La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Colombia por las violaciones de derechos humanos que se cometieron en lo que se ha llamado la masacre de Santo Domingo, ocurrida el 13 de diciembre de 1998 cuando un avión de la Fuerza Aérea de ese país, que adelantaba un operativo contra guerrilleros de las FARC, lanzó bombas contra un caserío en el municipio de Santo Domingo, en el departamento de Arauca, al oriente del país. Por el bombardeo murieron 17 personas, seis de ellas niños, y 27 más resultaron heridas, entre ellas 10 menores.

Según el fallo de la CIDH, “debido a la precisión limitada del dispositivo utilizado, el lanzamiento del mismo en el casco urbano del caserío de Santo Domingo o cerca de ahí, era contrario al principio de precaución reconocido por el Derecho Internacional Humanitario”. El dispositivo al que se refiere la Corte es un bomba tipo cluster (compuesta por seis granadas) y no un carro-bomba de las FARC, como alegaba el gobierno colombiano. El proyectil fue arrojado desde un helicóptero de la Fuerza Aérea. Para la CIDH está claro que el Estado es responsable de la tragedia de Santo Domingo por la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal.

Durante el proceso judicial, los miembros de la Fuerza Aérea involucrados negaron su responsabilidad en la tragedia. Incluso aseguraron que varios de los muertos no eran civiles, sino guerrilleros y que las bombas que causaron la muerte de las 17 personas pertenecían a las FARC, que se habían camuflado entre la población. Sin embargo, una investigación del FBI determinó que el atentado sí fue producto de la bomba clúster que lanzaron miembros de la Fuerza Aérea y reveló que las grabaciones de los pilotos habían sido borradas del expediente judicial que adelantaba la justicia penal militar, intentando encubrir a los responsables del crimen.

A pesar de las pruebas en contra de los militares, abogados de una ONG que defiende a miembros de las Fuerzas Militares acusados de violaciones a derechos humanos en Colombia aseguraron que todo había sido un complot de la guerrilla para culparlos de la muerte de estos civiles. Esta estrategia sirvió para dilatar la responsabilidad del Estado en el reconocimiento del crimen, por lo que las víctimas decidieron en julio de 2011 presentar el caso ante la Corte Interamericana.

En el fallo, la Corte asegura que no se demostró que Colombia no hubiera realizado una investigación exhaustiva. “Por el contrario, la Corte constató y estableció que los mecanismos y procedimientos internos habían coadyuvado en el esclarecimiento de la verdad”, señala el texto de 110 páginas. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena del piloto Cesar Romero y del copiloto, Johan Jiménez, a 360 meses de prisión.

La sentencia de la CIDH afirma “que el Estado había incumplido con su deber de protección especial de las niñas y niños afectados por los hechos de Santo Domingo, toda vez que no cumplió con su obligación especial de protección en el marco de un conflicto armado no internacional”.

Entre las conclusiones de la sentencia, el tribunal internacional ordenó al Gobierno de Juan Manuel Santos hacer un acto público, durante los próximos seis meses, donde reconozca su responsabilidad. Además, deberá “otorgar y ejecutar en el plazo de un año las indemnizaciones y compensaciones pertinentes por concepto de daños materiales e inmateriales, a favor de varias de las víctimas heridas y de varios de los familiares de víctimas que no acudieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. La sentencia no incluye indemnizaciones económicas para las víctimas de los casos que ya fueron juzgados en Colombia.

Hace unos días, se conoció que el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Tito Saúl Pinilla, había pedido la absolución de los pilotos vinculados al caso.