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Asesinato de un sindicalista a manos de paramilitares
Reseña del libro: Luciano vive
Daniel Edgar / Miércoles 3 de febrero de 2016
 

Un libro recién publicado por el sindicato Sinaltrainal (Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario) describe la búsqueda de la verdad, la justicia, reparaciones integrales y una garantía de no repetición con respecto al asesinato de uno de sus dirigentes, Luciano Enrique Romero Molina, el 11 de septiembre de 2005.

Luciano Romero había trabajado para una filial colombiana (Cicolac) de la multinacional suiza Nestlé en Valledupar desde 1982; también llevaba mucho tiempo como miembro de Sinaltrainal, y con el paso de tiempo se volvió uno de sus dirigentes más conocidos tanto en Valledupar como en el ámbito nacional por la dedicación a sus compañeros y por sus habilidades de organización. También era delegado de Sinaltrainal en sus relaciones con la organización Solidaridad con los Presos Políticos, y el Secretario de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Luciano Romero fue asesinado en Valledupar el 11 de septiembre de 2005 por paramilitares, quienes al parecer habían colaborado estrechamente con oficiales de inteligencia del Estado. Luciano estuvo exiliando en España durante varios meses, a finales de 2004, debido a amenazas repetidas en su contra de parte del grupo paramilitar de la región, aunque regresó para adelantar la lucha para los derechos sindicales y humanos en su cuidad en 2005.

Sinaltrainal se estableció a mediados de los 80 para representar a los trabajadores de la industria alimentaria. Como ha pasado con muchas de las organizaciones civiles y movimientos sociales de Colombia, desde su formación los miembros y el liderazgo del sindicato enfrentaron un asalto sistemático por acciones coordinadas de terror y persecución por parte del Estado (persecuciones y hostigamientos judiciales, burocráticos, políticos y policiales), combinadas con intransigencia, hostilidad, obstrucciones y sabotaje por parte de muchas de las empresas con trabajadores afiliados a Sinaltrainal, además de amenazas de muerte y asesinatos cometidos por parte de “fuerzas oscuras” que han aterrorizado a Colombia a lo largo de las tres últimas décadas.

Las informaciones que han sido reveladas sugieren que tales asesinatos fueron cometidos con más frecuencia por grupos paramilitares de ultra derecha, a menudo también son cometidos por oficiales del aparato de seguridad del Estado, y a veces son sometidos por mercenarios extranjeros. Los grupos armados de extrema izquierda también han cometido muchos asesinatos para lograr sus objetivos; sin embargo normalmente tales asesinatos son muy distintos de los cometidos a través de la campaña de terror estatal, tanto en sus métodos como en los grupos e individuos que son blancos de esos ataques (a pesar de que hay una coincidencia parcial entre ellos, en particular en el campo donde con frecuencia muchas comunidades y líderes sociales son apuntados por ambos grupos de protagonistas).

Como se comenta en el libro de Sinaltrainal, las “inversiones extranjeras” son únicamente ubicadas parea beneficiarse de los conflictos sociales y armados en Colombia con un mínimo de riesgo para ellos mismos:

La estructura del aparato represivo de control prevé la violencia antisindical como elemento fundamental para la consolidación del poder financiero trasnacional, desconociendo los límites impuestos por los Derechos Humanos y de los pueblos, los derechos laborales, y por supuesto el derecho ambiental. Así esta práctica se ejecuta en Colombia como un ataque generalizado y sistemático contra el movimiento sindical ejecutado por una estructura organizada de poder que garantiza impunidad para sus más altas esferas.

La dinámica represiva frente al movimiento sindical se da de manera diversa. Desde la institucionalidad del Estado a través de la estigmatización y judicialización de la actividad sindical, el desconocimiento de la progresividad de los derechos laborales, la precarización del trabajo y en síntesis la puesta del Derecho en favor de los intereses de las grandes corporaciones, en su mayoría extranjeras. Pasando también por actividades propias de la persecución y violencia antisindical que son delegadas a ejércitos paramilitares para ocultar la responsabilidad directa de empresas y por supuesto del Estado…

[Las empresas transnacionales] ya no necesitan de una ocupación territorial, sino de una sumisión de las políticas económicas y de producción al poder financiero trasnacional. En otras palabras la violencia antisindical es un elemento estructural que garantiza grandes utilidades a los conglomerados económicos, arrasando con todo lo que se contraponga a sus intereses.

Esta situación si bien se desarrolla en medio del conflicto armado, no hace parte del mismo, no obedece a sus dinámicas ni tensiones, sino que responde a intereses, generalmente transnacionales, que únicamente se benefician de éste...

La mayor parte de los sindicalistas de Sinaltrainal asesinados eran trabajadores de Nestlé o Coca Cola. Los demás miembros de Sinaltrainal empleados por los dos gigantes de la industria de comidas rápidas han sido sujetos de persecuciones y hostigamientos oficiales, corporativos y extra-legales particularmente intensivas y feroces, intentando destruir esas ramas del sindicato.

Se puede afirmar que por lo menos las dos empresas han hecho el mínimo absoluto posible para denunciar los asesinatos y la persecución de sus empleados e intentar proteger sus derechos y vidas; en algunas ocasiones han surgido evidencias que sugieren que las gerencias de Nestlé y Coca Cola (con la connivencia de oficiales de la embajada estadounidense en particular) han colaborado de manera activa con políticos y burócratas, oficiales de inteligencia y las fuerzas armadas, y grupos paramilitares, para maximizar el efecto de la campaña de persecución y terror librada contra Sinaltrainal y otras organizaciones e individuos.

Por ejemplo entre los materiales revelados a lo largo de las investigaciones de “parapolítica” hay documentos que prueban que hubo una reunión el 25 de julio de 2005, menos de dos meses antes del asesinato de Luciano Romero, entre el sub-director del DAS y el coordinador del Grupo Especial de Inteligencia G3 (establecido para coordinar la campaña de persecución y terror llevado a cabo contra los oponentes de las clases dominantes y la presidencia de Álvaro Uribe). Entre otras tareas acordadas en dicha reunión los oficiales arreglaron la preparación de ofensivas de inteligencia contra Hollman Morris (un periodista independiente) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (a través de la infiltración de las empresas de aseo y seguridad contratadas por el colectivo), y ordenaron la preparación de una presentación sobre “el caso Coca Cola Sinaltrainal para oficiales de la embajada de los Estados Unidos”.

A pesar de los obstáculos y riesgos el sindicato y la familia de Luciano Romero han logrado algunas victorias significativas en una campaña prolongada buscando la verdad, la justicia, reparaciones integrales y garantías de no-repetición por estos asesinatos. Los autores materiales del asesinato de Luciano Romero (seis miembros del grupo paramilitar de la región) han sido condenados por el asesinato, y el crimen fue declarado un crimen de lesa humanidad en un fallo de 31 de marzo de 2014 de la Corte Penal de Colombia.

También el juez José Nirio Sánchez, de la Segunda Corte Penal de la O.I.T, ordenó iniciar una investigación contra seis directores de Cicolac-Nestlé debido a evidencias de su conocimiento y por posible colusión en las preparaciones para el asesinato de Luciano Romero. Sin embargo la Fiscalía no ha llevado a cabo tales investigaciones, y posteriormente el juez Sánchez fue suspendido de su cargo sin explicación oficial. También una serie de audiencias llevadas a cabo por el Tribunal Permanente de los Pueblos denunciaron el asesinato como un crimen de lesa humanidad y llamaron a las autoridades cumplir sus deberes oficiales y llevar a cabo una investigación verdadera del caso.

No obstante, después del éxito parcial de fiscales y cortes colombianas, han rehusado investigar las evidencias de la colaboración sistemática entre el grupo paramilitar, oficiales del aparato de seguridad del Estado (de inteligencia y fuerzas armadas), y la gerencia de la filial de Nestlé en Colombia. Enfrentado con la imposibilidad de obtener una investigación verdadera y comprensiva para esclarecer los hechos e identificar y condenar a los autores intelectuales y beneficiarios del asesinato en Colombia, con el apoyo de varias ONGs (en particular Multiwatch de Suiza y European Centre for Constitutional and Human Rights) la familia de Luciano Romero y Sinaltrainal han asistido a varias cortes y tribunales en otros países en la búsqueda de verdad y justicia.

Pese a esto los resultados de esas instancias y procedimientos han sido aún más decepcionantes. Iniciaron un trámite judicial en la corte federal de EEUU, el cual fue suspendido cuando Nestlé se comprometió a alcanzar un acuerdo satisfactorio con Sinaltrainal y la familia de Luciano Romero. No obstante Nestlé no cumplió ese compromiso. Luego iniciaron un proceso judicial en tribunales de Suiza (el país donde está ubicada la casa matriz oficial de Nestlé); los fiscales aceptaron registrar e investigar el caso y luego se demoraron casi un año para que pudieran declarar que el estatuto de limitaciones prohibió una investigación oficial del caso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos negó considerar que las autoridades de Suiza habían fallado al cumplir sus deberes oficiales de llevar a cabo una investigación verdadera sin explicar la base de su decisión. Todavía hay una petición pendiente ante la Corte Penal Internacional en la cual el caso del asesinato de Luciano Romero es uno de los cinco casos emblemáticos presentados para solicitar una declaración de la comisión de crímenes de lesa humanidad en Colombia.

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