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Las luchas campesinas por la soberanía alimentaria en Colombia
Freddy Ordóñez / Martes 8 de enero de 2013
 

El contexto de crisis alimentaria y producción capitalista de alimentos

En el año 2008 se hizo visible la llamada crisis alimentaria, como una de las manifestaciones y componentes de la actual crisis del capital, evidenciándose la lógica de maximización de las utilidades que mueve al sistema agroalimentario y la orientación que da el mercado al derecho a la alimentación adecuada. Las principales manifestaciones del derecho a la alimentación como un derecho de mercado, son, entre otras, la incorporación de elementos propios del proceso industrial de producción de mercancías, al proceso de producción de alimentos; la concentración empresarial en el sistema; la generación de externalidades negativas y de una fuerte transformación antrópica del ambiente; la alta concentración de la tierra y la afectación de derechos económicos, sociales y culturales de poblaciones altamente vulnerables como las mujeres y los habitantes de áreas rurales.

La maximización de la ganancia, la necesidad de la competencia, la acumulación basada en la explotación del trabajo asalariado, sobre las que opera el sistema agroalimentario ha llevado a que, a pesar del crecimiento en la agricultura, desde el año 1995 se incremente constantemente el número de personas subnutridas en el mundo, con su pico más alto en 2009, 1.023 millones. Es imperativo señalar que los altos costos de los alimentos son el principal motivo de la subnutrición, a su vez, de manera perversa, el sistema agroalimentario también es responsable de los mil millones de seres humanos que sufren de sobrepeso. Junto a este terrible cuadro, se presenta el enriquecimiento de grandes empresas de la alimentación: “la crisis alimentaria está enriqueciendo a un grupo de inversionistas y corporaciones multinacionales, mientras destrozan a los más pobres y ponen al resto del planeta en una situación de riesgo tanto económica como ambientalmente” (Holt-Giménez y Patel, 2010, 17). La dinámica capitalista global lleva a que nos encontremos frente a un proceso de globalización alimentaria caracterizado por ser kilométrico, petrodependiente, deslocalizado e intensivo (Vivas, 2009), así como a que la agricultura no se oriente a producir alimentos para las personas, sino a la alimentación de los animales y la producción de combustibles. Tal es el caso de cereales como el maíz y la cebada, entre otros cultivos de primer orden.

Es claro que quienes han resultado más perjudicados por el sistema son las campesinas y los campesinos, tres mil millones de habitantes del planeta, que, paradójicamente, corresponden al grueso de la población con carencias alimentarias.

A escala mundial, procesos organizativos del campesinado han incluido en su orientación política y sus planes de acción el paradigma de la soberanía alimentaria, el cual como contrapropuesta al agrobusiness y su búsqueda de beneficio económico por encima de las necesidades alimentarias de las personas y el respeto al ambiente.

En Colombia, las manifestaciones de la crisis alimentaria son evidentes y alarmantes, y tienden a empeorar si continúan las políticas económicas, agroalimentarias y rurales en la misma línea: La información disponible a 2008 indica un porcentaje de personas en pobreza extrema (indigencia) en la zona rural del país de 32,6%, frente al 13,1% estimado para la cabecera. En cuanto a pobreza el informe indica que la zona rural para el 2008 presenta un 65,2% de personas en pobreza, mientras que el área urbana tiene un 39,8%. La pobreza va de la mano con la imposibilidad de ejercer el derecho a la alimentación adecuada, un 57,5% de hogares rurales se encuentran en inseguridad alimentaria, mientras que un 38,4% de los hogares urbanos lo están. En total el 12% de los colombianos (unas 5 millones de personas) se encuentran en condiciones de desnutrición[1]. La última Encuesta Nacional de Situación Nutricional reveló que, a 2010, el 51,1% de todos los adultos tienen sobrepeso u obesidad, lo que implica el 5,3% más con respecto a las cifras de hace cinco años. En niños y adolescentes, uno de cada seis tiene sobrepeso. El problema del sobrepeso en el país está asociado con cambios en la alimentación, que se ha inclinado hacia las comidas chatarras y rápidas, los embutidos y las bebidas gasificadas y azucaradas.

Estos cambios están atados a la implementación del libre comercio alimentario: en el periodo reciente se ha presentado una duplicación del aporte de los alimentos importados al total suministrado diariamente per cápita, de 10,1 a 19,6% entre 1991 y 2001; y fueron más elevados los porcentajes por grupos de alimentos: 50,5% en los cereales; 42% en aceites y grasas y 60,5% en leguminosas (Varón, Díaz y Donado, 2008).

Lo anterior aunado, entre otros, a la pérdida de área productiva de alimentos como consecuencia del despojo y abandono de tierras por la población campesina desplazada forzadamente, la implementación de grandes monocultivos y acaparamiento de tierras en el país, la puesta en marcha de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, la continuidad de la confrontación armada, la oposición visceral de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, a la redistribución y cambio en el uso de la tierra. En este contexto es que han debido desarrollarse las luchas campesinas en el país.

La soberanía alimentaria y las variaciones en las luchas campesinas en Colombia

Los enfoques y derroteros de las luchas campesinas han sufrido una serie de modificaciones o variaciones en el último periodo, tanto a nivel global, como regional y nacional, particularmente desde finales del siglo XX, y como respuesta a lo que fue la puesta en escena en América Latina de políticas de corte neoliberal, especialmente las agrupadas en el Consenso de Washington.

Para el caso Latinoamericano existe, según diversos autores, una marcada variación entre las luchas y movimientos campesinos iniciados con la revolución mexicana y que se alargaron hasta los años ochenta, y aquellas luchas que surgieron o abarcan la última década del siglo XX y lo corrido del siglo XXI, lo que llevaría a identificar dos momentos del accionar y las reivindicaciones de los campesinos en nuestra región: el primero, tendría como eje de acción el acceso y tenencia de la tierra y la reforma agraria, ésta última, entendida de manera simple como distribución de tierra y acceso a créditos y políticas de producción agrícola[2]. El segundo, tiene como particularidades una mayor cualificación y fortalecimiento organizativo y político, y la articulación trasnacional, al punto de poseer una agenda política propia: la soberanía alimentaria (Gascón, 2011; Martínez y Rosset, en prensa).

En Colombia las reivindicaciones campesinas estuvieron ligadas en un primer momento, a la lucha por el acceso a la tierra, la reforma agraria y mejora en condiciones laborales para jornaleros; posteriormente, a mediados de los años ochenta se incorporó la exigencia por el respeto y garantía a derechos humanos, como la vida, la participación política, la libertad de asociación y la integridad personal; en un tercer momento, se han sumado elementos como la lucha por el reconocimiento de la titularidad de derechos y de la importancia social, político y económico del campesinado (incluyendo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como víctimas del conflicto), y el rechazo al modelo económico y al modelo de desarrollo.

De estos nuevos movimientos campesinos o de este nuevo momento de las luchas campesinas, es fundamental destacar la construcción conceptual de la soberanía alimentaria, que, en su momento, se plantea para un escenario que requería la presentación de una alternativa a la seguridad alimentaria, no obstante sus dimensiones actuales llevan a identificar en la soberanía alimentaria el paradigma agroalimentario alternativo al modelo de producción agroindustrial y empresarial capitalista.

La seguridad alimentaria se propuso como concepto en el año de 1996, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO, que convirtió la seguridad alimentaria en un objetivo explícito de la ONU. Este concepto venía construyéndose desde inicios de 1940, y durante la década de 1970, se plantea como preocupación internacional ante la crisis del petróleo y en su origen no se vincula directamente con el derecho a la alimentación. La crisis alimentaria de 1974, relacionada con el aumento del precio de los granos después que los Estados Unidos vaciaran sus stocks de excedentes que habían sido la base de los programas de ayuda humanitaria (Vivas, 2011). El Plan de Acción de 1996 indica que se presenta seguridad alimentaria cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta definición da cuenta de la trascendencia del acceso y la calidad de los alimentos para el bienestar y el desarrollo de la vida, pero presenta varias falencias y limitaciones determinadas por la no manifestación expresa o consideración de otros conceptos claves en la construcción discursiva del derecho a la alimentación adecuada. La seguridad alimentaria, como noción, ha sido desposeída de sus contenidos y muchas veces ha sido usada, precisamente, para profundizar la inseguridad alimentaria. Llegando a ser “un paraguas muy amplio donde pueden caber distintas actitudes: se trata de garantizar alimentos suficientes para todos, pero no se dice cómo, ni cuáles, ni de dónde deben proceder. Tras la seguridad alimentaria se plantean a menudo importaciones de alimentos, ayudas humanitarias y otras acciones que, sin ir al fondo del problema, constituyen, en el mejor de los casos, el típico pan para hoy y hambre para mañana” (Montagut y Dogliotti, 2008)[3]. Actualmente, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CFS, y la FAO (en uno de sus objetivos estratégicos) usa el término “seguridad alimentaria y nutrición”, aunque el CFS en su 39º periodo de sesiones, llevado a cabo entre el 15 y 20 de octubre de 2012, recomendó la adopción del término seguridad alimentaria y nutricional.

La soberanía alimentaria surge paralela a la Cumbre del 96, y se origina en los habitantes de la ruralidad, particularmente en los millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo, muchos de ellos organizados en el movimiento internacional Vía Campesina, plataforma que define la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Se fundamenta en el desarrollo de un modelo de producción campesina sostenible que favorezca a las comunidades y su ambiente, y sitúa las aspiraciones, las necesidades y las formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas. La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y el consumo local de alimentos, proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales de las importaciones baratas y de controlar la producción, y garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de quien produce alimentos y no del sector empresarial (Vía Campesina, 2011).

Dentro de los elementos esenciales que presenta la soberanía alimentaria y que son intrínsecos de ésta, se encuentra la posibilidad de tomar decisiones en materia alimentaria sin la intervención, injerencia o subordinación a poderes –políticos y/o económicos- ajenos al propio pueblo, comunidad o país sujeto del derecho a la alimentación[4]. Lo anterior permite afirmar que el ejercicio de la soberanía alimentaria implica a su vez el ejercicio de la autonomía alimentaria, de allí que cuando los movimientos sociales agrarios -específicamente las organizaciones campesinas- reivindican la soberanía alimentaria, están reivindicando la autonomía alimentaria como parte de ésta[5].

Es necesario aclarar que la soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, sino que más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables (Vivas, 2011).

La preocupación sobre la sustentabilidad del sistema agroalimentario ha saltado a la vista a partir de problemáticas como el cambio climático y el calentamiento global, en lo cual la agricultura tiene un punto en contra y otro a favor: la actual agricultura industrial significa un deterioro ambiental sin precedentes, su balance energético es totalmente insostenible. Lo que ha llevado a que sea este tipo de agricultura una de las principales causas del cambio climático. Por el contrario, la agricultura campesina, basada en una clara sustentabilidad ecológica, es una propuesta imprescindible para enfrentar el problema. Esa sustentabilidad ecológica de la agricultura campesina encuentra su mejor expresión en la agroecología, la cual está íntimamente relacionada con la soberanía alimentaria. Miguel Altieri y Clara Nicholls (2010) afirman que la soberanía alimentaria constituye la única alternativa para promover circuitos locales de producción-consumo y acciones orga¬nizadas para lograr tanto el acceso a la tierra, como agua y agrobiodiversidad, entre otros, recursos clave que las comunidades rurales deben controlar para poder producir alimentos con métodos agroecológicos.

La evolución conceptual que ha presentado la Soberanía Alimentaria en estos más de diez años de haber sido formulada, ha implicado que está no sea entendida como “un mero pliego de reclamaciones o un recetario de buenas prácticas, sino que es el constructo teórico de una propuesta que integra todos los elementos que participan en el proceso productivo agropecuario y en la vida rural […] y lo hace reclamando el reconocimiento de derechos […], y sólo secundariamente capital para la producción. Y es que se trata de una propuesta política, y no de un modelo productivo o de una estrategia destinada a acceder a recursos financieros públicos” (Gascón, 2011: 237).

El campesinado colombiano ha creado, en el periodo reciente, apuestas basadas en la soberanía alimentaria[6], destacándose: las Zonas de Reserva Campesina, los Mercados Campesinos en el centro del país y el Proyecto alternativo de Ley de Tierras y Reforma Agraria. Estas han implicado la comprensión de la soberanía alimentaria como: el eje de la territorialidad rural alternativa a la territorialidad del capital; el principio rector que debe guiar las políticas agrarias; y el vértice de nuevos modelos de producción y comercialización de alimentos.

Las zonas de reserva campesina [7] son una iniciativa que tiene su antecedente en las luchas por la tierra adelantadas por los colonos y pequeños propietarios en la región del Caguán y del Parque Natural Serranía de la Macarena, a mediados de los años ochenta, siendo la figura una idea comunitaria de ordenamiento y estabilización territorial, y de titulación de tierras en áreas cuyas características eran la fragilidad ecológica, la biodiversidad, la presencia de cultivos de uso ilícito, y la carencia de presencia estatal e inversión social. La noción original fue complejizándose a partir de las dinámicas del movimiento campesino, hasta llegar a ser parte de la Ley 160 de 1994. En la Ley, la figura se entiende como una herramienta para delimitar la propiedad de la tierra, y estabilizar a campesinos y colonos en zonas de amortiguación de parques naturales y reservas forestales, siendo así concebida en su origen como una estrategia productiva y ambiental.

Entre los años 1997 y 2002 se constituyeron formalmente seis zonas: Guaviare, Pato-Balsillas, Sur de Bolívar, Cabrera, Bajo Cuembí y Comandante, y Valle del río Cimitarra, la mayoría de éstas solicitadas de forma directa por organizaciones campesinas. Hoy en día, en diferentes regiones del país, las organizaciones agrarias han solicitado al Incoder la constitución de reservas campesinas, llegando a estipularse cerca de cuarenta procesos, entre constituidos, en trámite y de hecho.

La figura de zona de reserva campesina, pasa de ser –desde una lectura estrecha- una forma de orientar y regular, productiva y ambientalmente, la colonización, a ser –desde la lectura de las organizaciones campesinas- una propuesta de territorialidad en clave de soberanía alimentaria, contenida en la política agraria.

Es imperativo señalar que, el campesinado ha estipulado que “la concepción de territorio históricamente ha faltado dentro de los procesos de reforma agraria”, de allí que una nueva reforma agraria debe incluir las cosmovisiones de territorio de las comunidades que basan su trabajo en la producción de alimentos y que sostienen una relación respetuosa, armoniosa, especial con la tierra (Foro: Tierra, territorio y dignidad. Declaración Final, 2006). Al proponerse políticas de reforma agraria que reconozcan el derecho al territorio, enmarcadas en el contexto de la soberanía alimentaria, se están proponiendo sistemas agrícolas y de producción de alimentos basados en el campesinado y demás comunidades rurales, se están reconociendo a éstos sus relaciones espirituales y materiales, sus estructuras sociales, y la administración política y social de sus tierras y territorios, sus marcos normativos, fronteras y culturas, entre otros, los cuales permiten identificar diferencias y oposiciones radicales con las lecturas capitalistas del campo, su tendencia a la industrialización y a la empresarización agrícola y campesina, y la territorialidad capitalista.

Las zonas de reserva campesina, han operado –más allá de lo establecido en la Ley- bajo el principio de redistribución, acceso, y control justo, equitativo y sostenible de la tierra y los recursos naturales por parte del campesinado, se han centrado en la agricultura y cría familiar de ganado y especies menores, así como en la pesca artesanal, orientándose la producción de alimentos para los consumos locales y regionales. El direccionamiento de las zonas ha estado en cabeza de agremiaciones campesinas, y se ha caracterizado por la participación y la amplitud, reconociéndose y reforzándose las iniciativas organizativas y políticas del campesinado, como son las Juntas de Acción Comunal, los comités de obreros, los procesos de mujeres, etc., en síntesis, las zonas se han desarrollado a la luz de los postulados de la soberanía alimentaria, constituyéndose en verdaderos ejercicios de construcción de alternatividad territorial, y de libre determinación y autonomía de territorios campesinos.

Mercados Campesinos , MC, es un proceso constituido en el 2004, por siete organizaciones campesinas y comunales de la región central del país, del que participan por lo menos 4.000 personas, de 70 municipios de cuatro departamentos (Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Meta), que se plantea “como una alternativa socio-económica que busca contribuir en la construcción de una política de seguridad y soberanía alimentaria para Bogotá, la región central y el país en su totalidad” (Ordóñez et al., 2011). El elemento central y distintivo del proceso ha sido la comercialización de alimentos de origen campesino en términos de justeza y paridad entre productor y comprador. Cada quince días, en 10 parques de Bogotá, se desarrolla el ejercicio de compra-venta de alimentos. Pero este no es el único campo de acción de Mercados, otra de sus líneas de trabajo lo constituye la incidencia política del campesinado en las políticas agroalimentarias.

De hecho, su origen se encuentra en la incidencia política: cuando se formulaba en el año 2004 la política de abastecimiento y seguridad alimentaria para Bogotá, se dejaba por fuera de ésta al campesino. Las agremiaciones formularon una serie de iniciativas orientadas a ganar reconocimiento y protagonismo en la política pública, las cuales fueron exitosas, al punto de lograr incorporar la soberanía alimentaria como definición adoptada por el Plan (Decreto 315 de 2006), así como otros elementos de la producción y la agricultura campesina. El proceso Mercados, ha presentado resultados importantes, las ventas, por tonelaje, de alimentos en un año, fácilmente han sobrepasado las 400 Toneladas, y han llegado a significar ganancias para el campesinado del orden de los 5 mil millones de pesos. En cuanto a incidencia política este componente ha logrado –además- la inserción en la política pública municipal de por lo menos 50 acuerdos de apoyo a la economía campesina. Así como la construcción de un permanente canal de diálogo con la administración distrital.

Esta propuesta de comercialización alternativa de alimentos, tiene como vértice la soberanía alimentaria, ya que está soportada en campesinos, se presenta en clave de justeza, de proximidad, con mínimos impactos ambientales, diversificada, propone la identificación del campesinado como sujeto central para el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, y difiere de la mercantilización capitalista de los alimentos. Sin duda, Mercados representa la experiencia más grande en América Latina de lo que se conocen como ferias campesinas.

La tercera experiencia emblemática de las luchas campesinas colombianas orientadas por la soberanía alimentaria lo constituye el proyecto alternativo de Ley de Desarrollo Rural y Reforma Agraria , impulsado por las organizaciones campesinas vinculadas a la Mesa de Unidad Agraria, MUA. El proyecto de Ley tiene como objetivo central la soberanía alimentaria, definida como: “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana protección, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Art. 8. Proyecto de Ley Alternativa). La centralidad de la soberanía alimentaria en la propuesta legislativa es fundamental, considerando el estado crítico en el que se encuentra la alimentación en Colombia y la tendencia a empeorar a partir de la implementación de los TLC y los demás componentes del modelo agroalimentario y las formulaciones de extracción de recursos naturales que se están presentando en el país. Esta propuesta está siendo concertada con organizaciones campesinas e indígenas y se enmarca dentro de las luchas internacionales por el reconocimiento de los derechos de las campesinas y campesinos.

El proyecto de ley consta de XVIII títulos y 242 artículos, tiene 37 objetivos y su objeto "es establecer el marco normativo e institucional para el efectivo cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, cuyo precepto impone, como deber del Estado, garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades rurales, la priorización del Estado hacia la producción de alimentos como única garantía del derecho de toda persona a una alimentación adecuada y un ejercicio pleno del poder soberano del pueblo; estableciendo las bases para un desarrollo rural, armónico, sustentable y sostenible entre la población y el medio rural, procurando de manera progresiva el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de los hombres y mujeres del sector, y la equidad social, en el marco de una justa redistribución de la tierra y una adecuada distribución por los recursos del territorio, basados en una planificación estratégica y democrática, participativa, con plena observancia y respeto por la dignidad humana, la conservación de la biodiversidad y protección ambiental" (Art. 1. Proyecto de Ley Alternativa).

Esta iniciativa legislativa se muestra como novedosa, en el entendido de que son los campesinos quienes se han pensado la política agraria y han generado una propuesta propia, con una construcción discursiva que incluye el entendimiento de la soberanía alimentaria como principio que permite la gestión del espacio rural. Esta iniciativa goza del respaldo de 22 organizaciones y 6 plataformas campesinas. Sin duda, un hito en las luchas agrarias colombianas.

Dentro de los elementos del proyecto legal interesantes para el análisis está la construcción de una definición propia de “desarrollo rural integral”, el cual estaría orientado a la mejora del nivel de vida de las comunidades rurales, su participación, la transformación de las estructuras rurales sobre la base de la equidad y la sustentabilidad. Esta definición se desmarca de la tradicional lectura de “desarrollo rural integral” que está ligada a la revolución verde y a las políticas implementadas desde los años setenta, que veían en el campo un sector “atrasado” el cual debía ser desarrollado a partir de su conversión al capitalismo. El proyecto igualmente incorpora una definición de “reforma agraria integral” muy de la mano con el anterior concepto y enmarcada dentro de los presupuestos de la soberanía alimentaria, teniéndose claro que, una nueva reforma agraria, debe estar basada en la soberanía alimentaria, tal como lo manifestaron los participantes del foro Tierra, territorio y dignidad, realizado en el año 2006 en Porto Alegre.

Sin duda, estos y otros principios rectores, objetivos y definiciones, contemplados en el proyecto alternativo, se proponen y forman parte de la soberanía alimentaria, tal vez, habría sido más interesante una estipulación conceptual más ambiciosa de ésta –a partir de su reciente consolidación teórica, sus potencialidades y alcances-, para efectos de una mejor técnica jurídica en el proyecto normativo; y siguiendo el ejemplo de países como Ecuador y Bolivia, se podría haber estipulado la soberanía alimentaria como único principio rector de la norma. Así mismo, se podría haber dado otras nominaciones al Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, y al Plan Decenal de Desarrollo de la Agricultura y el Medio Rural.

La mirada holística de la política agraria propuesta por la Mesa de Unidad, es la característica más destacable del proyecto de Ley, que apunta a la comprensión de la soberanía alimentaria como el principio rector de un modelo agroalimentario opuesto capitalismo.

Conclusiones preliminares

Como se observa, estas diferentes iniciativas adelantadas por el campesinado en Colombia tienen como centralidad la Soberanía Alimentaria, la cual como agenda política campesina ha venido desarrollándose conceptualmente y direccionando el accionar del movimiento social rural en el país, lo que se traduce en un quehacer mucho más elaborado y cualificado de las organizaciones.

Los tres casos expuestos son complementarios e interrelacionados, se proponen otra forma de producción y consumo de alimentos, una nueva reforma agraria, así como un modelo distinto de comercialización y de sistema agroalimentario, que tiene como soporte central al campesinado y al consumidor, los dos eslabones más fuertes y esenciales del Sistema. Adicionalmente, las propuestas campesinas tienen no sólo tienen en común el estar orientadas por la soberanía alimentaria, sino que se piensan como apuestas por un modelo alternativo al capitalismo. Las luchas campesinas en Colombia y en el mundo muestran que la soberanía alimentaria es el arma más poderosa que tienen los campesinos para oponerse al capital.

NOTAS

[1] En Colombia unos 5 millones de personas sufren desnutrición, en http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12327421.html

[2] Es importante señalar que existen dos tendencias o modelos claramente establecidos de reforma agraria, el primero, en el que es el Estado el que compra tierra a particulares y la redistribuye entre campesinos; el segundo, en el que el Estado regula el mercado de tierras y ofrece subsidios a campesinos para que estos realicen procesos de compraventa con particulares.

[3] En la misma línea, Samir Amin (en prensa) ha indicado que a los países del Sur global se les ha vendido el concepto de seguridad alimentaria, mientras que los países del Norte (EEUU y la Unión Europea) han adoptado la soberanía alimentaria, esto agenciado por la banca y los organismos multilaterales. La seguridad alimentaria estaría dada para los pueblos del sur por la comida industrial, de masas -rica en harinas y grasas saturadas-, pueblos que, sin soberanía alimentaria, seguirían con una producción agropecuaria para la exportación a los llamados países desarrollados.

[4] Soberanía alimentaria que además de ser un derecho de los pueblos, encuentra origen y sentido en la acepción política de soberanía.

[5] Las organizaciones campesinas colombianas en su mayoría reivindican la soberanía y la autonomía alimentaria como dos conceptos diferenciados pero complementarios. Algunos autores proponen la autonomía alimentaria como una noción alternativa, que va más allá de la soberanía alimentaria (Véase Mantilla, 2004; Mantilla y Morales, 2008). En nuestro criterio, los planteamientos ligados a la autonomía alimentaria, esbozados por académicos y organizaciones, son recogidos por la soberanía alimentaria y han entrado a formar parte de ésta a partir de su dinamismo y evolución conceptual.

[6] Otro tipo de luchas que se han desarrollado por parte del campesinado no son objeto de análisis de este texto, como son aquellas basadas en la protección del ambiente, la participación política electoral, la oposición al libre comercio, el rechazo a la guerra, etc. De igual forma desborda los objetivos y límites de este estudio el abordar las luchas campesinas y agrarias en el siglo XX, sin embargo haremos algunas referencias puntuales a parte de ellas.

[7] Con base en Ordóñez (2012).

FUENTES

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En Colombia unos 5 millones de personas sufren desnutrición, en http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12327421.html

GASCÓN, Jordi (2011), “¿Del paradigma de la industrialización al de la Soberanía Alimentaria? Una comparación entre los gobiernos nacionalistas latinoamericanos del siglo XX y los pos-neoliberales a partir de sus políticas agrarias”, en Gascón Jordi y Montagut Xavier (coords), Estado, movimientos sociales y soberanía alimentaria en América Latina ¿Hacia un cambio de paradigma alimentario?, Quito, Flacso, Icaria y Xarxa de consum solidari. pp. 215-259.

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