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IV Conferencia latinoamericana sobre políticas de drogas. Bogotá, noviembre de 2012
"Las políticas agrarias de los países desarrollados basadas en subsidios a la producción y exportación agrícola, han causado la crisis del campo en los países del sur y la expansión de los cultivos de coca"
Declaración de representantes de organizaciones sociales de regiones de Colombia, representantes de ONG, expertos e investigadores en la IV Conferencia Latinoamericana
 

El 4 de diciembre de 2012, representantes de organizaciones sociales provenientes de Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Magdalena, así como indígenas y campesinos, junto con representantes de ONGs del nivel nacional y de entidades internacionales de Europa, Norteamérica, región andina y cono sur, nos reunimos para analizar y sacar conclusiones alrededor de los cultivos y cultivadores declarados ilícitos y las alternativas que se implementan en esos territorios, como parte de la estrategia antidrogas. Esta reunión fue posible gracias, entre otras, al apoyo del Transnational Institute TNI.

DECLARACION

1. Invitamos a las instancias de decisión y organización de las Conferencias Latinoamericanas a incorporar de manera más equilibrada y visible, los contextos y situaciones asociadas a la producción, tráfico, lavado de activos, violencias relacionadas con estos fenómenos, así como los gravísimos impactos sociales, económicos, ambientales y en derechos humanos, que se generan en la aplicación de políticas antinarcóticos, aspectos todos definitivos en los balances periódicos de lo que son en la práctica las políticas vigentes.

2. Notamos con preocupación el duro contraste entre el agravamiento de las situaciones socioeconómicas, de la paz y la seguridad, en el equilibrio ambiental, que presentan los territorios catalogados de manera criminalizante como “cocaleros”, y la manera como gobiernos e instancias multilaterales han tratado los temas asociados al llamado Desarrollo Alternativo, negando el reconocimiento de las voces de comunidades y organizaciones sociales, configurando así una hegemonía que excluye la participación de la sociedad civil en esas decisiones. Esta afirmación se desprende del resultado que arroja el intento que adelanta NNUU en el llamado proceso ICAD (International Conference on Alternative Development), iniciado en Tailandia en 2011 y continuado en Lima en noviembre de 2012. En su última declaración, el “Desarrollo Alternativo” se sigue asociando a la reducción compulsiva de cultivos con fines ilícitos ignorando el contexto amplio de desarrollo social, económico y cultural. Allí mismo, el papel del Estado se enfatiza en el control y la aplicación de la ley cuando debería situarse de modo prioritario en el papel de promotor del desarrollo humano garantizando derechos fundamentales en las zonas con cultivo problemático. Igualmente, entendemos que la reducción de cultivos debe ser una consecuencia del desarrollo integral rural, que garantice el derecho al acceso y uso de la tierra por parte de los pequeños agricultores y el respeto a la autonomía de los territorios colectivos. Igualmente, reclamamos un explicito reconocimiento del derecho al uso tradicional de las plantas declaradas ilícitas.

3. Señalamos que las políticas agrarias de los países desarrollados basadas en subsidios a la producción y exportación agrícola, han causado crisis en las sociedades rurales de los países del tercer mundo, trayendo como consecuencia la expansión de cultivos como la coca. Por ello denunciamos los impactos que empiezan a mostrar los tratados de libre comercio de nuestros países con las grandes economías del mundo dado el desequilibrio en las condiciones de acceso a mercados para nuestro sector rural, la inestabilidad de los precios de productos catalogados de alternativos como el café y el cacao, la prevalencia de un modelo de desarrollo rural basado en productos “bandera” cuyas economías se ven favorecidas por modelos de monocultivo, con gran concentración de la estructura de tenencia de la tierra y exclusión de las economías campesinas catalogadas como “inviables” en contextos de economía abierta. Esta situación se agrava por las grandes inversiones en economías extractivas mineras y de recursos energéticos que afectan seriamente la vida de los territorios donde se asienta gran parte de la población rural, todo lo cual estimulará la continuidad del desplazamiento forzado con graves consecuencias económicas y sociales, generando un ambiente propicio para salidas desesperadas en la economía ilegal de los cultivos de uso ilícito.

4. El ambiente inversionista en zonas donde no se garantiza la seguridad de sus habitantes ni la vigencia del estado social de derecho estimula la presencia de grupos de criminalidad que buscan acceder a las rentas de economías extractivas, a la vez que sirven de mecanismo expedito para controlar violentamente la protesta social, siendo la economía de las drogas una fuente de sostenibilidad complementaria a la vigencia de esas estructuras. En Colombia, el estado no ha establecido una diferenciación entre cultivadores y grupos de criminalidad, y descarga sobre aquellos su política de erradicación forzosa, criminalización de productores pobres en nombre del combate a las drogas y de militarización de la democracia local; situación que genera el círculo vicioso expresado en el continuo traslado de los cultivos de uso ilícito.

5. Reivindicamos la vigencia de la hoja de coca y sus usos tradicionales como fuente de afirmación cultural y de resistencia, lo mismo que la producción y comercialización de bienes derivados de ella; apoyamos las iniciativas de autocultivo como parte de las medidas de regulación del cannabis, así mismo, su aporte como otra expresión cultural y de comprobados usos terapéuticos; manifestamos nuestro apoyo a los esfuerzos de regulación del cannabis en Uruguay, lo que constituye un punto de referencia en el nuevo contexto de cuestionamiento a la actual estrategia antidrogas; Observamos con interés los desarrollos que tengan en EEUU los referendos de Washington y Colorado; Rechazamos el intento legislativo de penalizar la dosis personal en Colombia y reclamamos que el nuevo estatuto de estupefacientes descriminalice a los productores y garantice condiciones básicas de calidad de vida. Siendo víctimas de las fumigaciones declaramos nuestro rechazo a dicho programa, único en el mundo, por lo que exigimos una inmediata suspensión de las mismas.

Valoramos que el Presidente Santos se manifieste en favor de la reformulación de las políticas de drogas, pero lo invitamos a dejar atrás la metáfora de la “bicicleta estática” y pasar a la acción a nivel interno, estableciendo programas hacia los productores que sean concertados y basados en evidencia científica. Así mismo, señalamos que los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC requieren la participación de la sociedad civil, entre otros, en el tema de la “solución al problema de las drogas ilícitas” que forma parte del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Bajo estas condiciones y reflexiones, nos proponemos la realización de un Encuentro Nacional de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos en Colombia en el primer semestre de 2013 como parte de los esfuerzos para generar espacios propios de participación de las comunidades organizadas que sufren la aplicación de una política injusta, inequitativa e ineficaz. Invitamos desde ya a las organizaciones internacionales interesadas en este tema a acompañar y apoyar su realización.

Bogotá, diciembre 6 de 2012