El estado colombiano ha implementado históricamente políticas y prácticas contrarias a la soberanía y al bienestar popular, garantizándole a las empresas transnacionales el saqueo de los recursos naturales, el control territorial y la explotación y precarización de los trabajadores, generando todo tipo de daños ambientales, materiales, morales, individuales y colectivos, que han puesto en riesgo o mayor vulnerabilidad a cientos de comunidades.

Esta situación se ha visto agravada por la comprobada participación de varias empresas multinacionales en el conflicto colombiano, aprovisionando con armas, dineros y otros recursos materiales a los grupos armados legales e ilegales del estado, responsables de miles de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, beneficiándose directamente de crímenes como el desplazamiento, el etnocidio, la tortura, la desaparición forzada.

Ante esta realidad y la impunidad en la que permanecen estos crímenes, un número importante de comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, organizaciones sindicales, populares, de mujeres, jóvenes y defensoras de derechos humanos en Colombia, apelando a su derecho a la justicia, han presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos un proceso de 17 audiencias preliminares nacionales e internacionales y 6 audiencias especializadas (sectores: agroalimentario, petrolero, minero, biodiversidad, servicios públicos y por los crímenes contra comunidades indígenas), en la que se evidencia la responsabilidad de varias empresas y gobiernos en estos crímenes.

Las empresas acusadas por sus políticas y prácticas en Colombia son: Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, Oxy, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, BHP Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Multifruits S.A. – Delmonte, Pizano S.A y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A, Dyncorp, Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, Telefónica y TQ3.

De igual manera serán acusados, por sus acciones y omisiones, los gobiernos de Colombia y de aquellos países donde reposan las casas matrices de estas empresas.

La recuperación de la memoria histórica, la búsqueda de la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, el fortalecimiento del movimiento social, la reconstrucción de las organizaciones y contribuir a la búsqueda del bienestar, son algunos de los objetivos de este proceso que inició en Berna (Suiza) en noviembre de 2005 y culmina en su primera fase con la audiencia deliberante en Bogotá los días 21, 22 y 23 de julio de 2008 con el fallo final.