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La huelga de la USO y la política petrolera Silvia Juliana Becerra Ostos
Los yariguíes (aborígenes de las tierras barranqueñas), sin conocer el valor mercantil del oro negro, lo habían defendido de los españoles en La Tora, ya que descubrieron que era útil para curar sus heridas, para fortalecerse físicamente y para protegerse del poderoso astro rey. A principios del siglo XX, muchos pobladores/trabajadores encontraron la muerte defendiendo de la Tropical Oil Company nuestro suelo y los recursos del subsuelo. La compañía, para ese entonces, ya había descubierto las riquezas económicas que estas tierras generarían. Se necesitaban muchos brazos y mucho trabajo para consolidar una empresa en el entonces caserío; llegaron así pobladores de todas las esquinas del país en busca de empleo y bienestar para los suyos. Así mismo, llegaron mujeres prestas a colaborar con las actividades propias que generaban los nuevos habitantes del lugar. Desde el principio, los salarios que les propinaban a los obreros petroleros no eran acordes con la explotación a que eran sometidos y con los privilegios que obtenían los extranjeros; debido a estas y a otras circunstancias, en 1923 deciden fundar la Unión Obrera para exigir condiciones mínimas de trabajo digno, la cual luego se consolidaría, dando paso a la Unión Sindical Obrera, USO. Este fortalecimiento dio su mayor fruto en 1951 con el proceso de nacionalización de la industria del petróleo y la creación de Ecopetrol, la cual nace bajo la premisa de que así como el petróleo es colombiano, las riquezas que de él se generan deben ser destinadas al bienestar y desarrollo de los colombianos. Esto se traduciría en soberanía y desarrollo para el país. A Ecopetrol la podemos llamar nuestra gracias a la gran lucha que emprendieron los obreros en la USO, quienes fueron capaces de reivindicar al trabajador como transformador y productor, y por ende dueño de todo aquello que con sus manos crea. La USO, sindicato de los trabajadores de la Empresa, desempeña un papel central en la participación social y en las iniciativas en diferentes ámbitos sociales, pues en Barrancabermeja ser obrero no es sólo una cuestión laboral, sino que también este hecho adquiere una dimensión política, dado que se asume la defensa de la nación y sus recursos. Las relaciones de la USO con la comunidad se dan de manera directa e inmediata, con la lucha por derechos específicos o reivindicaciones concretas; o de manera indirecta, con el beneficio para otros sectores urbanos, que son favorecidos de una u otra forma por la convención colectiva entre la USO y Ecopetrol. En las décadas de los años 60 y 70, la USO se constituye como núcleo de las reivindicaciones civiles de Barrancabermeja, con un momento cumbre en las luchas cívicas de finales de la década de los 70, y con el Paro Cívico Nacional de 1977. En este periodo, la USO se consolida como dinamizadora de la movilización social regional. Sobre la política petrolera En la industria petrolera se realizan cinco tipo de actividades: refinación; producción de crudos y gas; exploración y sísmica; transporte a través de oleoductos e infraestructura; y petroquímica. La presencia de Ecopetrol en Barrancabermeja, a nivel industrial, se encuentra básicamente en la refinería, la explotación de crudo en El Centro y en Barrancabermeja, y en los oleoductos y demás infraestructura. Pero la empresa también hace presencia a nivel "externo", en la relación de la empresa con la comunidad; en la firma de contratos y subcontratos con otras empresas; en la relación con las demás industrias y campos de la economía articulados al petróleo; y en la ejecución de programas y proyectos sociales.
En Colombia, "El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables". (Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 332). La política petrolera la define el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Ecopetrol, que es la empresa encargada de ejecutarla. Sin embargo, la realización de las actividades de exploración y explotación se desarrollan mediante varias modalidades: La operación directa: realizada por Ecopetrol con sus propios recursos; la operación asociada: llevada a cabo entre Ecopetrol en trabajo asociado con las compañías privadas; y la concesión: en la cual las empresas privadas asumen en su totalidad la explotación, con contratos limitados que, en principio, revierten a la nación (de entre 30 y 80 años). En la década de los 70, se inicia el sistema de contrato de asociación, con la Ley 20 de 1969, que repartía el producto de la explotación de la siguiente manera: 20% para regalías, 40% para Ecopetrol, y 40% para la multinacional. De las regalías, salen recursos para el municipio, el departamento, y la nación. En el contrato de asociación, Ecopetrol financia las inversiones y los costos por igual, de manera que ante el estado, tanto Ecopetrol como las multinacionales se sitúan de igual a igual, como si fueran dos empresas del mismo carácter. Por eso, a pesar de que constitucionalmente los recursos naturales como los hidrocarburos son propiedad del Estado, en la práctica su apropiación es tanto estatal como privada, como producto del sistema de exploración y explotación. Las actividades de refinación, la petroquímica, la comercialización de gasolina, y el transporte de hidrocarburos y derivados no son incentivados por el estado colombiano, dejándolas paulatinamente en las manos de las compañías multinacionales y del capital privado. Además, desde los últimos gobiernos, se está incentivando la exploración privada, en detrimento de la labor estatal de Ecopetrol. Con respeto a las regiones donde se explotan los recursos, la Constitución contempla: "Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones". (Artículo 360). Sin embargo, los recursos provenientes de las regalías se enfocan básicamente a la construcción de infraestructura en las regiones, como carreteras, redes de comunicaciones, electricidad, etcétera, lo que facilita principalmente la explotación por parte de las multinacionales de los recursos como el petróleo, mientras que otros aspectos centrales como la educación y la salud son dejados en un segundo plano. Tampoco se evidencian políticas programáticas de Ecopetrol o de las autoridades político-administrativas, en el sentido de generar programas y planes en beneficio de las comunidades a largo plazo o en un sentido estructural, sino que por el contrario hasta los últimos años se generó la inquietud en la Empresa de apoyar iniciativas de los sectores organizados en la dirección de consolidar gestiones autónomas y trascender el asistencialismo de las ayudas y programas. Sobre la huelga La necesidad de la defensa nacionalista de Ecopetrol tiene su base en el conocimiento de una Empresa cuyos activos ascienden a 24 billones de pesos, que generan 9.8 billones de ingreso anuales y transfiere 5 billones de pesos al fisco nacional, constituyéndose en la mayor fuente de divisas representada en las exportaciones, y aporta siete mil empleos directos y más de cien mil indirectos, con capacidad importante en la demanda interna. Siendo así, merece ser reconocida y mantenida como factor clave de la economía nacional, y no existe ninguna razón para que la principal empresa colombiana sea privatizada. Álvaro Uribe Vélez e Isaac Yanovich (el judío presidente de Ecopetrol) tienen la decisión de acabar con los derechos de los trabajadores, liquidar la organización sindical y quedar con las manos libres para imponer una política petrolera antinacional. No valió la mediación de sectores democráticos dentro del Parlamento y la iglesia católica, quienes hicieron esfuerzos hasta último momento. En desarrollo de esta política, el gobierno expidió el decreto 1760, que escindió la empresa y le cambió la naturaleza a Ecopetrol, convirtiéndola en una sociedad por acciones. Similares medidas se aplicaron para Telecom y el Instituto de Seguros Sociales. En ambos casos, los trabajadores perdieron todos sus derechos y las entidades están en proceso final de liquidación y privatización. Simultáneamente, el gobierno ha implementado determinaciones en materia de política petrolera, conducentes a la desnacionalización de la industria. También decidió prorrogar los contratos de asociación del gas de la Guajira, y del crudo de Sabana de Torres y Caño Limón, beneficiando a las multinacionales Chevron, Texaco y OXY; dispuso el regreso al contrato de "Concesión Moderna", que concede el 100% de la producción a las transnacionales; entregó los campos de producción directos mediante contratos de crudo incremental y alianzas estratégicas a la OXY, Schulemberger y BP, entre otras; así mismo, anuncia la venta de la refinería de Cartagena y abandona deliberadamente el mantenimiento del Complejo de Barrancabermeja, con el fin de facilitar su desmonte y posterior privatización. La realidad es que se está liquidando y privatizando a Ecopetrol, obedeciendo los intereses de los Estados Unidos, que ha resuelto hacerse al control del petróleo en el mundo, como lo demuestran las intervenciones en Afganistán, Iraq, Venezuela, Bolivia, México... con distintos métodos, pero con el objetivo central de asegurar su aprovisionamiento de crudo. Y entonces, aún previendo las consecuencias económicas y sociales que representan para la débil economía barranqueña, pero contando con el apoyo del pueblo, la USO decidió el 22 de abril "irse a la huelga". La primera reacción del gobierno nacional --como era de esperarse-- fue la militarización de la Empresa y de paso del pueblo, aunque las medidas represivas son ampliamente conocidas por el sindicato (van 490 procesos disciplinarios contra afiliados). No es usual ver al puerto petrolero tan "visitado": llevaron agentes del ya conocido Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad); que lo único que logaron fue generar compasión de parte de la gente, que los veía marchar acalorados y casi desmayados por el calor, portando sus negros uniformes de "robocops". Vemos en los noticieros que hoy en día la implementación de estas formulas sigue siendo lo único viable, por la cual el Estado pretende recuperar (o establecer) su legitimidad, sólo teniendo en cuenta el monopolio de la fuerza armada. ¿Y qué va a pasar con el de la justicia? No con la autoridad que se pretende dar a las FF.MM., para que decidan quien es culpable o no; no la que muestra resultados para no quedarse sin empleo, sino la justicia de una manera integral, esa que no discrimina, que no se hereda, que no se vende, que no espera grandes sumas como recompensa, esa que no se archiva en los juzgados, ni se satura en las cárceles, esa que genera las condiciones económicas, sociales y culturales básicas. ¿Que los trabajadores de Ecopetrol y más aún los afiliados de la USO, son jerarcas de overol, que ganan salarios ostentosos y están desangrando al país? Tan sólo son soñadores que intentan dar a su gran familia mínimas condiciones de bienestar, en un empleo donde se pone en riesgo la salud de una persona. ¿Han visitado ustedes casas de obreros de la Empresa? ¿Tienen acaso algún estilo de mafia o de derroche? En un país donde los derechos humanos no se obtienen por el sólo hecho de ser humanos, como su nombre lo indica: la salud, la educación, la recreación, la cultura; éstos son lujos. ¿No es un derecho de todos los colombianos? Nos negamos a pensar que el pueblo colombiano sea conforme y realmente piense que son lujos los que se tienen y no estén dispuestos a luchar para que estos derechos sean iguales para todos los obreros; y de paso vincular a más familias y se empleen más personas (personal médico y profesores). Tendrían que estar en Barranca en el primero de mayo de 2004; tres años después de que la muerte, el terror y el silencio se apodero de esta tierra. Tendrían que estar allá porque estas fórmulas no pudieron con sus habitantes, con las ganas de cambiar las circunstancias, con la rabia acumulada por el constante saqueo, por quitarle de sus entrañas el fruto de sus esfuerzos. Tendrían que estar en Barranca a 40º centígrados, caminando por tres horas, sudando y gritando "todavía cantamos, todavía pedimos, todavía luchamos"... para saber que sí es posible. Desenlace y perspectivas El viernes 27 de mayo se levantó la huelga. Las negociaciones dieron los siguientes resultados: se acordó la autonomía financiera para Ecopetrol (antes, por el decreto 1760, ésta dependía de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Este decreto no se derogará pero se harán cambios significativos). La Empresa seguirá siendo estatal. Se estudiaran los elementos que se tienen en cuenta para prorrogar los contratos. También se devolverán los pozos que en la actualidad están siendo explotados por multinacionales y pasaran a manos de Ecopetrol. Lo concerniente a los dos centenares (y algo más) de trabajadores que fueron despedidos, la propuesta aceptada por las partes fue la siguiente: se pensionan 75 trabajadores que estaban próximos a cumplir su tiempo de trabajo, y para los demás se establecerá un tribunal integrado por personas de ambas partes para estudiar caso por caso (al parecer enfatizando los antecedentes). Lo más grave es que la USO quedará sin la junta directiva. Ojalá esté todo preparado para que haya un relevo que pueda seguir llevando a cabo este tipo de resistencias tan importantes, en un país al cual sus gobernantes ya le han vendido casi todo... Afortunadamente la dignidad no tiene precio, y los trabajadores continúan desarrollando una valerosa resistencia por la defensa del patrimonio de los colombianos. |
