El contralor general, Julio César Turbay, dijo que contra el Ministerio de Agricultura existe un pleito por las tierras de Oriente que asciende a $595 billones.

El contralor general de la República, Julio César Turbay Quintero, advirtió ayer que las pretensiones de las demandas contra la Nación ascienden a $689 billones.

Para tener una idea clara de la cifra, con estos recursos se podría llevar a cabo la construcción de 49 obras de la magnitud de la Ruta del Sol, la cual tiene un costo de $14 billones.

Según el Contralor, del total de los recursos comprometidos, $595 billones están relacionados con un proceso contra el Ministerio de Agricultura por el ‘pleito de las tierras de Oriente’, el cual fue fallado en primera instancia a favor de la Nación.

“El fallo en primera instancia no es suficiente ni definitivo y solamente se podrá tener plena certeza del resultado el día que termine el proceso, mientras todo tiene que figurar legalmente en el balance general de la Nación, en las cuentas de orden”, dijo el funcionario.

Al descontar este litigio, el monto se ubica en $95 billones, equivalentes al 20% del Producto Interno Bruto (PIB).

Dentro de esa suma, las entidades del orden nacional registran demandas por $81 billones, mientras que en los entes territoriales el monto llega a $14 billones.

Turbay Quintero explicó que el país debe tener en cuenta que aún hay muchas demandas que no se han efectuado por parte de los ciudadanos.

Entre los sectores que más recursos han comprometido están: defensa, justicia y seguridad, que suman $33 billones, es decir, una cifra equivalente al 38% de los registros del orden nacional.

Le siguen los sectores de infraestructura, telecomunicaciones y comercio exterior, con unas pretensiones por $21 billones.

Asimismo, el sector de minas y energía presenta procesos por $15 billones, 17% del orden nacional.

Para evitar un mayor descalabro del erario, el Contralor sugirió la creación del viceministerio de Defensa Jurídica del Estado y el fortalecimiento de las oficinas jurídicas de las entidades públicas, para capacitar a los funcionarios y evitar que incumplan la normatividad y convertir la conciliación en una cultura.

Sentencias

El ente de control estima en cuatro billones de pesos las sentencias en contra del Estado que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre las sentencias de esta Corte, se recuerda la condena por la masacre de 19 ciudadanos en Ituango (Antioquia), cometida por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 1997, la cual alcanza los US$1,5 millones.

También se recuerda otra compensación por la masacre en Puerto Boyacá de 19 comerciantes, que representó para el Estado US$ 6,5 millones.

De otro lado, el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Defensa cancelar cinco mil millones de pesos por el asesinato de siete ciudadanos en La Gabarra (Norte de Santander), en 1999.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sentenció a la cartera de Defensa a pagar $44.750 millones a 120 desplazados por las acciones de las AUC en La Gabarra, entre mayo y agosto de 1999 y que dejaron por lo menos 27 campesinos muertos.

“Hay un cartel de jueces y abogados”

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, denunció la existencia de un cartel de jueces y abogados dedicados a defraudar al Estado a través de demandas.

El funcionario aseguró, que durante los próximos días se dará a conocer a la opinión pública la primera individualización por este motivo.

El Procurador afirmó que hasta el momento se han presentado 24.211 solicitudes de conciliación, de las cuales 6.260 han sido revisadas. En 1.242 de ellas se alcanzaron acuerdos.

Las pretensiones económicas llegaban a $102.364 millones y la cuantía acordada fue de $41.944 millones, con lo cual se logró un ahorro de $70.420 millones.

Carencias en la defensa

Frente a las denuncias sobre las millonarias demandas contra el Estado, el auditor General de la República, Iván Darío Gómez Lee, señaló que la omisión para subsanar las carencias que todavía existen en la adecuada defensa judicial de erario público es responsabilidad de cada entidad pública nacional o territorial con personería jurídica.

“Es una responsabilidad específica de cada abogado, a quien se le confiere poder o mandato de llevar la representación judicial, con independencia del funcionario de planta o un particular”, afirmó el Auditor General de la Nación.

En pocas palabras

"La suma de las demandas contra la Nación puede aumentar porque existen muchas acciones que no se han formulado". Julio César Turbay, contralor General de la Nación.

Fuente: Colprensa