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Debate
Explicación con plastilina para Fedegán
Héctor Riveros / Jueves 3 de enero de 2013
 

José Félix Lafaurie, presidente del gremio ganadero de Colombia, se negó a participar en el Foro sobre políticas de desarrollo agrario integral que se convocó a instancias del gobierno y las Farc, en el marco del proceso de paz. El objetivo era enriquecer la discusión que las partes adelantan sobre ese tema, uno de los cinco sobre los que buscan acuerdos para poner fin al conflicto armado que sufre Colombia hace décadas. Eso lo consolidó como uno de los voceros de los sectores que se oponen al proceso. Están en todo su derecho.

El “uribismo”, al que pertenece Lafaurie, se niega a aceptar la posibilidad de buscar una solución negociada, más por vanidades históricas que por legítima convicción, a juzgar por los múltiples intentos y ofertas que Uribe hiciera desde la presidencia para conseguir el fin del conflicto mediante un acuerdo con las Farc. Están en todo su derecho de oponerse así sea por pura vanidad.

Todos los colombianos tenemos derecho a tomar la posición que queramos frente a la decisión del Presidente Santos. Los opositores del proceso repiten que no son enemigos de la paz y como gran cosa hacen la pregunta bobalicona de: ¿acaso alguien en Colombia no quiere la paz? Es obvio que de eso no es de lo que estamos hablando.

De lo que se trata es de: 1. Aceptar que estamos en un conflicto armado interno (Uribe lo negaba); 2. Que como consecuencia de ello le reconocemos algún grado de legitimidad a la contraparte; 3. Que estamos dispuestos a pactar unas determinadas cosas para poner fin al conflicto.

Por tanto repetir cada momento la pregunta de porqué vamos a discutir con las Farc esto o aquello es simplemente desconocer los supuestos del proceso, que son esos tres. Aceptemos que no son enemigos de la paz, pero que lo son de una paz negociada y las confrontaciones solo se acaban por pactos o por aniquilamiento. Están en todo su derecho de oponerse a la posibilidad de una paz negociada así sea solo por vanidad.

Aceptado un proceso de paz, la siguiente pregunta clave es cuáles son esas “determinadas” cosas que estamos dispuestos a pactar. En este caso las partes respondieron esa pregunta, que es el gran avance de este proceso en comparación con otros, en el acuerdo general para poner fin al conflicto. Cinco puntos que delimitan el objeto de esta fase del proceso.

El primero de esos puntos es el de una política de desarrollo agrario integral. El tema no es casual, más bien es causal. Es la aceptación de que en el corazón de la confrontación hay un conflicto por la tierra. Hay el reconocimiento de que el modelo de desarrollo rural que tenemos ha traído concentración de la propiedad de la tierra a niveles inaceptables, que los mayores niveles de pobreza extrema están en el campo, que la economía campesina no es siquiera de subsistencia, que grandes proyectos agroindustriales generan riqueza pero aumentan la desigualdad, que algunas explotaciones tienen efectos ambientales negativos, que los propietarios de la tierra no pagan los impuestos que deberían en un esquema tributario progresivo, que se lucran injusta y desproporcionadamente de valorizaciones generadas en gran parte por acciones del Estado o crecimiento de las ciudades, etc, etc.

El gobierno al suscribir el acuerdo aceptó que varios de esos temas han sido reivindicaciones históricas de la guerrilla y que hay que promover decisiones para modificar semejante panorama. Cambiar eso es un deber ético del Estado con pacto o sin pacto con la guerrilla. Este proceso ya produjo un efecto positivo que fue volver a traer al primer punto de la agenda pública la discusión de una política de desarrollo rural.

El “uribismo” –en medio de su inconsistencia conceptual en este tema- reclamaba que las conversaciones no se hicieran a “espaldas del país”, a la par que la guerrilla exigía participación social en el proceso. Las partes convinieron solicitarle al PNUD y a la Universidad Nacional la convocatoria de un Foro abierto sobre el tema.

Se trataba de exponer las diferentes visiones e interpretaciones sobre el tema. Al Centro de Convenciones llegaron sectores campesinos, indígenas, de negros, organizaciones sociales, partidos políticos y también los empresarios del campo agrupados en la SAC.

Rafael Mejia, el representante de este gremio de gremios inauguró y clausuró el evento, estuvo los tres días. Él y sus representantes estuvieron en todas las mesas de trabajo, seguramente no estaba de acuerdo con casi nada de lo que allí se decía. Pero tuvo el coraje y la convicción de proponer el otro punto de vista y según él lo relato en la intervención final, pero se percibía en el ambiente, se habían logrado identificar puntos de encuentro.

La Marcha Patriótica tuvo una masiva participación, lo que hacía más importante el evento porque era una primera demostración de la nuez del proceso, que es que todos hagan política pero sin armas. Me atrevería a decir que desde la Constituyente del 91 no había en Colombia un espacio político tan pluralista.

Lafaurie ahora pregunta quienes fueron, de qué hablaron, quién les pago el transporte. Si hubiera ido hubiera sabido ese mismo día esas respuestas y se habría ahorrado la carta que dice que le envió a Bruno Moro, representante del Sistema de Naciones Unidas en Colombia.

El dirigente del gremio que más ineficientemente explota el campo colombiano, prefirió la defensa gremial que la acción política, eso lo tendrán que valorar quienes lo designaron ahí, no quienes no pertenecemos al gremio. Reclama –con razón- que hay que hablar del despojo de las tierras, de los derechos de las víctimas, de las Farc como despojadores, etc, etc.

Si lee el acuerdo marco encontrará ese tema en otro punto y ojalá convoquen a otro foro para que los colombianos podamos decir lo que creemos en ese punto. Esperemos que para entonces el “uribismo” autorice a Lafaurie a asistir y haya podido leer con cuidado los documentos, el acuerdo, las declaraciones de las partes para que ejerza su derecho a oponer a la paz negociada pero al menos de una manera un poco más informada.


Carta de Fedegán a las Naciones Unidas

Por: José Félix Lafaurie

GAF-PE-0129-2012

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2012

Señor

BRUNO MORO

Coordinador residente y humanitario
y representante residente del PNUD
- Naciones Unidas

Ciudad

Apreciado seño Moro:

Por el respeto que nos merece la Organización de la Naciones Unidas y la gestión de sus diferentes agencias en nuestro país, y también por la forma respetuosa como usted acudió a Fedegán el pasado jueves 13 de diciembre, y en una larga charla escuchó nuestros argumentos para no asistir al foro sobre el Desarrollo Rural y la Tierra, le debo a usted y a su organización una explicación pública sobre tales motivos.

Pero se la debo también, y sobre todo, a los ganaderos colombianos, de quienes he recibido miles de mensajes de solidaridad y apoyo, a pesar de estar siendo duramente atacados a través de los medios.
Y le debo una explicación, por supuesto, a la opinión pública, que no se puede quedar solamente con nuestra negativa a asistir a un foro, a partir de la cual se pretende mostrarnos como enemigos de la paz, sino que tiene derecho y debe escuchar y conocer nuestras razones. Actuamos y nos expresamos dentro de un sistema democrático en el que debe ser respetado nuestro derecho a disentir, y a que la opinión pública conozca también nuestras razones.

Sea lo primero reiterarle al país que los ganaderos no somos enemigos de la paz, porque hemos sido las principales víctimas de la guerra y quienes más directamente la hemos sufrido.

La victimización ganadera

Desde el nacimiento mismo de las Farc, a comienzos de la década de los sesenta del siglo pasado, esta guerrilla declaró a los ganaderos como objetivo militar por el solo hecho de ser poseedores legítimos de tierras. Desde entonces, los ganaderos han sido asesinados, secuestrados, extorsionados y despojados por miles.

Desde el nacimiento mismo del paramilitarismo, en la década de los ochenta del siglo pasado, estos grupos armados colocaron a la ganadería entre dos fuegos, y desde entonces se sumaron a la guerrilla como victimarios para asesinar, secuestrar, extorsionar y despojar a los ganaderos.

Los resultados de esta barbarie histórica contra el gremio ganadero están consignados en el libro “Acabar con el olvido”, editado en 2009 por la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN. Allí está la macabra relación de más de 3.000 víctimas de asesinato y secuestro, listado inacabado que estamos actualizando con nuevos hallazgos y con la inclusión de los delitos de extorsión y despojo de tierras. En los escasos meses desde la expedición de la Ley 1440 de 2011, cerca de 9.000 víctimas ganaderas han solicitado el acompañamiento que ofrecemos en el marco de La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Estamos entonces, ante un fenómeno de despojo masivo y ante un verdadero genocidio ganadero.

La estigmatización ganadera

No obstante, a pesar de tan aberrante victimización, todos los grupos guerrilleros y sus agentes oficiosos -los sectores radicales de la llamada izquierda democrática- se han encargado de estigmatizar sistemáticamente a los ganaderos ante la opinión pública como un gremio paramilitar y victimario.

Si algunos ganaderos traspasaron la línea de la legalidad y se convirtieron en delincuentes, que sean investigados y condenados, como efectivamente lo han sido, y como debe serlo cualquier ciudadano, sin importar la actividad económica a que se dedique; pero las conductas individuales de unos pocos no comprometen a cerca de 500.000 colombianos de bien, la mayoría pequeños y medianos productores, que se dedican a la actividad ganadera.

Si bajo amenaza y ante la conducta omisiva de gobiernos indolentes frente al desastre de la violencia rural, los ganaderos se vieron forzados a pagar la vacuna extorsiva a los grupos armados, tanto guerrilleros como paramilitares, no pueden ser tildados por ello de financiadores de unos u otros. Y si es así, que también lo sean todos los sectores de la economía, que fueron sometidos a la extorsión hasta cuando el narcotráfico se convirtió en fuente común de recursos y hermanó a todos los grupos al margen de la ley.

Hemos concurrido a muchos eventos de todo tipo con los representantes de la izquierda radical, en los que, sin excepción, el debate argumental es reemplazado por la estigmatización del ganadero como victimario, paramilitar y terrateniente, esto último como si la tenencia legítima de tierras fuera un delito. Este foro no fue la excepción, como quiera que ha sido convocado a instancias de las Farc en la mesa de negociaciones de La Habana. Por eso consideramos que, con nuestra presencia o sin ella, es solamente un escenario más de estigmatización y reclamo contra la ganadería -como efectivamente lo ha sido- y, por ello, no creemos que pueda llegar a conclusiones útiles desde tan sesgada perspectiva.

Pero la razón de nuestra ausencia no fue el temor a ser insultados o estigmatizados una vez más. Eso hace parte de nuestra cotidianeidad.

La razón de nuestra ausencia descansa en un desacuerdo fundamental con los objetivos del foro, que no son otros que brindar insumos a la primera etapa de las negociaciones de La Habana, que se ocupa de dos temas que, a nuestro juicio, no pueden ni deben ser negociados con las Farc, como son el Desarrollo Rural y la Tierra.

El Desarrollo Rural

Lo repito. No somos enemigos de la paz, ni somos enemigos de negociar con las Farc el cese de la violencia. Pero siempre nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo, con verticalidad y de cara al país, a que el precio de acabar con la violencia, el terror y el narcotráfico de este grupo narcoterrorista, sea negociar con ellos el desarrollo del campo, porque han sido ellos quienes, al abrigo de la ausencia del Estado y la indiferencia del país todo, han destruido al campo durante más de medio siglo.

El Gobierno anunció desde un comienzo que no estaban en discusión el modelo de desarrollo, la economía de mercado ni el derecho constitucional a la legítima propiedad privada, pero muy pronto traspasó su propia línea roja y puso sobre la mesa el Desarrollo Rural Integral. La verdad que, a juzgar por la realidad histórica de abandono del campo, no es extraño que no se perciba al Desarrollo Rural como parte del modelo de desarrollo económico y social del país.

Si en algo pueden estar de acuerdo la izquierda y la derecha democráticas; si en algo pueden estar de acuerdo los pequeños propietarios, los grandes empresarios y hasta los campesinos sin tierra; si en algo pueden estar de acuerdo los llaneros, los pastusos, los costeños y los boyacenses que habitan la Colombia rural, es en la imperiosa y urgente necesidad de un viraje en el modelo de desarrollo, que se traduzca en una política pública de desarrollo rural, no de Gobierno sino de Estado, como es y debe seguir siendo la Seguridad Democrática, sostenida, coherente y con recursos garantizados en el tiempo.

Desarrollo Rural es lo que hemos pedido con insistencia a los Gobiernos desde hace décadas. Se podría construir una política de desarrollo rural a partir de los discursos gremiales ganaderos de los últimos veinte años, porque en un campo donde todo hace falta, además de seguridad, se necesitan vías, riego, escuelas, centros de salud, vivienda rural, saneamiento básico, recreación, cultura, ordenamiento catastral, justicia, crédito, asistencia técnica y, en general, apoyo a la producción agropecuaria.

Así pues, qué más podemos aportar a la discusión; que más pueden aportar todos los asistentes al foro. Sencillamente, el Gobierno conoce lo que hace falta y lo que se debe hacer. El Congreso de la República conoce lo que hace falta y lo que se debe hacer. Es un asunto de voluntad política que no se puede ni se debería negociar con las Farc. Es el Estado quien tiene la palabra.

No le reclamamos a este Gobierno. Le reclamamos a todos los gobiernos desde hace medio siglo, al Estado como un todo y a la sociedad colombiana, que han promovido y ejecutado un modelo de desarrollo que condenó al olvido a la Colombia rural. Miopes los que no vieron la importancia estratégica que para la paz y el desarrollo tenía un campo convertido en proyecto de vida digno y en generador de riqueza, y lo abandonaron a su suerte. Miopes los que no quieren ver la importancia estratégica de su reconversión urgente, no solo para consolidar una paz duradera, sino para aprovechar las posibilidades de una creciente demanda mundial de alimentos y biocombustibles. Una vez más, es el Estado quien tiene la palabra.

Entonces, si no compartimos que el desarrollo del campo se negocie con quienes lo han destruido durante décadas, ¿por qué habríamos de asistir a un foro que le brinda insumos a una negociación que no compartimos?

La Tierra

El Gobierno también ha dicho que en La Habana no está en discusión la propiedad legítima de la tierra. Pero la guerrilla ha dicho públicamente todo lo contrario. Ayer no más, el señor Timochenko se refirió a la expropiación de los terratenientes auxiliadores del paramilitarismo; y desde su tribuna en la revista Semana, el señor León Valencia, desde la legalidad, utilizó un tono no menos amenazante: “El país no puede perder la oportunidad que se abrió en La Habana para discutir una estrategia de choque que nos lleve a una redistribución de la tierra; y ahí, o se pacta con los grandes terratenientes o se los doblega, no hay otra alternativa”. ¿Y quiénes son los grandes terratenientes para el señor Valencia; a quiénes hay que aplicar una estrategia de choque para redistribuir la tierra; a quiénes hay que doblegar?: A los ganaderos colombianos.

Pero surge entonces una pregunta: ¿quiénes son los terratenientes de hoy? Quienes tenemos una real aproximación al campo sabemos que los hay de dos clases: los legales y los ilegales. Entre los primeros se cuentan los ganaderos de tradición o los que se vieron obligados a serlo porque no pudieron seguir sembrando algodón en el Cesar, o arroz en el Tolima grande, o quienes se dedicaron a la lechería en el altiplano cundiboyacense cuando la cebada y el trigo se empezaron a comprar en Norteamérica desde hace décadas. ¿Por qué la mayoría de la tierra disponible es ganadera? No es por gusto. Es porque no hay condiciones de desarrollo -otra vez el Desarrollo Rural- para que otros renglones agrícolas sean competitivos.

Pero hay otros nuevos terratenientes legales, con el músculo financiero y político para generar esas condiciones. Son los que les están comprando la Orinoquía a ganaderos quebrados. Son los extranjeros y los grandes grupos económicos, que además son los dueños de la verdadera riqueza del país: de los medios, del sector financiero, de las comunicaciones, de las principales industrias, sin que, por lo pronto, eso moleste a la guerrilla ni a la izquierda. Hoy están concentrados en la tierra, pero ya vendrá el reclamo. Sin embargo, desde nuestra orilla, nos parece encomiable y necesario que estos nuevos jugadores le apuesten a la gran agricultura empresarial y a la ganadería moderna y sostenible, que son las que generan empleo y bienestar. Al Gobierno también le parece muy bien, y lo ha manifestado expresamente. Pero a las Farc no les parece bien, y no podemos olvidar que es con ellas con quienes se está negociando el desarrollo rural.

De otro lado, están los terratenientes ilegales, los despojadores. Es la guerrilla, aunque niegue cínicamente su despojo sistemático. Son los paramilitares, que le han puesto conejo a la restitución incorporada dentro de la Ley de Justicia y Paz; y son los narcotraficantes, es decir, las bandas criminales y todos los anteriores, que despojaron a destajo para asegurar control territorial y habilitar los corredores de la droga, porque todos, guerrilleros y paramilitares, se convirtieron al narcotráfico para financiar el terror.

Esta tierra -se habla de entre 4 y 5 millones de hectáreas despojadas o malvendidas por la fuerza del terror-; esta tierra -repito- debe ser restituida a sus dueños originales, la mayoría pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

Antes que pensar en un programa de choque para redistribuir la tierra de quienes la poseen legítimamente, el Estado tiene el compromiso, aún pendiente, de hacer cumplir la Ley de Extinción de Dominio, que hasta la fecha no ha pasado de ser un rey de burlas.

Antes que pensar en doblegar a los poseedores legales para redistribuir sus tierras, atendiendo las exigencias de la guerrilla y de la izquierda radical, el Estado tiene la tarea gigantesca de hacer cumplir la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual, dicho sea de paso, los ganaderos apoyamos sin reservas.

Antes de pensar en crear más minifundio expropiando a los propietarios legales, como pretende la guerrilla, el Estado tiene la tarea inmensa de brindarles condiciones a los minifundistas ya existentes, campesinos en todas las regiones del país, que malviven de la pequeña agricultura y de la ganadería de subsistencia. A ellos, y a quienes les sean restituidas sus tierras, hay que llevarles vías, riego, crédito, asistencia técnica, tanques de frío, mecanismos de asociatividad y de conexión con los mercados. Otra vez el desarrollo rural, la enorme deuda con el campo colombiano.

No es miope, como afirma el ministro de Agricultura, negarse a validar que se negocie nuestro futuro con quienes destruyeron nuestro pasado. Sí es miope pensar que los problemas de la paz y de la pobreza se solucionan simplemente repartiendo tierra. Pero si así fuera, si el Estado colombiano comparte esa posición, pues debe aplicarse a restituir las tierras del despojo y a distribuir las tierras fiscales, pero no a quitarle a unos su propiedad legítima para dársela a otros. Debo reiterar que el Gobierno insiste en que así no será -y le creo, pero también debo recordar que las Farc dicen lo contrario, y están sentadas en una mesa de negociaciones, como alta parte contratante, con un Gobierno presionado por alcanzar el anhelo nacional del fin de la violencia.

No estamos atravesados como vaca muerta en el proceso de paz, como dice el ministro del Interior. Debo reiterar hasta el cansancio mi afirmación inicial: los ganaderos no somos enemigos de la paz, porque hemos sido las principales víctimas de la guerra. Es más, si realmente la paz de Colombia pasara por la posición de Fedegán y de los ganaderos, como afirman falazmente quienes pretender distraer al país de sus verdaderos problemas, los ganaderos no dudaríamos un segundo en sentarnos también con las Farc.

Pero lo que se pretende es seguir levantando una cortina de humo para desconocer con cinismo a sus víctimas, para tapar sus delitos de lesa humanidad con una negociación que compromete seriamente al Gobierno y a la justicia colombiana con tratados internacionales vigentes; una negociación que legitima su posición deliberante, ya otorgada cuando se permite la discusión en la mesa del Desarrollo Rural Integral. Lo que se pretende es hacer demagogia con el discurso agotado de la tierra, para seguir estigmatizando y azuzando la lucha de clases.

Por eso no estuvimos en el foro. Porque no queríamos ni podíamos legitimar a nuestros verdugos. Es algo que les debemos a nuestras víctimas. No estuvimos porque no tenemos propuestas para este foro, pues -ya lo dije- no podemos estar de acuerdo en que se negocien con las Farc los temas de la tierra y el desarrollo rural. Nuestras propuestas sobre la actualización catastral, sobre la reorganización de la producción agropecuaria y la utilización de la tierra; nuestras propuestas para actualizar la red vial terciaria; nuestras propuestas sobre la reconversión y modernización ganadera; nuestras propuestas para evitar la quiebra de 300.000 productores de leche amenazados por el TLC con la Unión Europea; en fin, todas nuestras propuestas sobre desarrollo rural se las hemos hecho públicamente al Gobierno.

No estuvimos en el foro porque las Farc lo que quieren es legitimidad para decidir con el Gobierno nuestro futuro, y nosotros creemos que no la tienen, que no la merecen y que nosotros, sus víctimas, no vamos a contribuir a que la ganen con nuestra presencia.

Lo que las Farc quieren es hacerse a una carta de presentación para dialogar y transformar el campo y la producción agropecuaria a su imagen y semejanza. A lo que nosotros aspiramos, lo que quiere el país, es que abandonen sus posturas cínicas para encubrir el terror con que alimentan sus pretensiones. Lo que el país quiere es que entreguen las armas, los secuestrados, que reconozcan a sus víctimas y paguen por sus delitos, dentro de un sistema de justicia transicional que no propicie la impunidad y consulte los tratados internacionales suscritos por Colombia.

El país quiere el fin de esta noche larga de violencia. El país quiere que se reincorporen a la sociedad, y nosotros también lo queremos, porque somos parte de este país; pero no estamos dispuestos a pagar ese anhelo con nuestro futuro. Si estuviera sobre la mesa el desarrollo industrial del país, los industriales hablarían más fuerte que nosotros mismos. Si estuviera sobre la mesa el desarrollo comercial del país, o en tela de juicio y también sobre la mesa la concentración de la propiedad de los medios, del sector financiero o de las comunicaciones, estos sectores despertarían de su indiferencia.

Pero lo que está en juego y sobre la mesa es el desarrollo rural, y por ello no se puede satanizar nuestro derecho al desacuerdo. Sabemos que muchos colombianos nos acompañan en esta posición, pero callan para evitar la estigmatización que hoy estamos sufriendo como nunca. De los representantes de la izquierda radical, que siempre nos han atacado, no esperamos nada. De los ministros de Estado esperamos respeto; siempre lo hemos tenido hacia el Gobierno.

Algún día tendremos censo agropecuario, y se develará la realidad sobre la tenencia de la tierra. Algún día el país entenderá que no estamos en contra del acceso a la tierra a la población campesina, pero también entenderá que la sola propiedad de un pedazo de tierra no saca de pobre a un campesino. Que son las condiciones para hacerla productiva, sumadas a la educación, la salud, la vivienda digna y el bienestar en general, lo que sacan de pobre a un campesino. Es el desarrollo rural integral que siempre hemos pedido, el desarrollo rural que nunca ha logrado voluntad política ni recursos, y hoy, como por ensalmo, se pretende negociar con quienes han destruido los pocos intentos por alcanzarlo.

Algún día, más temprano que tarde, por convicción, por solicitud de los ciudadanos de bien o por exigencia de la guerrilla, Colombia tendrá una política pública de desarrollo rural integral, so pena de perder las oportunidades que hoy se ofrecen y, por el contrario, ser arrasada literalmente por la globalización.

Algún día el país podrá conciliar los valores de la producción campesina con las exigencias de la producción empresarial de gran escala, ambas de gran importancia para la estabilidad económica y social del campo colombiano.

Algún día este país le pagará la deuda al campo, la única manera de erradicar a los violentos, de acabar con la vergüenza del narcotráfico y de construir un mejor futuro para todos.

Estas, apreciado señor Moro, son nuestras razones, que esperamos se hagan públicas. No son taquilleras y esperamos que no se conviertan en una lápida más, por cuenta de quienes ya asesinaron a un presidente de Fedegán e intentaron asesinar a su sucesor. Nuestras razones no son un aporte a la discusión de los temas propuestos, porque -le reitero- nunca estaremos de acuerdo en que esos temas puedan o deban ser negociados con las Farc. Ese es nuestro desacuerdo fundamental.

Reciba nuestro cordial saludo,

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Presidente Ejecutivo