La tierra que tiene el resguardo El Hacha, en Putumayo, no solo es el territorio donde viven 67 familias de los indígenas del pueblo siona. Para los Zio Bain, como se reconocen en su lengua materna, allí también viven los espíritus de la selva, del río, de los animales, de sus ancestros. Son 6637 hectáreas que representan para ellos la vida, una que han perdido a cuentagotas por la deforestación provocada por los cultivos de coca ilegales y las minas antipersonal de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que los han separado de la selva.

El Hacha es una de las 12 comunidades de los siona, un pueblo indígena que ha vivido hace siglos en la cuenca del río Putumayo que separa a Colombia de Ecuador y Perú. La mayoría de los habitantes de ese resguardo viven en un caserío de casas de madera y techos de zinc, en una loma en la orilla de este río amazónico. El resto de familias vive en los bordes del caño que le da nombre a esta comunidad y que nace en lo profundo del Parque Natural Nacional La Paya: una selva que traslapa con el resguardo y hace parte del territorio ancestral.

Este es el hogar de Néstor*, un joven indígena que habla en voz baja sobre la realidad de su comunidad. “La coca desequilibró todo el tema espiritual. Nosotros no podemos estar tranquilos porque los grupos armados están ahí. Estamos dentro del territorio, pero no podemos andarlo”, dice, mientras sus compañeros del resguardo que lo acompañan asienten con la cabeza, confirmando lo que todos saben.

Es mediodía y Néstor se encuentra en una comunidad siona que no es la suya en medio de la selva del parque La Paya. Los trinos de los pájaros y los aullidos de los monos se mezclan en la conversación, mientras este joven indígena cuenta que cada vez es más difícil encontrar los animales cerca de su resguardo, que esos sonidos han sido reemplazados por los de los motores de las lanchas entrando por el caño y las sierras que tumban el bosque para sembrar coca.

Néstor solo se atreve a hablar de esto por fuera de su territorio. Así se lo relató a una alianza periodística de La Silla Vacía y Mongabay Latam que viajó a Putumayo, pero que no pudo visitar El Hacha por problemas de seguridad para los pobladores indígenas.

Para llegar al resguardo El Hacha hay que navegar por el Putumayo bajo la vigilancia de los “Comandos de Frontera”, un grupo armado que nació de las disidencias del Frente 48 de las FARC y ahora hace parte de la Segunda Marquetalia; una organización que agrupa a varios frentes disidentes y es liderada por “Iván Márquez”.

Para los pasajeros de la “línea” —como se le dice a la lancha rápida que viaja todos los días de Puerto Asís a Puerto Leguízamo— es normal que el recorrido se interrumpa por el retén que hace este grupo armado en la orilla colombiana del río. Un retén en el que estuvo esta alianza periodística, a pocos kilómetros de El Hacha, donde acampan los “Comandos de Frontera”.

Estos controlan el negocio de la coca y para ello mantienen un estricto control de los movimientos en la cuenca del río Putumayo. Lo hacen para evitar infiltrados del Frente “Carolina Ramírez”, que hace parte del Estado Mayor Central de las FARC al mando de “Iván Mordisco” y con quienes están enfrascados en una guerra por el control del departamento.

La violencia de este conflicto ha confinado a Néstor y los habitantes de El Hacha. Y lo que es más grave, ha afectado el centro de la cultura de los siona que gira alrededor de la espiritualidad y su relación con la naturaleza, con la cual conectan a través de la toma de “remedio” o “medicina”. Así le dicen al yagé, un bejuco del cual extraen una bebida sagrada y con poderes fuertemente alucinógenos que toman en ceremonias por las noches, y que les provocan visiones que les dictan cómo estar en armonía con el territorio. Una armonía interrumpida por la coca y las armas.

Lo que la coca trajo y se llevó

Zio Bain significa “gente de chagra” en la lengua materna del pueblo siona. Su nombre muestra su relación directa con la tierra. La chagra es el huerto donde siembran la yuca, el maíz, la caña. Pero en El Hacha las chagras han cedido ante otros cultivos: la coca ha sido sembrada en decenas de hectáreas para producir cocaína que sale por rutas de narcotráfico por la triple frontera con Ecuador y Perú.

El territorio de los siona, a lo largo del margen colombiano del río Putumayo entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo, es estratégico para el narcotráfico. “El departamento es clave por su frontera con Ecuador y en el sur con Perú, pero también por la salida hacia el Amazonas para Brasil. Ahí aparecen las organizaciones criminales brasileras que negocian también la cocaína”, explica el coronel (r) de la Policía, Miguel Tunjano, quien es consultor para el Ministerio de Justicia en temas de drogas.

Un análisis que coincide con Leonardo Correa, coordinador técnico de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés). “El río Putumayo es navegable hasta más abajo, entonces yo creo que se está consolidando esa zona para mover la cocaína hacia Ecuador o Brasil como tránsito a mercados externos”, le dijo Correa a Mongabay Latam.

Esta ubicación estratégica es la que ha hecho que Putumayo se convierta en la segunda región, con Caquetá, con más densidad de cultivos ilícitos del país, según el último informe Unodc sobre los cultivos de coca en Colombia. En 2022, el número de hectáreas en este departamento llegó a 48 034, la cifra más alta desde 2017, cuando empezó la sustitución de cultivos y un 86 % más que en 2021.

El programa de sustitución de cultivos ilícitos fracasó entre los incumplimientos del gobierno de Iván Duque y la presión de las dos facciones de disidencias de las FARC que se reconfiguraron en Putumayo tras el Acuerdo de Paz. Por un lado los “Comandos de la Frontera” aliados a la estructura de la Segunda Marquetalia y que tienen mayor control de la cuenca del río Putumayo. Por el otro, el Frente Primero “Carolina Ramírez” que hace parte del Estado Mayor Central de las FARC.

Estos ingredientes terminaron generando una nueva bonanza cocalera que atrajo a viejos y nuevos colonos que llegaron a zonas de frontera a tumbar selva y sembrar coca.

Así sucedió en El Hacha. Hay al menos 230 hectáreas de cultivos de coca sembrada en su territorio en 2022. Es una cifra que se ha incrementado desde 2019 cuando eran 98 y 2020 cuando la cifra bajó a 97. En conclusión, de acuerdo con los análisis hechos por Mongabay Latam con base en las cifras de Unodc, casi el 4 % del territorio del resguardo tiene cultivos de coca.

“El apogeo de la coca impactó a las personas que tienen la capacidad de tumbar cualquier cantidad de hectáreas de selva. Pero nosotros que somos nativos estamos acostumbrados a vivir de la chagra, no deforestamos así”, cuenta Néstor.

En donde antes había ceibas, canaguches, arazá y otros árboles amazónicos, empezó a verse coca. “No tenemos claro el total, pero son más de 140 hectáreas deforestadas dentro del territorio. Y fuera del territorio también hay deforestación, hacia las áreas de amortiguación del parque nacional La Paya. Todo tiene cultivos ilícitos”, le dijo una fuente de este resguardo a esta alianza periodística, que pidió no ser citada por temor a represalias de los grupos armados.

Según los mapas de deforestación del año pasado de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en esta zona de la cuenca del río Putumayo en donde se han detectado hectáreas de bosque deforestado coinciden con los mapas de cultivos ilícitos.

Además, un monitoreo satelital en tiempo real de la pérdida de cobertura forestal, con la plataforma satelital Global Forest Watch, muestra que entre el 1 de enero y el 5 de septiembre de 2023 se registraron 1518 alertas de deforestación. Cada una de estas alertas significa una pérdida de 30 por 30 metros, el equivalente a casi una cancha de básquetbol. La mayor concentración de alertas aparece en la parte noroeste y central del resguardo indígena, con picos evidentes entre mayo y agosto de este año.

Para Luz Alejandra Gómez, analista de datos geográficos de FCDS, es evidente cuál es la causa de la deforestación en el río Putumayo. “Lo que hemos visto es que se da por la expansión de los cultivos de coca”, dice. Y según datos del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Amazonía de FCDS, Putumayo es de lejos el departamento del bioma amazónico con mayor cantidad de cultivos ilícitos.

La deforestación que hay fuera de los límites precisos de este resguardo también los afecta. “Nosotros tenemos un caño que es El Hacha, pero ese caño va por atrás y recorre todo lo que es Concepción, Alto Remanso y dicen que va hasta Ospina [otras comunidades]. Entonces como entra tanto motor por el caño, pues eso perjudica al río, porque uno va a pescar y no encuentra a los peces, porque se ahuyentan con tanto movimiento y ruido”, dice la fuente de El Hacha, diferente a Néstor.

“Concepción (del que habla la Gobernadora) es un centro poblado que se está volviendo un nodo de tráfico, no solamente del lado colombiano sino también de Perú, donde se comercializa la coca, toda la comunidad gira en torno al negocio y hay una relación directa con el tráfico”, dice Correa de la Unodc, con base en el monitoreo de los cultivos de coca en 2022.

Néstor habla con más claridad de qué ha significado para el ambiente ese crecimiento que se ve en los satélites. “Los cultivos ilícitos nos afectan la espiritualidad porque se afectan la cacería, las aves. A veces ponen los laboratorios al pie de los caños y eso también contamina mucho. Todo eso ahuyenta a las especies. Cuando usted va de cacería no encuentra porque los animales están lejos, a tres o cuatro horas adentro de la montaña”.

Lo paradójico es que mientras la coca afecta lo más sagrado de los indígenas siona, también ha generado una dependencia económica de las familias de esta comunidad al dinero que trae el narcotráfico. Algunos indígenas Zio Bain de El Hacha dejaron las chagras para irse a jornalear en los cultivos, a fumigar o a raspar coca. A ganarse un dinero extra.

Por eso, desde que la bonanza cocalera se acabó en Putumayo, en noviembre del año pasado, la situación no ha sido fácil. “Verdaderamente, es dura la situación. Hay familias que se están yendo porque la coca era lo único que sostenía la comida diaria. Los manes no están comprando”, cuenta Néstor, quien ha visto marcharse a siete familias de colonos en los meses recientes y que habían llegado a sembrar en los últimos años.

Así como cuando llegó el boom de la coca, ahora que hay crisis se ha transformado de nuevo el resguardo. Mientras los sábados en El Hacha no cabían las personas que llegaban a vender su producción, ahora solo se ven a los pobladores indígenas nativos que como siempre se reúnen esos días a hacer la minga.

Néstor y otras tres fuentes que viven en la región, consultadas durante el desarrollo de este reportaje, coinciden en que una de las razones de la crisis de la compra de coca que se produjo desde noviembre de 2022 y durante todo el primer semestre de 2023, en Putumayo, es que el gobierno de Gustavo Petro cambió a toda la cúpula militar del departamento y como los nuevos apenas están llegando a la región, los armados dejaron de contar con la protección de algunos militares que, según las fuentes, los dejaban pasar en un claro acto de corrupción.

Aunque también existen otras teorías para explicar esta crisis en todo el país, como la sobreoferta de coca y el cambio de consumo de cocaína a drogas más sintéticas. Pero, las mismas disidencias de las FARC han difundido entre las comunidades que con este gobierno las conexiones con funcionarios corruptos necesarias para traficar la droga se perdieron. “Eso lo dicen los mismos Comandos, que con este gobierno se les jodieron las rutas”, dice una de las fuentes que pidió no ser citada por seguridad.

Y aunque los ríos del dinero de la coca parecen haber parado y con ellos la deforestación de la selva, la crisis no se llevó ni la guerra ni las armas.

El confinamiento de El Hacha

“Señores, somos los Comandos de Frontera-Segunda Marquetalia, estamos haciendo un control del río. Bájense con la cédula y el celular en la mano”, son las palabras que dijo uno de los disidentes de las FARC tan pronto la lancha en la que se desplazaba esta alianza periodística llegó a la orilla donde estaban haciendo un retén rutinario los “Comandos de Frontera”.

El control lo hacen para asegurarse que por el río Putumayo, su territorio, no pase ningún infiltrado del Frente “Carolina Ramírez-”, lo cual dejan claro a los pasajeros y a los periodistas.

“Aquí estamos para ayudarlos, nosotros estamos con la comunidad”, justifica un hombre blanco y flaco vestido completamente de negro, con indumentaria militar, un radio en el pecho y un fusil AK-47 terciado al hombro.

Mientras sus hombres revisan que las cédulas de los pasajeros no coincidan con una lista de nombres que tienen en la mano, el hombre sigue su proclama: “Aquí no reclutamos a menores como los otros, como ve aquí todos somos mayores de edad. Nuestro único enemigo son los del Frente Primero ‘Carolina Ramírez’, que esos sí hacen daño a las comunidades, esos sí reclutan menores de edad”.

El retén en el que estuvo esta alianza periodística fue a tan solo 15 minutos en lancha rápida del resguardo El Hacha. No es coincidencia, pues allí cerca los Comandos tienen un campamento según alertó la Defensoría en 2022 y esta alianza comprobó con varias fuentes en terreno, que por seguridad de ellas no son citadas.

Esta cercanía llevó a los indígenas a preferir dar su testimonio afuera y no dentro de su territorio. Es el miedo que genera vivir en un punto clave para los grupos armados. Un resguardo confinado por las armas.

La razón es que esta zona de El Hacha está ubicada en un terreno al que los indígenas llaman “loma”. Es una zona elevada que se mantiene seca, incluso en las temporadas de lluvias, que inundan la selva en otras zonas más bajas. Esto pasa en la mayoría del parque natural La Paya que es una selva inundable llena de lagunas y pantanos.

“Es estratégico por las características de su geografía, dado que cuenta con el acceso fluvial, y también la posibilidad de transitar por vía terrestre, lo que facilita la movilidad de tropas, así como la conexión hacia Mecaya y la cuenca del río Caquetá”, se lee en la alerta temprana 02 de 2022 de la Defensoría del Pueblo.

En otras palabras, es un corredor que conecta la cuenca del Putumayo, que es la retaguardia de los “Comandos de Frontera”, con los ríos Caquetá y Mecaya, que son el centro de operación del “Frente Carolina Ramírez”.

En un informe clasificado de la Fiscalía, al que tuvo acceso esta alianza periodística, en un testimonio de un exintegrante del “Frente Carolina Ramírez” se señala que el campamento principal está ubicado entre los ríos Mecaya y Yurilla, en la cuenca del río Caquetá.

Por eso, este paso terrestre ha sido aprovechado por los guerrilleros disidentes del “Carolina Ramírez”, los cuales según señala la Defensoría “tiene mayor fortaleza moviéndose por tierra”. Incluso estos disidentes llegaron a tener control de El Hacha en un momento. Desde allí hicieron retenes y lanzaron una ofensiva contra los Comandos de la Frontera en noviembre del 2019, según se desprende del relato del exintegrante en el informe de la Fiscalía.

Esas incursiones en El Hacha en años anteriores han generado zozobra porque han puesto a la comunidad en la mitad de los dos grupos armados. En febrero de 2021, cinco integrantes de una familia indígena de este resguardo fueron desaparecidos por los “Comandos de Frontera” cuando retomaron el control de esta comunidad. La razón, como confirmó esta alianza periodística con varias fuentes del resguardo, era que sospechaban que estaban entregando información a los integrantes del “Carolina Ramírez”, pues uno de sus familiares se había unido a ese grupo armado.

Después de que se fue la comisión del Frente “Carolina Ramírez”, los disidentes dejaron minas antipersonal para cerrar el paso hacia el Mecaya. Esto ha cercado a los indígenas de El Hacha y les impiden cumplir con los mandatos tradicionales.

“En el resguardo se hacían recorridos por todo el territorio. Cada año se hacían dos recorridos, pero ya van a ser tres años y no hemos hecho ninguno por las minas. Ya nos da temor andar por nuestro propio resguardo”, lamenta Néstor.

El confinamiento de las minas se ha sumado a los toques de queda que han decretado los “Comandos de Frontera” a partir de las 6 de la tarde, algo que también los ha limitado para salir de caza durante la noche o ir a pescar en la oscuridad. “Ustedes pueden estar tranquilos pescando, pero el personal ve a alguien sospechoso y le va a dar de baja”, recuerda Néstor que esas han sido las instrucciones de ese grupo armado.

La presencia constante de este grupo ha afectado incluso lo más sagrado del pueblo Siona: la toma de “remedio”. Estas ceremonias son hechas en las noches hasta las madrugadas en una casa ceremonial a 20 minutos adentro del caño El Hacha desde el caserío principal. Para poder ir tienen que salir antes del toque de queda y aun así se sienten vigilados por los patrullajes de los Comandos.

“Entonces, nosotros estamos dentro del territorio, pero no podemos andarlo”, dice amargamente Néstor. Un confinamiento al que se le suma el temor de que el conflicto que se está reactivando en Putumayo llegue a El Hacha.

En el primer semestre de este año —en parte por los ceses al fuego decretados por el gobierno— la confrontación entre los “Comandos de Frontera” y el “Frente Carolina Ramírez” se frenó en Putumayo. Este hecho fue destacado como un efecto positivo de estos ceses al fuego, en su momento, por los expertos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Pero la aparente calma en Putumayo se rompió. El pasado lunes 17 de julio, en Puerto Guzmán ambos grupos se enfrentaron, con un saldo de muertos aún por determinar, pues algunas publicaciones hablan de hasta 20 comandos asesinados, mientras que ese grupo armado dice que fueron siete. La primera acción de una escalada violenta en la región.

La recuperación de las tradiciones de sus ancestros se convirtió en una forma de sobrevivir para los indígenas amazónicos. Foto: Sergio Alejandro Melgarejo.
“Vamos a ver como se ponen las cosas, porque las peleas siguen”, dijo alias “Carlos”, un miembro de los Comandos de la Frontera, por chat, cuando preguntamos si la guerra se reactivaba en la región en julio de este año, como efectivamente ocurrió y volvió a afectar los siona.

El 18 de septiembre, el resguardo indígena de Buenavista, en Puerto Asís, tuvo que desplazarse forzosamente debido a los combates entre las facciones de disidencias de las FARC. Mientras en otras regiones de Putumayo, los Comandos decretaron paro armado. Una situación que ha agudizado el confinamiento de El Hacha, que se mantiene.

Publicado en Mongabay