Minutos antes de iniciar la asamblea agrominera popular convocada con los habitantes de Remedios y Segovia en el nordeste antioqueño, fue identificado un miembro de inteligencia militar que logró entrar a la misma diciendo que era parte de una de las comunidades participantes.

A pesar de que habitantes del municipio de Segovia lo reconocieron como sargento del ejército, al solicitarle que se identificara se negó, por lo tanto se llamó de manera inmediata al comandante del distrito de la policía y a la personera del municipio de Segovia para hacer que el mismo obedeciese su deber legal. Finalmente, el personaje dijo llamarse Daniel Hortua. Sin embargo, al celular de la doctora Zoraya Jaramillo, expersonera del municipio de Remedios llegó un mensaje pidiendo ayuda para el “sargento Gutiérrez” quien se encontraba con la gente del paro.

Cabe anotar que el militar fue visto abordar a dos personas, que estaban dentro de los manifestantes a quienes en un momento indicó conocer pero luego negó hacerlo, uno de ellos de nombre Cristian Alberto Agudelo.

También y en medio de los silencios del Sargento, del cual aún no se tiene certeza de cuál es su nombre ya que no mostró identificación alguna a la policía, la guardia indígena logró decomisarle un documento que el militar intentó destruir.

Este accionar por parte del Ejército Nacional es violatorio de las normas internacionales de protección a la población civil. Además ocurre luego de que en dos oportunidades la comisión de derechos humanos para esta región se reuniese con las autoridades civiles municipales y la comandancia de la policía, acordando el no ingreso de miembros de la fuerza pública al coliseo municipal en donde se encuentran alojados ya 2.000 campesinos e indígenas manifestantes.

Este hecho junto con los empadronamientos e infiltraciones de miembros del servicio de inteligencia judicial nacional Sijin llevan a concluir la existencia de un plan de montajes judiciales enmarcados en la criminalización de la legítima protesta.

Las organizaciones campesinas denunciamos este accionar con el fin de que la procuraduría general de la nación y la defensoría del pueblo entren a actuar para la protección de los derechos humanos de quienes nos manifestamos hoy y también el ente disciplinario tome cartas en el asunto con respecto a los funcionarios vulneradores.