En enero de 2021, el juez octavo de ejecución de penas de Bogotá protegió los derechos de tres comunidades campesinas, tras reconocer que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estaba imponiendo trabas a la constitución de tres zonas de reserva campesina (ZRC) y, a causa de esto, había vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad material, a la territorialidad campesina y al debido proceso.

Tras saber que la ANT apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, algunas voces expertas —comunidad académica, exfuncionarios públicos que estuvieron en la creación de las zonas de reserva campesina, comunidades organizadas que ya habitan otras ZRC y el Distrito de Bogotá— se pronunciaron a favor de la petición de las comunidades para que se constituyan las ZRC en los territorios, y brindaron argumentos adicionales ante el juez de segunda instancia.

Un llamado urgente

“Las zonas de reserva campesina han sido estigmatizadas por ciertos sectores, pero es una estigmatización injusta. Desde su creación estas zonas fueron pensadas como una herramienta para regular y ordenar la adjudicación de baldíos y evitar la concentración de la propiedad, con lo cual fomenta la pequeña propiedad campesina“, redactó el ex ministro de agricultura y ex Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Antonio Ocampo.

Así, la creación de ZRC podrá impedir de manera definitiva la extensión de la frontera agrícola y, de ese modo, frenar “la especulación predial que es hoy el principal motor de deforestación y transformación de zonas de bosque en pastizales“, como lo señaló en su intervención Juan Pablo Ruiz, profesor de la Universidad Externado y miembro del Consejo Directivo del IDEAM.

La consolidación de estos territorios también permitiría establecer proyectos de restauración ecológica en los suelos. En la intervención de las investigadoras adscritas al Grupo Mutis, de la Universidad del Rosario, se resaltó el interés de las comunidades en el territorio de Sumapaz para establecer prácticas que giren en torno a la protección del agua y del medio ambiente: “el cuidado de la fauna y de los bosques es una de las prioridades cuando se habla de conservación entre el campesinado sumapaceño“.

Esa relación entre el campesinado y el páramo puede ser entendida en clave del patrimonio biocultural de la nación, como indicó el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC. Esta entidad señaló que en el Páramo de Sumapaz se han tejido conocimientos y relaciones especiales con la naturaleza, y que las formas de gobernanza producidas a través del tiempo favorecen una visión integrada de los patrimonios natural y cultural. Todas estas relaciones podrían verse potenciadas a través de una correcta articulación con el Estado para proteger al campesinado y los delicados territorios en los que habitan.

Por último, el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali recordó cómo la creación de las ZRC conllevaría una mejora sustancial de las mujeres campesinas, pues potenciaría su reconocimiento como actoras políticas, económicas y constitutivas del campesinado. Esto, por lo demás, abriría el camino para que más mujeres tengan la posibilidad de ser propietarias, acceder a la educación y al trabajo en condiciones dignas, y logren ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Todo esto, en función de una colectividad que interrelaciona a seres humanos con la naturaleza que habitan.

¿Por qué la tutela está en manos del Tribunal Superior de Bogotá?

El juez de primera instancia dio a la ANT un plazo de máximo 180 días para culminar los procesos de constitución de las tres ZRC. Sin embargo, las instituciones demandadas consideraron que no habían cometido ninguna falta durante los procedimientos de constitución y apelaron la decisión, por lo que la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá tendrá que pronunciarse en segunda instancia.

Frente a esta situación, las comunidades campesinas le han pedido al Tribunal ordenar a la ANT constituir las ZRC en el plazo establecido en la primera sentencia. También, que exija las medidas necesarias para garantizar la ejecución de sus respectivos planes de desarrollo sostenible.

En ningún caso los argumentos de las entidades demandadas desvirtuaron los hechos que generaron la tutela. De hecho, la ANT sí ha puesto trabas adicionales que no corresponden a lo dispuesto en la Ley 160 de 1994, que regula las ZRC. Es más, en el caso de las ZRC de Losada-Guayabero y Güejar-Cafre, las comunidades solo se enteraron de los motivos de la ANT para detener la constitución cuando la entidad respondió a esta demanda.

Asimismo, la ANT desconoció la función de las ZRC al decir que en esos mismos territorios aún se encuentran cultivos de uso ilícito, e ignoró que una de las funciones de estos espacios es lograr la efectiva sustitución de dichos cultivos.

En el caso de Sumapaz, a pesar de que la comunidad, con el apoyo de la Unión Europea, ha efectuado ajustes al Plan de Desarrollo Sostenible después de la delimitación del páramo Cruz Verde-Sumapaz, la ANT ha insistido en que el Plan debe modificarse de nuevo. Esta eventual armonización no es motivo para que se detenga el proceso, pues la protección del páramo no se opone al reconocimiento de la territorialidad campesina; por el contrario, se espera que exista un proceso social organizado en esta región, el cual permita planificar la presencia de campesinos en este lugar y ayude a conservar el ecosistema del páramo.

Por último, reconocemos que el juez de primera instancia desarrolló argumentos sólidos a favor de las comunidades. En primer lugar, destacó que las ZRC hacen parte del núcleo del Punto 1 del Acuerdo de Paz, pues su constitución favorece la paz territorial y establece un espacio propicio para que otros derechos conexos del campesinado se desarrollen. En segundo lugar, declaró que las ZRC son espacios para ejercer la territorialidad campesina, un aspecto elemental para luchar en contra de los procesos de discriminación que se han dado contra el campesinado, en concordancia con los mandatos de la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos, un documento que sirve como parámetro de interpretación de la Constitución de 1991, en virtud del bloque de constitucionalidad.

Esperamos que el Tribunal Superior de Bogotá acoja todos estos argumentos y ratifique la defensa de los derechos del campesinado colombiano.

Aquí puede encontrar todos los pronunciamientos de apoyo.