Las Mesa Regional de Paz, organizada por el Congreso colombiano para que la sociedad civil exponga sus propuestas en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, dejó este fin de semana en evidencia la brecha entre la Colombia urbana y la Colombia rural.

El diálogo que busca poner fin a este conflicto armado de casi 50 años es aplaudido por todos, por los partidos de todas las ideologías y por los ciudadanos de un país marcado profundamente por la violencia.

Pero también refleja que los fines que persiguen las partes que van a negociar la paz distan de las inquietudes de muchos ciudadanos que viven en las regiones, fuera de las prósperas urbes de un país cuya economía crece de forma boyante.

El copresidente de la Comisión de Paz del Congreso y representante en la Cámara Baja por el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, explicó que "el conflicto colombiano no es uno solo, podríamos hablar de una guerra nacional y de conflictos regionales".

Una de las razones de tal complejidad es que, además de las Farc, en Colombia hay otra guerrilla, el Eln, infinidad de grupos armados herederos de los paramilitares, narcotraficantes y fuerzas de seguridad del Estado; y todos ellos crean zozobra entre la población civil.

A esta realidad se une una visión distante del conflicto en Bogotá, una capital moderna y centro de toma de decisiones.

"Bogotá tiene capacidad de resolver conflictos por medio del Estado del derecho, en las regiones se resuelven con violencia, y los menos protegidos son los que más sufren", dijo el coordinador de la ONU en Colombia, Bruno Moro.

En el mismo sentido se expresó la congresista Ángela María Robledo, del Partido Verde: "si preguntas a un bogotano va a decir que las Farc son guerrilleros terroristas; pero si vas al Guaviare o a Guainía, las víctimas reconocen la violencia de la guerrilla, pero van a decir que también hay paramilitares, multinacionales, Ejército y políticos que les convierten en clientes para captar votos".

Esa brecha crece cuando se analiza el modelo de desarrollo rural que reclaman los campesinos frente al que propone el Gobierno, aún sin tener detalles sobre cuál será la propuesta de las Farc en Cuba, más allá del discurso del negociador Iván Márquez el 18 de octubre en Oslo, sobre el modelo neoliberal y la desigualdad en Colombia.

Las dificultades en Cuba se van a plantear en torno a las Zonas de Reserva Campesina, establecidas por ley "a partir de reclamos campesinos y que suponen autonomía y la búsqueda de la titulación de terrenos baldíos", advirtió la senadora Gloria Inés Ramírez, también copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso.

Pese a que implican "construcción de territorio y tejido social", pasados 20 años desde la instauración de la norma tan solo se han establecido seis zonas, mientras que algunas otras están en proceso de construcción, según Ramírez.

Sus logros en producción y autonomía son evidentes y a pesar de ello, dijo, "han sido estigmatizadas porque en Colombia todo lo que viene del movimiento campesino ha sido considerado como retaguardia de las guerrillas".

Éstas y otras discrepancias se observaron este fin de semana en Pasto, capital de Nariño, uno de los departamentos más afectados por la violencia y donde se celebró la Mesa Regional de Paz con la participación de congresistas, organizaciones sociales y la ONU.

El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, reconoció que "precisamente las enormes potencialidades de su departamento lo han convertido en un territorio en disputa, hoy uno de los más castigados" cuando "hace unos años era un remanso de paz".

Apuntó que las causas están en su posición estratégica para el cultivo ilícito y las rutas del narcotráfico, congrega el 25 % de las 64.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia y allí operan todos los grupos armados.

Según Delgado, "hoy hay más gente de las bandas criminales (nuevos paramilitares) en Nariño que de la guerrilla", al apuntar que en Nariño los que mayor presencia tienen son Los Rastrojos, un temido grupo neoparamilitar.

Por ello, el gobernador exigió un cambio de estrategia ya que en diez años se han fumigado unas 500.000 hectáreas de hoja de coca y el problema, lejos de resolverse se ha agravado, en otro de los choques sobre cómo se ve el problema de la droga en el campo y la ciudad.

El gobernador insistió en que la solución pasa por la sustitución de cultivos de coca por productos exportables y que otorguen seguridad alimentaria frente a proyectos agroindustriales para la producción de combustibles o mineros a gran escala.

Bajo esas diferencias, el Gobierno y las Farc iniciarán el diálogo en La Habana (Cuba) con el problema agrario como tema primordial en la agenda.