El antiguo abogado de Víctor Carranza, convertido hoy en magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es el ponente para resolver en casación el expediente por la masacre de Mapiripán. Todo sucede unos días después de la publicación de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos que señalan al llamado zar de las esmeraldas como el verdadero jefe paramilitar de los llanos orientales, zona donde se cometió la masacre.

El hoy magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro Caballero, ha querido atenuar su relación con Carranza diciendo que se trató simplemente de “un vínculo profesional que en algún momento tuve con la oficina de abogados que hace más de diez años representó los intereses del señor Víctor Carranza”.

Sin embargo, una investigación del Equipo Nizkor encontró documentos que muestran que el vínculo fue más allá de lo que el magistrado quiere admitir. La verdad es que el doctor Castro Caballero actuó como apoderado de Víctor Carranza en un proceso por conformación y financiación de grupos paramilitares.

Uno de los documentos que lo prueban es un oficio dirigido al juez del caso, en el que el hoy magistrado se identifica como el defensor técnico de Víctor Carranza.

Otro es una carta firmada por el esmeraldero, durante su detención, en la que autoriza la visita de sus abogados. En esa lista incluye al ahora magistrado Castro Caballero.

Desde luego todas las personas tienen derecho a la defensa y la misión de los abogados es prestar esa asistencia. Lo que no puede suceder -sin menoscabo de la justicia- es que un magistrado resuelva casos en los que puede estar involucrado su antiguo cliente.

Hace unos días la Organización National Security Archive (NSA) reveló una serie de documentos recién desclasificados por las autoridades de Estados Unidos. Estos contienen revelaciones sobre el papel de Víctor Carranza en la conformación y funcionamiento de los grupos paramilitares del llano. Esos documentos también mencionan las alianzas entre esos grupos y miembros de las Fuerzas Militares en la ejecución de las masacres de Miraflores y Mapiripán.

Víctor Carranza ha sostenido que no tuvo relación con esos escuadrones paramilitares que –por extraña casualidad- eran llamados “los carranceros”. Esa misma banda criminal, que cometió múltiples matanzas, se desmovilizó rebautizada como Autodefensas de Meta y Vichada.

Los documentos del gobierno de Estados Unidos dan cuenta de un supuesto involucramiento del zar de las esmeraldas en actividades de narcotráfico y establecen la razón por la cual los procesos judiciales contra él no han prosperado.

Un cable de la Embajada de Estados Unidos en 1996, cita a una fuente que explica que en ese momento había dos procesos abiertos contra Víctor Carranza. En el primero, ninguno de los testigos se atrevía a hablar. En el segundo, todos los testigos habían muerto.

Michael Evans, director del proyecto de documentación para Colombia del NSA, escribió un artículo para el portal verdadabierta.com en donde resume los principales hallazgos en los documentos desclasificados.

Allí se habla de un jefe paramilitar de los llanos con influencia en numerosos departamentos de Colombia, que contaba con aliados en las Fuerzas Militares y que actuaba en combinación con los hermanos Castaño Gil. Ese misterioso cabecilla, que de acuerdo con un despacho estadounidense de 1997 habría admitido ser el autor de la masacre de Miraflores, es identificado en el documento como “Clodomiro Agami”.

Hace unos meses el jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, señaló que Carranza fue miembro de la cúpula nacional de las autodefensas con los Castaño Gil y que era conocido con el alias de “Clodomiro Agámez”.

Señalamientos similares han hecho los paramilitares “Don Mario”, “Monoleche”, Jorge Humberto Victoria y “Pedro Bonito”.

¿Si Víctor Carranza es señalado como jefe paramilitar del Meta y aliado de los Castaño, debe su antiguo abogado pronunciar la última palabra de la justicia sobre el caso de la masacre de Mapiripán?