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Análisis
Elecciones territoriales: avance progresista y declive uribista
La ciudadanía premió a los proyectos políticos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Predominaron de forma amplia las coaliciones políticas, lo que en buen grado reflejó el debilitamiento de la mayoría de los partidos, en especial de los tradicionales. Y el contexto de la campaña electoral fue de inseguridad e interferencias ilegales.
Álvaro Villarraga Sarmiento / Lunes 4 de noviembre de 2019
 

En las elecciones territoriales realizadas el pasado 27 de octubre en Colombia las notas más características fueron: el avance importante de vertientes progresistas y de izquierda; el notorio declive de la extrema derecha uribista; el retroceso de partidos tradicionales de centro o de centro derecha; y la pérdida de poder de clanes regionales de sectores de élite aliados con sectores de la parapolítica, aunque aún mantienen presencias importantes. Se trató de la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, con un potencial superior a los 36 millones de personas habilitadas para votar en 32 departamentos y en 1.101 municipios.

En lo programático positivamente el dilema central no fue el dilema entre la paz o la guerra dada la realidad de la implementación del acuerdo de paz, no obstante sus obstáculos e incumplimientos, y de forma que de conjunto ganaron con amplitud las vertientes partidarias de la paz. Cobraron fuerza debates programáticos locales y regionales. La ciudadanía premió a los proyectos políticos comprometidos en la lucha contra la corrupción.

Predominaron de forma amplia las coaliciones políticas, lo que en buen grado reflejó el debilitamiento de la mayoría de los partidos, en especial de los tradicionales. Y el contexto de la campaña electoral fue de inseguridad e interferencias ilegales, de manera que pervivieron la violencia política, afectando gravemente las campañas, y los delitos electorales como compra de votos, traslado masivo de electores, suplantación de identidades y otras modalidades de fraude.

Sobre la inseguridad previamente a elecciones el Gobierno nacional reconoció la existencia de condiciones altas de inseguridad en 114 municipios. El día previo a las elecciones a instancias del Ministerio del Interior la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) registró 5.366 denuncias sobre presuntos delitos electorales. La Defensoría del Pueblo estableció en un informe 78 municipios con alerta de “riesgo extremo” ubicados en su orden de mayor número de municipios así afectados en Antioquia (17), Bolívar (11), Chocó (13), Norte de Santander (9), Nariño (8), Cauca (5), Córdoba (4), Arauca (4), Caquetá (4), Risaralda (2) y Cundinamarca (1) [1].

Por su parte, los valiosos informes de seguimiento y monitoreo de la Misión de Observación Electoral (MOE) establecieron que en el periodo de inscripción y realización de la campaña de candidaturas se presentaron contra ellas 88 amenazas, 12 atentados y un secuestro, siendo un total de 108 víctimas de casi todos los partidos, a la vez que reportó que 461 municipios estaban bajo riesgo de fraude y 305 con riesgo de violencia siendo en 170 medio, en 85 alto y en 50 extremo [2].

Sobre las irregularidades electorales, aunque la situación es más generalizada en ciertas regiones y zonas de alta pobreza y marginalidad, rural y urbana, es un asunto en todo caso generalizado en ciertos ámbitos y del orden nacional. “Preocupan en especial la compra de votos –al parecer, un mal generalizado que ha llegado a niveles de organización y sistematización propios de una verdadera empresa criminal–, el constreñimiento al elector y acciones que pongan en riesgo la integridad tanto de candidatos como de votantes, así como la seguridad en los puestos de votación. Inquietan también las denuncias sobre la presencia del dinero del crimen organizado en campañas” [3].

“En un país desigual, con un desempleo creciente y con zonas olvidadas donde el Estado es el mayor distribuidor de recursos, la venta del voto es una transacción más en la negociación diaria que hacen los colombianos por sobrevivir. También es entendible el cinismo de quienes sienten que el sistema político no los representa. Pero, paradójicamente y de manera cruel, permitir que esas consideraciones dicten por quién votar es fomentar que las condiciones de desigualdad y corrupción continúen” [4].

Sin embargo, precisamente en varias de las grandes ciudades y en casos de numerosas capitales departamentales cobró peso el voto de opinión o voto ciudadano libre, lo cual favoreció las propuestas alternativas de cambio democrático, de énfasis en lo social, lo ambiental, el reconocimiento de la diversidad y la no discriminación. En las formas del ejercicio de la política tuvieron fuerza en este tipo de escenarios los debates en los medios de comunicación, las concentraciones políticas, las acciones de propaganda directas hacia las comunidades y la ciudadanía, despliegue de publicidad y alta incidencia de las redes sociales. Expresiones de avance hacia una cultura política con posibilidad de competencia democrática libre y que aspira a contar cabalmente con las garantías requeridas.

En contraste, también en ciudades intermedias, pero con influjos regionales y rurales importantes de distintas regiones, pesan de forma muy notoria prácticas clientelistas y clanes de poder de élite y con frecuencia con alianzas con sectores mafiosos y de reconocidos nexos con la llamada parapolítica. En especial en este tipo de elecciones territoriales muchos sectores de congresistas apelan a tales prácticas y guardan nexos con tales clanes, en aras de mantener participación y aliados del poder regional, de forma que resulta ahora muy notorio conceder, negociar y hasta vender avales de candidaturas de su respectivo partido, muchas veces sin consideraciones de principio, expresión de un tipo claro de desinstitucionalización y mercantilización de la política.

“…la entrega de avales (…) fue de una rapacidad y una falta de escrúpulos inédita” [5], así se vendieron avales o se hicieron transacciones con candidatos sin calidad o incluso comprometidos con irregularidades y delitos, ante el interés de realizar negociaciones políticas de conveniencia y económicas, en muchos casos sin sentido programático como no sea el interés de poder y de logro de los aliados en muchas coaliciones.

Con respecto al poder logrado por este tipo de clanes regionales entre políticos tradicionales y sectores emergentes especialmente relacionados con el narcoparamilitarismo y la corrupción se han ocupado estudios académicos, denuncias sobre sus nefastos efectos de diverso orden y para la ocasión el diario El Espectador ilustró sobre sus expresiones en distintas regiones, como lo hicieron algunos otros medios de comunicación independientes.

“…El Espectador estableció que, de 32 departamentos, hay 16 donde los clanes políticos han montado poderosas estructuras electorales, en algunos hegemónicas, como ocurre con la casa Char en Atlántico o los Genecco en Cesar; en otros en disputa, como en Córdoba entre los Lyons y los Musas; y unos más en asociación, como en Bolívar, donde los García Zuccardi y los Blel actúan en alianza. (…) también ocurre en Santander, Norte de Santander, Casanare, Arauca, Guaviare, Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia” [6].

Resulta así a la vez ser un hecho inaudito de la política colombiana el que con bastante frecuencia muchos de los liderazgos y las candidaturas regionales y locales son de personas con condenas o investigaciones por narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, o de sus familiares directos a quienes les ceden las candidaturas para eludir impedimentos legales y judiciales.

Por tanto, la conformación de Estado y su acceso a través de mandatarios e integrantes de corporaciones públicas reviste el doble carácter del avance antes referido de proyectos políticos y ciudadanos transparentes, democráticos y de inspiración programática con el del acceso de estas vertientes emergentes o clanes de poder regional a la vez fuertemente ligados con sectores de la política tradicional clientelista.

“Estos clanes construyen estructuras que se caracterizan por controlar casi la totalidad de la institucionalidad regional: gobernación, el mayor número de alcaldías, corporación ambiental, institutos descentralizados departamentales, dependencias regionales o seccionales de los entes nacionales, procuradurías, contralorías, registradurías y, en algunos casos, fiscalías. (…) los clanes no hacen política por convicciones ideológicas, sino por la mera afición al poder y al dinero” [7].

En lo relativo a los resultados electorales resulta positivo el que como ya se ha logrado en otros comicios electores recientes se consigue la participación mayoritaria, si bien sigue siendo muy alto el nivel de abstención electoral: en esta ocasión concurrió el 61,68% de los votantes habilitados. Otra característica notable es la importancia que cobra el voto en blanco que, si bien no se impuso en ningún caso, en varios ocupó con votaciones importantes el segundo o tercer lugar como expresión de desacuerdo o rechazo de las candidaturas en juego.

Con relación a los logros de los distintos partidos y coaliciones se produjo una reconfiguración en muchos casos del mapa de poderes institucionales administrativos, ejecutivos y de las respectivas corporaciones públicas regionales y locales.

El hecho más notorio fue el triunfo de Claudia López en la alcaldía de Bogotá con aval del Partido Alianza Verde (PAV), el Polo Democrático Alternativo (PDA) y apoyo de otros sectores progresistas, lo cual tiene repercusión histórica como muchas voces lo señalan por tratarse de una mujer, lesbiana, de alta formación académica, destacada labor anterior en el Senado y con el mayor liderazgo en el referendo anticorrupción que consiguió el respaldo de más de once millones de ciudadanos. Su programa enfatiza lo social, lo ambiental, la no discriminación, la lucha contra la corrupción, la justicia y el combate a la inseguridad.

El PAV lideró la coalición que eligió también alcalde en Cali a su militante Jorge Iván Ospina, ganó la alcaldía de Cúcuta con Jairo Tomás Yáñez, la de Florencia con Luis Antonio Ruiz y la de Manizales con Carlos Mario Marín. Además, consiguió en coalición otras cuatro alcaldías y acrecentó de forma notable en muchos casos sus bancadas a los concejos municipales y sus incursiones a asambleas departamentales.

Otro hecho muy notable fue el triunfo en la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero, candidato independiente que se posicionó con las denuncias contra la corrupción y un discurso democrático e incluyente, de forma que derrotó a Alfredo Ramos, candidato del Centro Democrático (CD). También resultó muy significativo el logro inesperado de la alcaldía de Cartagena por parte de William Dau, candidato independiente en lucha contra la corrupción, de forma que derrotó clanes tradicionales ligados a la parapolítica en la región.

Y por su parte también constituye un triunfo de relevancia y además con contundente ventaja el logrado en Magdalena por el proyecto de izquierda democrática Fuerza Ciudadana liderado por Carlos Caicedo, elegido gobernador del departamento, a la vez que eligió en Santa Marta a Virna Lizi Johnson Salcedo, de manera que se trató también de la derrota de clanes tradicionales ligados a sectores de la parapolítica. Y se agrega el triunfo de Juan Felipe Hartman como alcalde de Villavicencio con aval del PDA, PAV, Colombia Humana-Unión Patriótica (CH-UP) y Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Entre las vertientes progresistas el partido más ganancioso fue el PAV, tuvo con él coaliciones y con otras fuerzas progresistas el PDA consolidando importantes posiciones. El partido CH-UP en alianza con el MAIS igualmente tuvieron ciertos resultados positivos, pero de conjunto se resintió el sector propiamente de CH en lo referido a su protagonismo, liderazgo, coherencia, iniciativa y base organizativa como proyecto.

El retroceso del CD fue muy notorio al obtener de manera directa solo la gobernación de Casanare, por lo cual de forma pronta el expresidente Álvaro Uribe por Twitter declaró: “Perdimos, reconozco la derrota con humildad”. El Partido Liberal (PL) consiguió solo dos alcaldías de manera directa, aunque reivindica 7 con su participación y otras con coaliciones; Cambio Radical (CR) 5 gobernaciones y 11 en coalición; el Partido de la U una sola gobernación, al igual que el Partido Conservador (PC); denotando estos partidos resultados entre el estancamiento y el retroceso.

Las gobernaciones por coalición fueron mayoritarias que las elegidas por un partido, 25 frente a 32. Es el caso de Antioquia donde Aníbal Gaviria con aval de CR, PAV y PL se impuso derrotando al uribismo. En 15 de las 31 alcaldías de ciudades capitales departamentales también se impusieron coaliciones.

El diario El Tiempo en interpretación del dominio de las coaliciones daba por hecho de forma equivocada el debilitamiento de todos los partidos: “A pesar de que el CD, la Colombia Humana y los Verdes, y también los partidos tradicionales –Liberal y Conservador– pueden salir debilitados (…) muy probablemente, todos se declararán ganadores, cuando en realidad la situación muestra un estado de debilitamiento” [8].

Sin embargo, por los resultados es apreciables que las coaliciones programáticas logradas por sectores independientes, progresistas y de centro izquierda favorecen claramente a partidos como el PAV, el PDA, el PL o sectores de él y otras vertientes. A la vez, que en muchas otras coaliciones y en particular aquellas referidas sin principios y con intereses pragmáticos y no propios de proyectos políticos coherentes con propósitos de ciudadanía sí expresan con claridad tal debilitamiento.

Entre las candidaturas de los clanes de élites aliados con emergentes cuestionados ganó en Bolívar la gobernación Vicente Blel, Mauricio Aguilar en Santander y Clara Luz Roldán en Valle del Cauca; mientras que fueron derrotadas las candidaturas de clanes de Yair Acuña -con diez procesos judiciales y apoyo de la casa del parapolítico Álvaro García- para la gobernación de Sucre y de Mario Fernández para la alcaldía de Sincelejo; igualmente fue derrotado William García para la alcaldía de Cartagena y Miguel Cotes en su aspiración a la gobernación de Magdalena, a pesar de que su reconocido clan logró también avales de CR, CD, PL, apoyo de sectores conservadores y del partido Opción Ciudadana reconocido por parapolítica.

En Cúcuta fue derrotado Hernando Acevedo siendo señalada su familia de financiación del paramilitarismo. Por su parte la Casa Char y aliados en Barranquilla se impusieron con Jaime Pumarejo a la alcaldía de Barranquilla y en Atlántico con Elsa Noguera, con una coalición muy particular entre el fuerte poder económico de esa familia conjugado con la alianza con todos los sectores políticos tradicionales desde los independientes hasta el CD y con nexos también con la parapolítica que se reconfirman con el reciente acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz de uno de los hermanos Char que a la vez ejerció como senador.

En resumen, se pone de presente la necesidad de recuperar el ejercicio de la política como lo demando el acuerdo de paz con las FARC a partir de una requerida y fracasada hasta el momento reforma política y electoral, que salga al paso a muchas problemáticas que la afectan. Se requiere la ruptura también demandada por dicho acuerdo y por amplios sectores entre la política y la violencia, lo que se inscribe en los actuales esfuerzos por superar la guerra, la violencia y construir la paz.

Se requiere el logro desde el Estado y el Gobierno nacional de un marco real de garantías efectivas para el ejercicio de la política y electoral y también la superación de la proliferación de los delitos electorales y las prácticas clientelistas referidas. Se requiere avanzar más en la construcción de ciudadanía y su empoderamiento, para que el voto no se enajene, sino que se ejerza como expresión de un derecho político fundamental.

Y a propósito de estos dilemas históricos para el ejercicio de una política basada en una cultura democrática en Colombia, resulta ilustrativo lo revelado por un estudio internacional, que aunque registra en su aplicación en nuestro país ciertos avances hacia el reconocimiento de la institucionalidad que la haga posible, a la vez pone de presente que ocupamos en el continente el primer lugar en lo referido a la intolerancia política, entendida en términos de aceptar al contrincante político para el juego de la competencia bajo reglas democráticas definidas.

Al respecto, la Universidad de Vanderbilt realizó una investigación en el continente, apoyado en su realización en Colombia por la Universidad de Los Andes – Observatorio de la Democracia, aplicando encuestas en distintas regiones en 2018.

En sus resultados la ciudadanía de nuestro país con un 60% admitía percibir las instituciones gubernamentales, legislativas y estatales como posibilidad democrática, pero solo el 29% las reconocían como de actuación satisfactoria. A la vez que entre todos los países tenemos la más baja tolerancia política, siendo minoritaria con el 48%, en términos de “disposición a aceptar los derechos políticos de quienes piensan diferente”.

Este estudio, presentado por el investigador de Vanderbilt Noam Lupu, concluye también de manera preocupante que para todo el continente la tendencia es al deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones políticas de los países, sobre lo cual se encontraron como causas: “la inseguridad, la corrupción y la vulnerabilidad económica de la población” [9].

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Edición 659 – Semana del 2 al 8 de noviembre de 2019

[1“Alerta de Riesgo Electoral”, Defensoría del Pueblo, octubre de 2019.

[2Informe MOE, octubre de 2019.

[3“El poder del voto libre”, editorial, El Tiempo, 27 de octubre de 2019, página 1.26.

[4“Colombia se merece a los dirigentes que elija”, editorial, El Espectador, 27 de octubre de 2019, página 64.

[5“Hoy empieza un nuevo ciclo político. Regionales 2019: juego de clanes”, Alfredo Molano Jimeno, El Espectador, 27 de octubre de 2019, página 2.

[6“Hoy empieza un nuevo ciclo político. Regionales 2019: juego de clanes”, Alfredo Molano Jimeno, El Espectador, 27 de octubre de 2019, página 2.

[7“Hoy empieza un nuevo ciclo político. Regionales 2019: juego de clanes”, Alfredo Molano Jimeno, El Espectador, 27 de octubre de 2019, página 3.

[8“Lo que está en juego para el país en las elecciones de hoy”, Armando Neira, editor de política, El Tiempo, 27 de octubre de 2019, página 1.2.

[9“Disminuye el apoyo a la democracia en América Latina”, Adrián David Osorio, El Tiempo, 27 de octubre de 2019, página 1.31.