políticas de despojo y expropiación contra los campesinos productores parcelarios. Demandamos mayor inversión social, mayores y mejores condiciones al acceso a la tierra no limitadas a la redistribución de la misma que sería nada más que un juego inútil donde la relatifundización es parte del círculo vicioso. La paz con justicia social es alcanzable si hay compromiso real del estado colombiano en tramitar los cambios estructurales que Colombia necesita y hacerlo por medios adecuados que graven en mármol las nuevas formas de sociedad a que se aspira, mármol que en una democracia está constituido por una nueva Constitución Política Nacional.

Hoy bajamos de las cordilleras, salimos de la selva acogedora, las juntas comunales, las asociaciones, la comunidad y nuestras familias nos han delegado para hablar con ustedes señores del Estado. De manera sencilla y directa les proponemos:

1. Se le dé el reconocimiento al campesinado como sujeto político y de derechos con identidad, cultura, por medio de una reforma de la constitución política, acompañada de hechos positivos y reales de la política pública, y una verdadera visión de desarrollo humano que le permita al campesinado participar y decidir de las políticas económicas, sociales, territoriales, educativas, entre otras variables que abarcan su proyecto de vida individual y colectivo.

2. Aprobar un documento CONPES antes del 31 de diciembre de 2012 para asignarle un presupuesto a la constitución de las ZRC y a la financiación de los Planes de desarrollo integral de las ZRC constituidas, en constitución y de hecho. Esto a raíz de la contradicción real entre el discurso gubernamental y el plan de acción del Incoder donde presupuestan para la vigencia del año 2013, una inversión insuficiente aproximada a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) para procesos de constitución de nuevas ZRC, priorizando solo cuatro de las varias solicitudes radicadas, ninguna en el Cauca.

3. Constituir una mesa intersectorial de participación y concertación de la política pública de desarrollo rural y ZRC con participación del ministro de Agricultura, Interior, Minas. Medio ambiente, Educación, Protección social, Salud, Vivienda, MINTIC, el director del departamento para la prosperidad social, Congresistas de la comisión quinta, primera del senado y la cámara de representantes, la Gerenta del Incoder, los gobernadores y Alcaldes donde hayan ZRC constituidas, en proceso de constitución y con solicitud de constitución; desde el campesinado estarán los delegados de las ZRC legalizadas y de hecho, así como ANZORC. Esta mesa tendría acompañamiento de representantes de la comunidad internacional. El Gobierno expedirá un acto administrativo dándole vida jurídica e esta mesa.

4. Desmilitarizar urgentemente el debate sobre la conveniencia de las ZRC, ya que esta figura es una reivindicación autónoma del campesinado organizado por el derecho al territorio, la economía campesina, el proyecto de vida planeado desde sus pretensiones, de millones de colombianos invisibilizados. La constitución de ZRC no debe estar subordinada al visto bueno de las fuerzas militares de Colombia ni de actores particulares. Debe ser una decisión del poder público civil y los movimientos sociales campesinos, en última instancia el constituyente primario o poder soberano: El Pueblo Colombiano. Esperamos no tener que acudir a él.

5. El Gobierno nacional se comprometa a aprobar en el seno de la asamblea de las naciones unidas (ONU) la declaración universal y futuro convenio internacional de los derechos de los campesinos y las campesinas, impulsada por la Via campesina.

6. El gobierno nacional se comprometa a priorizar la economía campesina sobre la política de la explotación de la gran minería, decisión sustentada en estadísticas reales y estudios científicos que demuestran que la economía campesina es el fundamento de la soberanía y seguridad alimentaria Colombiana y ambientalmente sostenible; labor silenciosa y subvalorada que viene haciendo el campesinado.

7. El gobierno se comprometa a impulsar una reforma agraria integral dentro de la frontera agrícola y en las tierras con vocación agrícola. En el CONPES ordenará esta directriz y asignará los recursos presupuestales.

8. El congreso de la republica conformará una comisión de seguimiento y control político al ejecutivo frente a la política pública de ZRC y las reivindicaciones de las Asociaciones que lideran los procesos de impulso de esta figura territorial campesina.

9. El congreso acogerá y aprobará la propuesta normativa que presentarán las ZRC legalizadas y de hecho en los próximos meses, para reglamentar la figura territorial objeto de esta audiencia pública.

Señores y señoras representantes de los poderes ejecutivo y legislativo:
A los campesinos nos enseñaron que la palabra comprometida se respeta y cumple.

Nuestra lucha nos llena de esperanza, en las veredas nos esperan con respuestas de ustedes a nuestra demanda, sin más dilaciones, los que estamos reivindicando no son imposibles, empecemos a construir la paz y a saldar esa deuda histórica del Estado con nosotros los campesinos y campesinas.

Atentamente,

“ZONAS DE RESERVA CAMPESINA LEGÍTIMAS DE HECHO”

ZRC de la región del norte del Cauca: Municipios de Corinto, Caloto y Miranda

ZRC de la región de Tierradentro: Municipios de Páez, Inzá, Totoró y La Plata (H).

ZRC de la región del Macizo Colombiano: Municipios de la Vega y Sucre.

ZRC de la cordillera Suroccidental: Municipios de Argelia y Patia.

ZRC de la región centro: Municipios de Piendamó y Cajibio.